Los Gallardo vuelven a la carga para permanecer en el poder en San Luis Potosí. Sin nadie que los detenga, Ricardo Gallardo Juárez pretende su reelección como alcalde de la capital del estado; entre otras anomalías, acostumbra adjudicar obra pública sólo a sus empresas. Su hijo José Ricardo Gallardo Cardona, detenido en 2015 por lavado de dinero y crimen organizado –sospechoso tras comprar un violín de cinco millones de pesos– quiere llegar al Congreso de la Unión. Ambos, cargando a cuestas su riqueza inexplicable; sólo en ocho años pasaron a tener de una a 30 propiedades, todo, bajo el cobijo del PRD. SAN LUIS POTOSÍ, SLP.–  En la sombra de la administración pública, el alcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, y su hijo José Ricardo Gallardo Cardona incrementaron exponencialmente su patrimonio. Ambos buscan que la “Gallardía”, denominado por ellos como su sello personal, los lleve a ganar la reelección en el ayuntamiento y un lugar en el Congreso de la Unión, respectivamente, bajo las siglas del PRD. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de 2010 a la fecha, los Gallardo pasaron de tener una empresa avícola endeudada con Bachoco a 30 propiedades que en conjunto valen poco más de 78.5 millones de pesos. Lo anterior, sin contar los bienes que están a nombre de sus esposas, que en conjunto valen al menos 100 millones de pesos. Cuando ganó la Presidencia Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en 2009, Gallardo Juárez vivía en una casa de dos plantas en la colonia Industrial Aviación. Al término de su cargo, en 2012, habitaba una residencia de 400 metros cuadrados en El Pedregal, uno de los fraccionamientos más lujosos de la ciudad. Pese a que su esposa figura como dueña del inmueble, en el registro público no aparece el valor del mismo. Sin embargo, en la zona cuestan cinco millones de pesos, en promedio, los predios que son más pequeños que el del alcalde. Durante su paso como gobernante de Soledad de Graciano, también se hizo de dos terrenos: el primero es de nueve mil 950 metros cuadrados en una zona conocida como Los Noyola. El segundo, de casi seis mil metros cuadrados, en la colonia Tercera Grande. En casi una década, el actual alcalde de San Luis Potosí adquirió al menos 17 inmuebles, cuyo valor, en la mayoría de los casos, no aparece en los registros públicos oficiales. De los que sí hubo constancia, el monto en su conjunto asciende a 42.5 millones de pesos. Entre sus bienes destacan cinco parcelas adquiridas en mayo de 2012 en el ejido Milpillas. Según los folios 352387, 352388 y 352389, la extensión total de esos terrenos es de 124 mil metros cuadrados. Tampoco aparece el costo de la transacción, pero todos fueron comprados a una misma persona. En 2014, ya enfilado para contender por la alcaldía de la capital estatal, Gallardo Juárez se hizo de una vivienda por dos millones de pesos que usó como casa de campaña. Ligado al crimen organizado Heredada por su padre, José Ricardo Gallardo Cardona asumió la alcaldía de Soledad de Graciano en 2012. No terminó su encargo porque en enero de 2015 solicitó licencia para buscar la gubernatura de San Luis Potosí. Sin embargo, tampoco pudo contender porque elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) lo aprehendieron por delincuencia organizada y lavado de dinero. El entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, explicó que el seguimiento sobre José Ricardo comenzó cuando éste compró un violín de cinco millones de pesos y lo incluyó en su declaración patrimonial al comenzar su trienio. El funcionario federal expuso que la declaración de bienes no coincidía con un salario de 30 mil pesos mensuales e ingresos por 150 mil pesos derivados de sus empresas y reportados por el sospechoso. Según los registros públicos oficiales, la familia dejó de comprar propiedades durante 2015, tiempo en que estuvo recluido José Ricardo, quien salió días antes de comenzar 2016 por falta de pruebas. Si bien logró su libertad, la sentencia de amparo del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito asentó que Gallardo sí desvió 209 millones de pesos del erario a cuentas de su familia, mediante una clínica que prestaba servicios a los trabajadores del municipio. En sus investigaciones, la PGR acusó que los desvíos de fondos se hicieron de la clínica Wong hacia tres empresas del propio José Ricardo, dos de ellas creadas a finales de julio de 2010: Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios SA de CV y Tangamanga Continental SA de CV. Según registros oficiales, Inversión Creativa también fue utilizada entre 2010 y 2014 para adquirir predios con un valor total de 38 millones de pesos que, en algunos casos, dieron lugar a proyectos residenciales. De las propiedades de José Ricardo Gallardo destaca el de Parrodi 303 por sus datos contradictorios. Al inicio de su gobierno municipal reportó que le costó tres millones y medio de pesos, aunque en el registro de la propiedad aparece con un valor de 1.2 millones de pesos. En las empresas de Gallardo Cardona aparecen como comisario quien fuera su tesorero municipal, Salvador González Martínez, y como apoderada legal, su entonces directora de Recursos Humanos, María del Carmen Gutiérrez. En Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios está como accionista minoritaria Verónica Williams Méndez, cuyo nombre aparece en el registro público como la persona que vendió dos departamentos por 2.4 millones de pesos en la colonia Garita de Jalisco, en la salida hacia Guadalajara, a María del Pilar Cardona, madre de José Ricardo. Otro dato curioso: en ambas operaciones realizadas el 1 de enero de 2016, Williams aparece como la vendedora de los departamentos y el propio Gallardo Cardona como su representante legal. Ese mismo día, el entonces alcalde de Soledad de Graciano también compró un condominio en La Loma Club de Golf por 7.2 millones de pesos. Fichita La sentencia de amparo que permitió la libertad de José Ricardo –en la que se consideraron los desvíos de recursos– fue ratificada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, pudo constatar este semanario. Estuvo recluido casi un año en el Centro Federal de Readaptación Social de Ocampo, en Guanajuato. Al salir se fue acompañado del encargado de la cárcel, Julio César Pérez Ramírez, y del director administrativo de la misma, Leobardo Aguilar Orihuela, quienes después se convirtieron en funcionarios de su papá en la actual alcaldía de San Luis Potosí. En el ayuntamiento potosino no tomaron en cuenta el historial de Leobardo Aguilar Orihuela, actual director de la Policía Vial, implicado en la fuga de Omar Montante del Reclusorio Oriente. Omar, quien escapó con una boleta de libertad falsa, es hermano de Juan Carlos Montante, líder de una sanguinaria banda de secuestradores. Cuando ocurrió la fuga, Aguilar Orihuela era el subdirector Jurídico de dicha cárcel. Reclamos de constructores Al frente de la alcaldía potosina, Ricardo Gallardo Juárez ha enfrentado críticas por su “estilo” de gobierno. Él y su hijo, de quien se dice en círculos políticos que aspira a una diputación federal, han hecho del “Gallardismo” su emblema en las administraciones que encabezan. Mientras un sector de la población aplaude que el presidente municipal reparta garrafones de agua y kilos de tortillas en colonias populares, en el círculo constructor cuestionan el uso de recursos públicos y la asignación directa de obra pública a empresas del propio alcalde. En declaraciones públicas, el mandatario municipal ha dicho que no tiene reparo en meter sus empresas a realizar obra pública y que tampoco teme a los cuestionamientos que pudieran hacerle los órganos fiscalizadores. “Que me hagan las observaciones. Yo creo que la ciudadanía no ve mal que, en un momento determinado, se metieran facturas y cemento para calles y se vieran la cantidad de obras que se pueden hacer sin tener que licitar… no con las grandes obras, sino con las chicas, que no pasen de 200 o 300 mil pesos. Si también por ahorrar soy señalado, adelante”, expuso a finales de 2016. Sin embargo, 11 empresas integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí denunciaron públicamente las prácticas del presidente municipal. El enojo del gremio detonó luego de que el ayuntamiento, por segunda ocasión, declaró desierto el concurso para la construcción de un paso a desnivel y para la rehabilitación de la avenida Fray Diego de la Magdalena, proyecto calculado en 200 millones de pesos, cuya mayoría de los recursos proviene del gobierno federal. “Todos los afiliados, los participantes de la CMIC, ya se cansaron de no poder participar en los concursos (del municipio), porque Gallardo le halló el modo desde que era presidente en Soledad de Graciano. También su hijo hacía lo mismo. En dos ocasiones declaran desierta la licitación de un proyecto y en la tercera lo asignan a sus empresas. La ley permite que en una tercera licitación desierta se asigne de manera directa”, explica a Proceso el presidente del organismo empresarial, Marco Antonio Uribe Ávila. La denuncia de la CMIC fue interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública, con copia para la Auditoría Superior de la Federación y para el Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción. El presidente de la CMIC expuso que el alcalde también le ha cerrado la puerta a las empresas pequeñas que sólo tienen capacidad para hacer obras de siete o diez millones de pesos. “Como no tienen capacidad para hacer proyectos mayores, se ven quedando fuera porque las dejan sin trabajo”, lamenta. Los abogados que prepararon el recurso legal contra el alcalde de San Luis Potosí coinciden en que las empresas rechazadas no incumplieron ningún requisito de la convocatoria. “Se alegó en algún caso inexperiencia, cuando todas las empresas participantes han hecho pasos a desnivel o puentes. Se analizó todo y se vieron las posibilidades jurídicas y se determinó que hay suficientes elementos para interponer el recurso”, expone Uribe Ávila. Aunque dijo no tener totalmente identificadas a las empresas presuntamente favorecidas por los Gallardo, el dirigente empresarial reclamó que las instancias fiscalizadoras no indaguen a fondo en este rubro y que en las reuniones con las cámaras se limiten a pedir denuncias y pruebas a los inconformes. “¿Por qué no investigan? Es un tema sabido a voces” cuestiona. Por lo pronto, señala el líder constructor, la Secretaría de la Función Pública debió requerir al gobierno municipal un informe sobre el proceso de licitación para determinar si procede la anulación. Si no, tendría que reponerse el concurso y asignar la obra a la empresa que cumpla con todos los requisitos y presente la mejor oferta. “Esto se ha denunciado por distintos medios, lo hemos expresado en apoyo a nuestros agremiados. Tuvimos un acercamiento inicial para la capacitación del personal en los rubros de obra pública desde la cámara, que hacemos por convenios con los municipios. “Los Gallardo no quisieron firmar, ya no se dieron las capacitaciones. Al llegar Ricardo Gallardo a la capital lo busqué, me daba citas y me las canceló de manera recurrente. Nunca hubo una intención real de querer platicar”, denuncia Uribe. Además, señala el presidente de la CMIC, Gallardo Juárez ha dejado pendientes pagos por finiquitos de obras programadas en administraciones pasadas que se terminaron, y anticipos de otras que se dejaron programadas, por un monto de entre 30 y 40 millones de pesos. “Tenemos los números de facturas y contratos. Los llevamos inicialmente al municipio y liberaron algunos pagos y abonos, pero en cuanto yo comencé a hablar del manejo de la obra, todo se paró y hasta dejaron de contestarme el teléfono”, agrega Uribe Ávila. En respuesta al reclamo de los constructores, el alcalde ha señalado: “A la gente no le importa quién hace las obras”. Este reportaje se publicó el 28 de enero de 2018 en la edición 2152 de la revista Proceso.