CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Noveno Tribunal Colegiado de Circuito reconoció la inocencia del indígena mazahua Sergio Sánchez Arellano, quien en marzo de 2010 fue detenido por policías de Investigación afuera de su domicilio en Nezahualcóyotl, Estado de México, acusado de homicidio y tentativa de robo. Este jueves el Tribunal concedió un amparo liso y llano a favor de Sánchez Arellano, luego de que la semana pasada se suspendió la sesión en la que se analizaría el caso defendido por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Los familiares y representantes de las organizaciones que emprendieron la defensa del indígena mazahua esperan que hoy mismo deje la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluido. “El proceso injusto contra Sergio, que ha afectado también a su familia entera y especialmente a sus hijos, es una muestra de discriminación y la criminalización que viven las personas pobres, indígenas y migrantes”, puntualizó en un comunicado el Centro Prodh. Tras celebrar la determinación del Tribunal, recordó que el indígena mazahua emigró al Valle de México “debido a las difíciles condiciones que enfrentaba”, y señaló que el caso fue ampliamente documentado por AI en su informe “Falsas Sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México”. Por su parte, Amnistía Internacional calificó como “un triunfo para la justicia y la defensa de los derechos humanos” el reconocimiento de inocencia de Sergio Sánchez, a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre pasado. En aquella ocasión, los ministros de la Primera Sala concluyeron, en un amparo directo en revisión, que las pruebas utilizadas para condenar a Sánchez fueron ilegales y violaron su derecho de defensa, por lo que instruyeron al Noveno Tribunal Colegiado de Circuito, que había ratificado la sentencia condenatoria, que dictara una nueva resolución. De acuerdo con el amparo directo en revisión 7464/2016, Sánchez Arellano fue víctima de una detención ilegal y careció de una defensa efectiva. En ese sentido, consideró que “toda prueba que haya sido obtenida con la violación al derecho al inculpado a contar con una defensa adecuada tendrá el carácter de ilícita, por lo cual no debe tomarse en cuenta para efectos de la valoración al dictar cualquier resolución a la situación jurídica del inculpado”. En un pronunciamiento, la directora de AI para América Latina, Erika Guevara Rosas, destacó que la historia del indígena “ilustra de manera trágica los riesgos que tienen todas las personas de ser detenidas arbitrariamente en México”. Y subrayó que ese organismo ha constatado que “las detenciones arbitrarias por la policía son cotidianas en el país y generan espacios de impunidad en que pueden ocurrir más violaciones a derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial”. En la situación particular de Sánchez Arellano, abundó, “su liberación es un paso hacia la justicia, pero aún queda mucho por exigir para garantizar la reparación del daño causado y para asegurar que casos así no se repitan”.