BOGOTÁ (apro).- El activista humanitario colombiano Luis Fernando Quijano denunció hoy que emisarios de cárteles mexicanos de la droga lo amenazaron de muerte y le advirtieron que van a “picar” a su familia si continúa denunciando su creciente presencia en este país. Desde la noroccidental ciudad de Medellín, donde reside, Quijano dijo a Apro que teme por la vida de sus hijos pues ellos carecen de un esquema de seguridad gubernamental como el que lo protege a él desde hace varios años por ser una persona de riesgo alto. El presidente de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) señaló que hace dos semanas se le acercaron “emisarios de carteles mexicanos que operan en el Valle de Aburrá (zona metropolitana de Medellín) para decirme que guarde silencio, pues, de lo contrario, van a picar a mi familia”. Quijano acudió a diferentes autoridades colombianas para denunciar la intimidación y pedir protección para sus hijos “pero la respuesta fue el silencio”. Ante el estado de indefensión en que está su familia, el activista e investigador del crimen organizado en Medellín dice que lo están orillando “a la autocensura”. Quijano es un conocido defensor de derechos humanos en Medellín y desde hace varios años ha documentado la presencia de cárteles mexicano de la droga en esa ciudad y en el Valle de Aburrá, donde son socios de estructuras criminales como la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo. El activista es una fuente recurrente de periodistas que cubren las noticias del crimen en esa región noroccidental del país, donde cada día se nota más la presencia de los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación. Quijano apareció el pasado miércoles en un noticiero de televisión en el que dijo que los cárteles mexicanos de la droga están a la “caza” de mandos medios de la ex guerrilla de las FARC que se han separado del proceso de paz para tomar su propio rumbo. Ahora, señaló, están siendo armados por los cárteles mexicanos para garantizar el suministro de cocaína. El pasado viernes 19 de enero, durante una reunión de seguridad encabezada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo que tiene informes de que el Cártel de Sinaloa está financiando a bandas criminales en Colombia. La Defensoría del Pueblo a cargo de Negret envió una “alerta temprana” al Ministerio del Interior ante “el incremento de la situación de riesgo y vulneración del derecho a la vida” de los habitantes de Tierralta, un municipio rural ubicado a 450 kilómetros al noroeste de Bogotá en el que se ha detectado la presencia de enviados del Cártel de Sinaloa que apoyan a la delincuencia organizada. Negret relató que los habitantes de Tierralta han dicho a funcionarios de la Defensoría que en esa zona --ubicada en uno de los corredores estratégicos del narcotráfico en Colombia por su cercanía con el Golfo de Urabá y con el mar Caribe-- es notoria la presencia del Cártel de Sinaloa. Ese cártel, aseguró, está financiado a bandas “tipo C” de esa región (dedicadas al robo y a hacer trabajos para las grandes organizaciones criminales) y a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el nombre político de la mayor organización criminal colombiana: el Clan del Golfo. Luis Fernando Quijano considera que si los cárteles mexicanos logran silenciar a quienes documentan su en Colombia “van a acabar controlando las estructuras criminales en el país”.