MADRID (apro).- Desoyendo un informe del Consejo de Estado, el gobierno de Mariano Rajoy anunció este viernes que seguirá adelante con la impugnación, ante el Tribunal Constitucional, de la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña. El gobierno sometió ese acuerdo al Consejo de Ministros del Ejecutivo, que autorizó continuar con la medida. Ayer, el Consejo de Estado emitió su informe en el que argumentaba su acuerdo con la impugnación, pero no con el hecho de que se presentara antes de que se produzca la eventual investidura de Puigdemont. Es decir, el órgano consultivo del Estado español consideró que aún no se produce ningún hecho que justifique este acto, porque el dirigente independentista es “diputado de pleno derecho” y la orden de aprehensión que giró en su contra el Tribunal Supremo no le impide ser candidato. Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que “Puigdemont primero tiene que rendir cuentas con la justicia”, y por estar prófugo de la justicia “no está en condiciones de ser presentado como candidato”. “El gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político para utilizar todos los instrumentos para evitar que Puigdemont pueda continuar con este desafío al estado de derecho y a la legalidad”, dijo la mano derecha de Mariano Rajoy. El ejecutivo español mantiene así su criterio de recurrir esta candidatura firmada por el presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, el pasado lunes 22 y publicada un día después. Explicó que una vez presentado el recurso de impugnación, el Tribunal Constitucional podría aceptarlo a trámite y con ello suspender cautelarmente la sesión del próximo martes 30, en el que Puigdemont sería investido. Por esta vía, el gobierno de Rajoy pide al presidente del Parlament que proponga a otro candidato que no tenga cuentas pendientes con la justicia, lo que excluye a los diputados que se encuentran huidos en Bélgica y a los que se encuentran en prisión. “Como gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley nos da para evitar que alguien que se encuentra sustraído de la justicia sea investido presidente de la Generalitat”, señaló.