TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Decenas de investigadores sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) se pronunciaron hoy contra la decisión de su rector, Rodolfo Calvo Fonseca, de conferirle el doctorado Honoris Causa al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por encabezar un organismo vinculado a graves violaciones a los derechos humanos. Este viernes, con 20 votos a favor y ocho en contra, el Consejo Universitario de la UNICACH aprobó otorgarle el mencionado reconocimiento al funcionario federal, lo que indignó a la comunidad universitaria. Aunque no se ha dicho cuándo le será entregado, los docentes e investigadores apelaron a la memoria histórica y pidieron no olvidar los graves crímenes de lesa humanidad que las fuerzas armadas han protagonizado en nuestro país. En un pronunciamiento hecho público, más de 30 universitarios adscritos al Centro de Investigaciones Sociales de México y Centroamérica (CESMECA), ubicado en San Cristóbal de Las Casas, protestaron al conocer la decisión del Consejo Universitario. “Este tipo de distinción se otorga como un reconocimiento de trayectorias académicas, por su impacto en el conocimiento sobre la cultura, la ciencia y las artes. La trayectoria del general Cienfuegos se circunscribe al ámbito militar y representa el desenvolvimiento de una institución castrense que enfrenta un particular descrédito en el contexto contemporáneo de nuestro país”, aseguraron. Y agregaron que “después de haber discutido sobre este deplorable acto que contraviene los principios universitarios e institucionales fundamentales, (el CESMECA) se ha pronunciado en contra”. El argumento: “Consideramos que un Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento a trayectorias excepcionales en las ciencias, las artes y la cultura, así como a los aportes trascendentales en los distintos campos del conocimiento que permiten la comprensión y el desarrollo pleno y pacífico de las sociedades. Que se rige por principios fundamentados en la ética universitaria, reflejados en el respeto a la colegialidad y la libertad de cátedra, representación democrática y la defensa de un amplio consenso sobre los valores sociales que la vida universitaria representa a través de su institucionalidad. Lo cual implica una construcción del bien común de nuestra sociedad, y, por tanto, la defensa de la vida y la humanidad”. Para los universitarios inconformes, Cienfuegos Zepeda, además de estar al frente de una secretaría del gobierno federal, simboliza a la máxima figura castrense en el país. Por tanto, una distinción académica a la que nos referimos, se extendería a la institución castrense del Estado mexicano. “Es una institución armada que contraviene al espíritu integral y humanístico de nuestra casa de estudios y que, por tanto, no puede abrazar en su seno haciendo uso de la máxima distinción honorífica en nuestra labor académica”, agregaron. Violación de derechos humanos Asimismo, señalaron que la UNICACH es una universidad pública con autonomía, comprometida con la libertad de cátedra, pensamiento e investigación, fiel a la larga tradición de las instituciones académicas mexicanas y, en consecuencia, mantiene una clara distancia frente a la vida castrense. Pasar por encima de esta tradición nacional, agregaron, vulnera la autonomía universitaria y, lo que es de una gravedad excepcional, “legitima la actuación del poder militar y su particular posición sobre el territorio nacional y, en particular, sobre Chiapas”. Los firmantes del pronunciamiento consideraron vital reconocer el contexto de militarización que atraviesa el país para entender su rechazo al “dictamen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la Comisión de Otorgamiento de Grados y Reconocimientos Honoríficos, para otorgar reconocimientos de Grado de Doctor Honoris Causa a favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional de México”. La mayoría con el más alto nivel dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como posgrados en universidades mexicanas y el extranjero, los inconformes consideraron que “la institución que se busca reconocer ha sido señalada por su presunta participación directa o indirecta en graves casos de violación a los derechos humanos en México, como lo constatan diversos informes emitidos por instancias tales como la Comisión Nacional de Derechos los Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Artículo 19, entre otras”. Y citaron dos ejemplos recientes: la presunta participación en ejecuciones extrajudiciales como la ocurrida en Tlatlaya (Estado de México), y la desaparición de personas, como los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (Iguala, Guerrero). Por último, apelaron a la memoria histórica para recordar la responsabilidad del Ejército Mexicano en la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y el ataque a la Vocacional del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1971, así como otros eventos que violaron la autonomía universitaria y arrojaron un saldo de decenas de personas muertas.