COLIMA, Col. (apro).- Las agresiones contra periodistas en el país se han incrementado de forma “muy alarmante”, mientras que la impunidad prevaleciente en los casos de asesinatos es de 90%, advirtió el director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rodrigo Santiago Juárez. Según sus números, desde el 2000 a la fecha han sido asesinados 131 periodistas en México (entre ellos 13 mujeres), 20 se encuentran desaparecidos desde 2005 y han ocurrido 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación a partir de 2006. En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), el representante del organismo nacional comentó que, tras un análisis de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a medios de comunicación, la CNDH concluyó que solamente en 17 casos hubo una sentencia condenatoria, es decir, sólo en 10% de los casos se obtuvo justicia. “Cuando hablamos de un nivel de impunidad de 90% relacionado con las agresiones a periodistas -señaló-, nos da un panorama bastante complicado y trágico que requiere acciones urgentes para lograr un cambio”. Santiago Juárez atribuyó el alto nivel de impunidad a un trabajo “muy deficiente” en materia de investigación de los delitos y falta de capacitación de los servidores públicos de esa área, por lo que “se requieren acciones muy urgentes para evitar y recomponer este tema”. En el caso de los ministerios públicos, subrayó, “en muchas ocasiones no están capacitados para investigar este tipo de delitos, es decir, cuando asesinan a un periodista muchas veces lo analizan como un homicidio más, sin tomar en cuenta la labor o la línea de investigación que manejaba el periodista”. Añadió: “Cuando asesinan a un periodista tiene que analizarse qué publicaba, bajo qué línea de investigación hacía su trabajo y a través de esto se puede llegar a mejores resultados para ver de dónde pudo provenir la agresión”. Se requieren, indicó, muchas acciones tanto de la Procuraduría General de la República (PGR), como de las 32 entidades federativas, pues “tienen que tomar en serio que la agresión a un periodista no solamente afecta a esta persona, cuando se agrede a un periodista se está afectando a toda la comunidad que se ve impedida de conocer el trabajo que esa persona realiza”. El funcionario -quien visitó esta ciudad para participar en un diplomado en la Universidad de Colima-, recordó que en la Recomendación General 24, enviada en 2016 a los gobiernos de los niveles federal, estatal y municipal del país, la CNDH hizo diversas solicitudes y recomendaciones para que realicen acciones de política pública que prevengan agresiones a periodistas y medios de comunicación, así como combatir la impunidad. Entre éstas, el organismo pidió que las procuradurías y fiscalías de justicia del país cuenten con mecanismos y protocolos de investigación de agresiones a periodistas y que existan unidades especiales para investigar los crímenes, con la línea periodística como principal consideración. Asimismo, recomendó capacitar a los servidores públicos que tienen contacto con los periodistas, como policías, ministerios públicos y militares, para que comprendan el trabajo periodístico y tengan una buena relación y un trato hacia ellos.