Comuneros de Ocoyoacac alertan sobre posibilidad de uso de la fuerza pública para construir el Interurbano

Obras del Tren Interurbano. Foto: Benjamin Flores Obras del Tren Interurbano. Foto: Benjamin Flores

TOLUCA, Edomex. (apro).- Comuneros de San Jerónimo Acazulco y la Asunción Tepexoyuca, ambas comunidades del municipio de Ocoyoacac, exploran la vía penal para garantizar que Guillermo Nevarez, director de Transporte Ferroviario, acate las dos suspensiones decretadas en su favor para detener las obras del tren interurbano México-Toluca.

Campesinos de Acazulco lanzaron una alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la opinión pública para que se mantengan atentas a la construcción del tren, ante la posibilidad de que se use la fuerza pública y la represión para pasar por encima de la suspensión decretada por el juez en la demanda de amparo 109/2018.

Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los inconformes, indicó que algunos comuneros escucharon a los trabajadores de la empresa referir que por estos días continuarán los trabajos apoyados por la fuerza pública y mediante la represión del comisariado ejidal, Marcelino Narvaez de la O, y del abogado.

El lunes próximo, indicó, los involucrados realizarán un foro de seguridad para determinar algunas medidas de protección, y decidir la posibilidad de entablar alguna denuncia de carácter penal contra Nevarez Elizondo y Eloy Gloria, uno de sus operadores.

El pasado lunes el Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales ordenó la suspensión de plano del tramo que va desde el paraje conocido como El Portezuelo a la Desviación a Chalma.
Los comuneros montan guardia en el tramo de alrededor de cuatro kilómetros lineales que afectan la comunidad para garantizar el cumplimiento de la orden.

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno federal deben entender que han hecho mal las cosas, no hay consenso con los pobladores, el proyecto ha sufrido varias modificaciones y mueven el trazo pretendiendo ocupar tierra que no pagaron, además de afectar la ecología y los pasos ancestrales de la comunidad y de la fauna”, manifestó Pérez Alvarado.

Con las modificaciones no autorizadas por los vecinos, refirió, además se afectarán los manantiales que dotan de agua a unas 10 mil personas, pues el compromiso era un tren elevado, pero se está perforando el subsuelo, lo que a su vez provocará que los acuíferos se sequen.

A la Corte

En tanto, como resultado de otra suspensión decretada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México en la demanda 132/2015-3, a más tardar el lunes deben detenerse las obras del tren interurbano México-Toluca a la altura del paraje El Portezuelo.

Gustavo Olivares Nateras, asesor jurídico de la Central Campesina Cardenista (CCC) y promotor de este otro recurso, recordó que la suspensión de la obra se decretó desde el 5 de octubre de 2017, pero el director general de Transporte Ferroviario sigue en desacato.

Para supervisar el cumplimiento del fallo, recordó que el 11 de enero la autoridad judicial llevó a efecto una nueva instrucción, con motivo del recurso de queja 118/2017 del Tercer Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, pero encontró que las obras continúan en el tramo en litigio.

Por tal razón, el miércoles 24 el Juzgado Segundo dio a Nevarez Elizondo un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, para cumplimentar la suspensión. Lo anterior implica que, a más tardar el lunes próximo, los trabajos del tren interurbano deben detenerse.

De lo contrario, el expediente se regresará al Tercer Tribunal Colegiado para que lo envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sean los ministros quienes ordenen la suspensión, además de que el caso se turne al Ministerio Público Federal para que finque las sanciones penales correspondientes.

Las 32 hectáreas de 135 comuneros de esta segunda suspensión se ubican a la altura del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).
En la demanda de amparo, los afectados denuncian despojo y privación de tierras indígenas y boscosas, pues ni siquiera existe un decreto expropiatorio que ampare el usufructo de los terrenos y, por el contrario, se afectan flora, fauna y mantos acuíferos.

Finalmente, Olivares Nateras admitió que, al tratarse de una oferta de campaña y una de las principales obras del sexenio del presidente Enrique Peña y a unos meses de concluir la gestión, se pretenda imponer a como dé lugar el proyecto.

No obstante, confió en que la SCJN respete su compromiso de velar por los derechos de los pueblos indígenas.

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