HERMOSILLO, Son. (apro).- En su primera entrevista ante diputados locales, Miguel Ángel Tapia Guell, quien aspira a convertirse en presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), admitió que es compadre de la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. Durante el interrogatorio que hizo el diputado panista Javier Dagnino Escobosa, primo político del exgobernador Guillermo Padrés, el litigante –egresado de la Universidad de Sonora– dijo que bautizó a una de las hijas de la mandataria estatal. –¿Tiene usted una afinidad política con la gobernadora? –inquirió Dagnino. –Sí, sí tengo una afinidad con la señora gobernadora, somos compadres, yo le bauticé a una de sus hijas –respondió Tapia Guell. Luego le preguntó si existía algún conflicto de interés por sus relaciones comerciales con alguno de los actuales funcionarios estatales. –¿Es usted socio de la gobernadora o funcionarios en el gobierno del estado? –El fiscal (Rodolfo Montes de Oca) también forma parte de ese despacho, yo no llevo asuntos con él, no somos socios, él lleva sus asuntos, yo llevo los míos; ahorita él está de fiscal y yo siempre he tenido mi carrera muy marcada en la cuestión de mi profesión, por eso yo no lo considero (un conflicto de interés), porque también creo yo que tengo o considero, valga la redundancia, el derecho humano de participar en este proceso, así lo veo. “Estoy yo en su despacho, compartimos, no somos socios, no somos socios, compartimos espacio, oficina, yo nunca he estado en la política y creo que cualquier persona que haga un poquito investigación en relación con mi perfil se va a dar cuenta que yo no soy político, soy de la iniciativa privada”. A Tapia Gell también se le preguntó si había prestado algún servicio al actual gobierno del estado y contestó que no, pero la mañana de este lunes, en el noticiero Proyecto Puente conducido por el periodista Luis Alberto Medina, se presentaron cuatro contratos con la Comisión Estatal del Agua (CEA). Las cuatro transacciones datan de 2016, mediante los archivos CEA SP 02 2016, CEA SP 09 2016, CEA SP 10 2016 y CEA SP 11 2016, que en total suman 791 mil 120 pesos. En ese espacio informativo también se dio a conocer que en el currículum publicado en la página oficial del bufete jurídico del entrevistado, la firma que representa lleva el nombre de “Pavlovich, Montes de Oca y Tapia”. La elección del nuevo ombudsman sonorense se realizará ocho años después de que Raúl Arturo Ramírez Ramírez llegó a ese cargo arropado por el Partido Acción Nacional. En estos ocho años se solicitó al Congreso local que iniciara un juicio político contra Ramírez Ramírez por el supuesto incumplimiento de un deber legal, blanqueo de dinero en Estados Unidos, riqueza inexplicable y ejercicio abusivo de funciones. Un juez concedió un amparo al presidente de la CEDH y se mantuvo libre hasta la fecha. Para el juicio político se añadieron copias de cuentas bancarias que acumulan 20 millones de pesos en transacciones de 2012 a 2015, cantidad injustificable si se compara con los 93 mil pesos que recibe mensualmente en ingresos. Además, al acusado se le encontró una fortuna de medio millón de dólares en bancos estadunidenses, en una investigación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La petición de juicio político también se fundamenta en el ejercicio indebido de funciones del titular de la CEDH, luego de despedir injustamente a 39 trabajadores y la contratación injustificada de otros 100 empleados. Y se ha documentado que en la Comisión existen cinco empleados que cobran sin trabajar, conocidos como “aviadores”, además de que Ramírez Ramírez contrató a cinco de sus parejas y exparejas sentimentales.