CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público, aseguraron organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, (CEEY) y Ciudadanos Contra la Corrupción. La SHCP, con las facultades que tiene para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales, subrayaron, está colocada “en una posición de poder y privilegio desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno”. Muestra de ello, apuntaron, es el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y esa dependencia en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos, que ha puesto en el debate nacional el tema de la corrupción en el sector público. Ese caso, consideraron, es una oportunidad para exigir “un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público”, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. “Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados. Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”, resaltaron en un comunicado. En una democracia funcional, añadieron, sería de esperar que el Congreso de la Unión exigiera a la SCHP una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido. “La débil rendición de cuentas del Poder Legislativo sobre el ejercicio de la bolsa presupuestal pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes en nuestro país”. Para recobrar el equilibrio de poderes, puntualizaron, es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el uso discrecional, político y electoral del presupuesto. En ese sentido, exhortaron a los legisladores a convocar al secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23. Al mismo tiempo, recalcaron, es necesario que los gobernadores asuman su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando atrás la “pereza fiscal” que los ha caracterizado; que asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos, y que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al gobierno federal. Además del CEEY y Ciudadanos Contra la Corrupción, el comunicado está signado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila; Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León; Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, y Ficosec.