CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un hecho sin precedentes, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo efectivo ayer el apercibimiento a diversos funcionarios de la Fiscalía General del estado de Chihuahua (FGE) por no cumplir con los requerimientos ministeriales para investigar la supuesta tortura contra el exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez. La Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura hizo el anuncio en medio de la polémica que suscitó la determinación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de impedir que Gutiérrez fuera trasladado a la Ciudad de México para enfrentar su proceso penal, como pretendía la PGR. Al fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, se le impusieron tres multas, cada una por la cantidad de mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, 241 mil 800 pesos en total. Por su parte, Juan Martín González Aguirre, director del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 “Aquiles Serdán”, donde se encuentran recluido Gutiérrez, deberá desembolsar 80 mil 600 pesos. A la directora de Inspección Interna en Funciones de Fiscal Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la FGE, Erika Judith Jasso Carrasco, le impusieron una multa por 80 mil 600 pesos. Y al fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Jesús David Flores Carrete, por 80 mil 600 pesos. El pasado jueves 8, Antonio Collado, abogado de Alejandro Gutiérrez, denunció que su cliente es sometido a tortura sistemática en el Cereso número 1. Se trata de tortura psicológica al privarle de sus derechos en la prisión, restringiéndole las visitas de sus familiares y prohibiendo el acceso al equipo legal, puntualizó.