CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis meses de la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, persisten obstáculos para su implementación en el país, denunció Edith Escareño, coordinadora del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). En conferencia de prensa para presentar el informe “Implementación del Protocolo de Estambul: Arma de Impunidad en México”, resaltó que, pese a que dicha Ley General es “la envidia internacional” porque en su diseño intervino la sociedad civil durante dos años, a la fecha no se han materializado las unidades especiales para la investigación de la tortura. “Fue un proceso muy largo de dos años, quedamos relativamente satisfechos con el producto que tenemos. Sin embargo, el proceso de implementación en los estados ha sido lento y se han rebasado los tiempos de los artículos transitorios”, detalló la activista. Al señalar que, de acuerdo con la ley, cada entidad tendría que tener una unidad especial para investigar la tortura, Escareño resaltó que ni siquiera funciona la Unidad federal, a lo que se suma la falta de presupuesto para operar esos mecanismos. “En 2016, el presupuesto destinado para la unidad federal era irrisorio, eran como 800 pesos por sobreviviente para investigación al año, lo que convertía a esa unidad en inviable, además de que algunos gremios dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) la consideran como una unidad de castigo”, apuntó Escareño. En la conferencia, Emmanuel Santos Narváez, médico psiquiatra del CCTI, y Laura Melchor, psicóloga de la Red de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura, expusieron las principales deficiencias de los instrumentos oficiales dedicadas a la investigación de la tortura observadas durante los últimos 13 años por el Colectivo, dedicado a realizar peritajes independientes sobre este delito. Tras advertir que en México no se aplica de forma completa el Protocolo de Estambul, instrumento internacional para determinar la existencia de tortura y dar indicios para una investigación eficiente, los especialistas ofrecieron algunas cifras que alertan sobre la revictimización de los instrumentos de investigación de la PGR, que no es más que un estudió médico-psicológico. De acuerdo con el informe, persiste una disparidad entre los números de denuncias presentadas, de peritajes y de peritajes cuya conclusión es “positiva” al establecer la correlación señalada. El documento retoma información de Amnistía Internacional de que, entre 2003 y 2013, “la PGR abrió mil 219 investigaciones, pero sólo realizó 472 peritajes basados en la metodología del Protocolo de Estambul (38% de las investigaciones). Sin embargo, de esa cifra “los peritos de la PGR concluyeron que había indicios de tortura en 57 casos (12.1% de los peritajes realizados) y a finales de 2013 había presentado cargos en 12 casos (0.98% de las investigaciones iniciadas”. Entre otros datos relevantes, destaca que, de 2007 a 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió nueve mil 400 quejas por tortura; en 2016 fueron 528, en tanto que en 2017 hubo 50, información que hablaría de la persistencia de la tortura en el país. Santos Narváez puntualizó que, durante los 13 años de investigación, la principal conclusión del CCTI es que “la tortura es un instrumento de control social para generar miedo en la sociedad y para afectar a colectivos específicos como la sociedad organizada”.