CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una semana después de haber entrado en vigor la Ley General en Materia de Desaparición, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México demandó armonizar sus estructuras, “considerando y garantizando en todo momento la participación plena de los colectivos de familias que participamos en esta ley y que estamos a lo largo y ancho de México”. El gobierno federal, agregó, tiene que dotar a la ley de los recursos que ésta necesita para su implementación. En un comunicado, el Movimiento —integrado por más de 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 18 estados mexicanos, y por tres países de Centroamérica—destacó que las entidades federativas tienen que garantizar que los derechos de las familias y de las personas desaparecidas estén por delante de sus intereses políticos. Propuestas legislativas como la que se presentó en el Congreso de Veracruz, sin consulta a los colectivos de familias que buscan a sus seres queridos en la entidad, representan un retroceso a la apertura que autoridades de distintos niveles mostraron en el proceso para la creación de la Ley General en materia de Desaparición, resaltó en un comunicado. Señaló que la armonización que requiere la ley en ese estado precisa de una reflexión más amplia y los aportes de las familias en el sentido de sus vivencias y necesidades en el contexto adverso con el deficiente avance en las investigaciones de las desapariciones, la búsqueda y la falta de claridad y atribuciones de las instituciones. Además, apuntó, esta ley no detalla, incumple y no adapta los contenidos para que la Ley General opere. “Las familias que conformamos el Movimiento manifestamos preocupación por la propuesta de ley en Veracruz, ya que podría dar la pauta para que suceda en otros estados, comprometiendo la implementación eficaz en todo el país y poniendo en riesgo el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda”. Añadió: “Es de suma importancia que la federación, estados y familias trabajemos juntos para que dicha ley sea un instrumento fuerte desde su entrada en vigor para poder encontrar a nuestros seres queridos y empezar a lograr resultados en la búsqueda e investigación de estos crímenes atroces que tanto nos lastiman”. El Movimiento sostuvo que en estos tres años, impulsando la creación de una ley en materia de desaparición, ha confirmado que para la construcción de una herramienta tan importante como esa, se requiere un diálogo entre los distintos actores involucrados, autoridades federales, autoridades estatales, expertos, sociedad civil, organismos internacionales y familiares de personas desaparecidas. “Por ello, exigimos que esta etapa de implementación se construya con transparencia, diálogo y considerando en todo momento la participación de los colectivos de familias con personas desaparecidas, quienes hemos comprobado a pulso que nuestra experiencia en la búsqueda e investigación de nuestros familiares es indispensable”. De igual manera, señaló que para las familias que integran el Movimiento es de vital importancia que la elección del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda se realice de manera transparente y apegado al perfil establecido en el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Finalmente detalló que a más tardar el próximo 15 de febrero tiene que implementarse la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), órgano encargado de ejecutar y dar seguimiento a acciones de búsqueda. Sobre el Consejo Nacional Ciudadano (CNC), órgano de consulta que tiene como función proponer acciones a las instituciones que conformen el Sistema Nacional de Búsqueda, señaló que debe entrar en funciones a más tardar el 16 de abril. Las Fiscalías Especializadas (FE), unidades particulares para todas las procuradurías del país, especializadas en la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, que deberán coordinarse para garantizar en todo momento la búsqueda de las personas desaparecidas, tienen que entrar en vigor a más tardar el 15 de febrero. Y también las comisiones estatales de búsqueda y los diferentes registros y herramientas previstas por la ley.