CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, donde los 10 ciudadanos más ricos concentran 108 mil millones de dólares, una cifra superior a las riquezas que tiene la mitad de la población más pobre, resorber la brecha de desigualdad implica incrementar la recaudación de los impuestos a la clase más adinerada, sostuvo hoy la oficina de Oxfam en el país. Para lograr estos incrementos, hay que restablecer el impuesto sobre las herencias mayores a 10 millones de pesos, recaudar un 35% sobre los rendimientos de capital –en lugar del 10% actual--, y mejorar el ingreso del impuesto predial sobre la propiedad, según un decálogo de propuestas que presentó hoy la organización. Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de la organización, reconoció que la tarea no será fácil, en parte porque las élites económicas del país “capturaron” al Estado y moldean sus políticas económicas, pero insistió en la necesidad de mover el debate “más allá del periodo electoral” para avanzar. De acuerdo con una encuesta que Oxfam realizó a mil 600 mexicanos para el informe, el 65% de los mexicanos opina que una persona es rica por “esquemas injustos”, entre ellos por la corrupción, o por tener acceso al poder y a contactos privilegiados, y apenas uno de cada 10 entrevistados afirmó que trabajar duro permite tener riqueza en México. Es más: el 90% afirma que es urgente resolver la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres, y siete de cada 10 cree que es tarea del gobierno hacerlo, entre otros mediante el combate a la corrupción, el incremento al salario mínimo y la inversión en la salud y la educación. La organización propuso crear “auditorías ciudadanas” contra la corrupción, incrementar los recursos a los cinco estados más pobres del país, e incluso emitió la idea de instaurar un Ingreso Básico Universal (IBU) suficiente para cubrir las necesidades de una vida digna, que se entregaría a cada ciudadano sin importar su clase social. Élites económicas en México: privilegiadas Ayer, Oxfam dio a conocer un informe global que documentó el avance extremo de la desigualdad: en 2017, ocho de cada 10 dólares generados en el planeta fueron a parar en las manos del 1% más rico, y durante el mismo lapso un multimillonario surgió cada dos días. En esta materia, México figura como un caso “paradigmático”: el país forma parte del 25% de naciones más desiguales del planeta, donde Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, convive con más de 50 millones de pobres, y en el que las fortunas se construyen en sectores “de alta concentración de mercados, privatizados o fuertemente regulados por el Estado” como las telecomunicaciones, la banca comercial o la minería. “El actual modelo económico en México beneficia de manera desproporcionada a las élites económicas”, sostuvo el informe sobre México, al añadir que el 1% de los mexicanos más ricos concentra por lo menos 27% de las riquezas del país, mientras que en la última década el ingreso real de los hogares mexicanos ha caído. Y en este sistema de desigualdad extrema, las mujeres y las personas de piel morena son las más vulnerables. Según Oxfam, por cada 100 hombres en pobreza, existen 104 mujeres en esta situación –quiénes, además, tienen el doble de probabilidad de permanecer en ella--; a la par, dos de cada tres pesos obtenidos por los hogares mexicanos provienen de los varones, mientas que las mujeres realizan tres cuartos del trabajo de cuidados al interior sin tener remuneración por ello. Las personas de piel morena, por su parte, sufren graves obstáculos en materia de movilidad social, de acceso a la educación y de ascensión en jerarquías de las empresas. La organización subrayó que la corrupción es un motor que agrava las desigualdades. Diego Vázquez, gerente de investigación en Oxfam, recordó por ejemplo que los 37 mil millones de pesos que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa presuntamente desvío de las arcas de Veracruz superan el ingreso anual del 10% más pobre del país. Política social: electorera y clientelar   Según Oxfam, la política social que implementaron los sucesivos gobiernos mexicanos en los últimos 20 años no solo fracasó en su propósito principal –los niveles de pobreza y de desigualdad permanecieron iguales--, sino abrió la puerta al uso clientelar y electoral de los programas sociales y excluyó a millones de personas del Estado de bienestar. En otras palabras: el gobierno sigue viendo la política social como una dádiva, y como una obligación hacia los derechos de los mexicanos. “La política social se ha convertido en un ‘parche’ pero no resuelve el problema de fondo”, denunció Vázquez, al recordar que en las últimas décadas se gastaron más de un billón de pesos en programas sociales y siguen siete millones de familias en los mismos niveles de pobreza. Citó el ejemplo del programa Prospera –que antes se llamaba Progresa y Oportunidades--: si bien los jóvenes que se benefician de las transferencias y las becas tienen un mejor grado escolar que sus padres, siguen cayendo en empleos informales con salario de miseria y sin adhesión al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Entre las medidas que propone la organización destaca la consolidación de un sistema de seguridad social universal, ya que todavía en 2016 el 55.8% de la población mexicana aun no tenía acceso a ella. La política laboral, que enriquece a los accionistas y empobrece a los trabajadores, es otro tema de fondo que México debe atacar de frente si es que quiere reducir las desigualdades, según Oxfam. Vázquez recordó que México entró en la globalización apostándole a su mano de obra barata para atraer inversiones extranjeras. Como resultado de lo anterior, alrededor de 7.5 millones de mexicanos sobreviven actualmente con un salario mínimo, un millón más que en 2012, y el país se volvió aún más barato que China en la construcción de componentes industriales. Una de las soluciones que ofrece Oxfam para reequilibrar la distribución de la riqueza hacia los trabajadores, consiste en incrementar el salario mínimo y en otorgar un nuevo impulso al sindicalismo, pero sin caer en un modelo de sindicatos “charros” mexicanos, cooptados por el Estado y los empresarios, y cuyos líderes “pasean en yates millonarios”, subrayó Fuentes. Oxfam recordó que México tiene una tasa de recaudación muy baja en comparación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –19.5% contra 34.3% en el organismo internacional--, e incluso menor al promedio de América Latina, e insistió en la necesidad de incrementar del 10% al 35% los impuestos sobre los instrumentos financieros que circulan en la Bolsa. Por si fuera poco, el gobierno mexicano cobra un impuesto mínimo al 10% de la población más rica, que además aprovecha muchos mecanismos para deducir –y a veces evadir-- el pago de impuestos. De acuerdo con el gobierno federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no percibió 484 mil millones de pesos en 2012 debido a la evasión de impuestos, una suma equivalente a cuatro veces el presupuesto asignado al sector Salud en 2018. Fuentes admitió que los integrantes de la clase media asumen parte de la carga fiscal sin gozar de servicios públicos de calidad, por lo que tienen que gastar por fuera en colegiaturas privadas o seguros privados. Aunado a ello, el informe plantea que la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos generan desconfianza hacia los gobiernos –el 67% de la población estima que las leyes se respetan poco o nada--, y afecta la creencia en que los impuestos sirven para el bien común.