CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Ante los elevados costos que tiene la corrupción en la economía mexicana, la cúpula empresarial reprochó “los pobres” avances en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el país. No es un asunto menor, de acuerdo con el Banco Mundial (BM), año con año nuestro país enfrenta costos de hasta nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) por la corrupción. En otras palabras, por cada 100 pesos que producimos en la economía, nueve se pierden en transacciones irregulares de corrupción. “Esta es una realidad inaceptable que todos tenemos que transformar y poner de nuestra parte”, enfatizó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. El organismo empresarial exigió la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, explicó, es necesario que se realicen los nombramientos que hasta hoy siguen pendientes inexplicablemente, así como también se concluya la homologación de las leyes estatales con la legislación federal en relativo al SNA. Es decir, se tiene que crear el Sistema Anticorrupción estado por estado, es un compromiso con la sociedad y lo tienen que seguir y liderar los gobernadores de los estados. “Necesitamos avanzar también en los acuerdos que nos permitan contar con una Fiscalía General sólida, con autonomía, con todos los poderes y que se acuerde el nombramiento de este importante cargo. Además, no debemos postergar el nombramiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción o Fiscalía Anticorrupción”, detalló. El CCE no quedó ahí y consideró necesario que “se pase de las intenciones y los buenos discursos a las acciones y los compromisos”, y de esta forma se nombre a un fiscal con experiencia técnica y probidad intachable, a través de un proceso transparente que permita garantizar su independencia. Además, pidió nombrar al Auditor Superior de la Federación, integrar en su totalidad el Consejo de Participación Ciudadana, y facilitarle para que funcione, así como los magistrados especializados en la materia. Juan Pablo Castañón aseguró que “sólo con instituciones más sólidas podemos combatir con mayor eficacia las prácticas de corrupción en el país. Si no lo hacemos, tendremos menos capacidad para atraer inversiones, fomentar nuevos negocios y generar mejores empleos”. El organismo empresarial recordó que en el marco de la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el sector privado impulsó el capítulo anticorrupción; mientras que desde hace unos meses trabajan en el nuevo Código de Integridad y Ética Empresarial, que permite a las empresas tomar acciones concretas para combatir prácticas ilegales al interior de sus organizaciones. Sobre el capítulo inserto en la renegociación del TLCAN, dijo que es una aportación sin precedentes en tratados comerciales a nivel internacional ya que logra tipificar los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, así como obligar a los tres gobiernos a establecer medidas eficaces para su prevención y sanción.