CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la realización de “audiencias públicas” para analizar las impugnaciones presentadas contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) debido al “interés nacional e internacional” que genera la legislación. Luego de presentar una controversia constitucional contra la LSI ante la Oficialía de Partes de la Corte, explicó que ante la controversia que ha suscitado la aprobación de la ley, la CDHDF solicitó en el documento entregado este lunes “que en su análisis los ministros de la SCJN incorporen las audiencias públicas y que les den una prioridad”. La ombudsperson capitalina añadió que la petición a los ministros de la Corte se justifica en el “interés nacional e internacional de la ley, porque impacta a la vida y convivencia de todos los mexicanos”. En el caso de la controversia presentada este lunes, explicó que la CDHDF impugna los artículos 31 y tercero transitorio de la LSI, al considerar que la legislación “invade nuestra competencia y no nos permitiría cumplir cabalmente nuestra obligación de protección y garantía de derechos”. Según recordó, en dichos artículos se obliga a los organismos públicos autónomos como la CDHDF a proporcionar información que genere, administre o tenga en posesión, “no obstante de quien se trate ni de la condición que tenga como víctima ni la vulneración de la que haya sido objeto, lo cual genera una condición de riesgo para ellas”. Ramírez Hernández puntualizó que la CDHDF es “un órgano que trabaja sobre la privacidad y los datos personales de personas que están siendo sujetos a procesos de protección, no sólo de sus datos sino de su integridad física y su vida como puede ser una persona desaparecida o que ha sido torturada”. Al resaltar que por la forma que está redactada la LSI persisten “riesgos básicamente para las víctimas, que estarían a la deriva porque no tendría protección su información”, Nashieli Ramírez destacó que en febrero próximo la CDHDF apoyará con un amicus curiae las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales presentadas por la Cámara de Diputados, la de Senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el ayuntamiento de Cholula y las impugnaciones que se sumen. El cuarto visitador de la CDHDF, Juan Carlos Arjona, explicó que además de las víctimas, el mismo organismo público se vería afectado, toda vez que el artículo 31 de la LSI, “establece no en una situación de poder colaborar o coordinar esfuerzos, sino que impone una obligación de deber”. Es decir, que si el Ejecutivo o, en su caso, las Fuerzas Armadas exigen información a la CDHDF, “bajo esta ley no nos podríamos oponer o de lo contrario ello nos derivaría en responsabilidades administrativas, según el artículo de esta misma ley, lo que derivaría hasta la destitución de las personas que están encargadas de los organismos autónomos”. Al insistir que es “inaceptable” que el Ejecutivo solicite información a un órgano autónomo, el funcionario insistió en que la CDHDF tiene “la obligación de proteger los derechos ARCO (acceso, rectificación y oposición), de proteger la información que las víctimas nos comparten y nos ponen a nuestro resguardo para hacer investigaciones”. El visitador advirtió que, teniendo la CDHDF entre sus “funciones proteger la información de estas personas, el hecho que la pidan otras autoridades las puede poner en mayor riesgo”.