LEÓN, Gto., (apro).- El gobernador panista Miguel Márquez Márquez salió a los medios a confirmar la adquisición de un predio que se usará para la construcción de un nuevo estadio de fútbol para el equipo León “para dejar resuelto el problema”, pero se negó a informar a quién se le compró con 280 millones de pesos del erario, y todavía pidió a los reporteros “ser muy cuidadosos del tema” por la situación de inseguridad que prevalece. Incluso, el Secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís y el coordinador de Comunicación social Enrique Avilés insistieron a los reporteros “ser muy reservados con el tema, porque fue incluso una solicitud de los vendedores” cuya identidad en todo momento se negaron a revelar, a pesar de tratarse de una adquisición con recursos públicos. Márquez definió así su prioridad públicamente con la población de esta ciudad, asolada por crímenes violentos como todo el territorio estatal, con ataques a familias enteras y mandos policiacos que el año pasado dejaron mil 435 víctimas de homicidios dolosos y una tendencia al alza en esta incidencia en los primeros días del año. Desde octubre el gobierno adquirió un predio rústico de poco más de 12 hectáreas por el que se pagaron 280 millones de pesos; una parte de este sería destinado al nuevo estadio. El gobernador convocó a una conferencia de prensa exclusivamente para hablar del tema del estadio, después de que la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia que en todas las instancias judiciales previas ordenó al gobierno municipal de León devolver la propiedad del estadio de fútbol Noucamp a los empresarios Roberto Zermeño y Héctor Hernández Hernández, en un pleito legal que se llevó años, derivado de un fideicomiso constituido por autoridades municipales que no garantizó la devolución de la propiedad del estadio. “Fue una injusticia la resolución de la Suprema Corte…apegada a la legalidad, pero prevaleció más el interés de dos personas que el interés de un pueblo y una afición”, sostuvo el gobernador. En principio, el alcalde panista Héctor López Santillana dijo que los procesos legales con respecto al estadio no han concluido porque dueños de palcos y plateas están emprendiendo algunas acciones en esta materia, aunque de manera particular. Y luego informó que según el contrato de arrendamiento que tiene el Municipio, el equipo León tiene garantizado jugar en ese inmueble hasta el año 2022; es decir, en los próximos cinco años. Sobre la responsabilidad de funcionarios como el actual secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Gómez, en los acuerdos entre el Municipio y los empresarios que habrían impedido la devolución del estadio, el alcalde apenas esbozó que “hay intención de investigar”. Luego, Miguel Márquez dijo que además de la disponibilidad del predio adquirido, el gobierno estatal contempla la posibilidad de expropiar el actual estadio a los empresarios. Aclaró que la inversión para la construcción del nuevo estadio deberá de ser privada, no del estado, “cuando hay tantas necesidades de orden social que tenemos que atender como gobierno (sic)” y comentó que habrá un acercamiento con los actuales dueños del equipo Esmeralda –del Grupo Pachuca- para hablar sobre el proyecto. Con esto, presumió Márquez, “dejamos resuelto el problema para bien de los leoneses, de la afición. Yo lo dije de manera clara, mi compromiso es que León siempre siga jugando aquí”. Nada más que al concluir la conferencia, al gobernador se le cuestionó sobre la imparable acometida de asesinatos en el estado. El panista insistió en que Guanajuato vive esta situación como parte de “un panorama nacional” y aseguró: “Yo ya hice y ya he hecho lo que me ha tocado” en el combate a la delincuencia y la inseguridad. “Es una crisis nacional de inseguridad”, insistió el gobernador, quien suele remitir las preguntas sobre este rubro al procurador Carlos Zamarripa. En los primeros 23 días del año se han cometido un promedio superior a seis homicidios dolosos cada día.