CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló que la expedición de leyes de responsabilidad ambiental en el ámbito de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México es fundamental para unificar y complementar el sistema nacional de protección ambiental en nuestro país. En ese sentido, recomendó a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, impulsar y aplicar la legislación estatal en materia de responsabilidad ambiental y protección de víctimas del daño al entorno, acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la legislación nacional e internacional. En un comunicado destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, ha prohibido a las autoridades ambientales federales y estatales desconocer el nivel de tutela de los derechos humanos que ya ha sido admitido, sin que pueda justificarse su regresión. El daño y el deterioro ambientales constituyen una gran preocupación social, por lo que en 2012 fueron reconocidos en la Constitución, imponiendo a todas las autoridades la obligación de responsabilizar a quienes los ocasionan, puntualizó. En ese sentido, manifestó que es fundamental homologar el sistema de justicia ambiental en un régimen unificado de responsabilidad ambiental, que permitirá dar cumplimiento a la obligación de tutela de los derechos humanos y protección de las víctimas ambientales, así como de cuidado y reparación integral del daño al ecosistema, además de promover el desarrollo y bienestar de las personas. De acuerdo con la Profepa, la recomendación tiene como antecedente el Principio 13 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que refiere: ‘Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización, respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales’’. El organismo detalló que en 2017 se recibieron cinco mil 461 denuncias populares: tres mil 487 fueron de competencia federal, y en dos mil 524 casos los denunciantes dieron a conocer daños en materias como agua, flora, fauna, contaminación, recursos pesqueros y marinos, que podrían dar lugar a violaciones a derechos humanos ambientales. En mil 974 casos hubo posibles daños ambientales en ámbitos distintos al federal, por lo que se turnaron a las autoridades ambientales de las entidades federativas y de la Ciudad de México. En su comunicado, la Profepa sostuvo que según la edición 2015 del Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, nuestro país enfrenta el reto de atender problemáticas ambientales que podrían constituir serios obstáculos para alcanzar la sustentabilidad en el futuro. Y destacó que existen precedentes de implementación estatal del régimen constitucional de responsabilidad ambiental: por un lado, el caso de la Ley de Responsabilidad Ambiental del estado de Michoacán de Ocampo. Tabasco, por otro lado, cuenta con una Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental que requiere ser ajustada a la Constitución; no obstante, en el resto de las entidades federativas existe un vacío normativo, apuntó. Subrayó que por tratarse de una obligación de tutela de los derechos humanos, la expedición de leyes de responsabilidad ambiental es aplicable a las autoridades administrativas de los tres niveles de gobierno, así como a las autoridades y procesos en materia penal, de justicia alternativa y de amparo. En su recomendación, la Profepa estima proveer lo necesario para que las autoridades administrativas y penales reconozcan y protejan los derechos de las víctimas ambientales.