Aún no concluyen las investigaciones sobre la detención del menor Marco Antonio Sánchez en el rumbo de El Rosario por policías que presuntamente lo agredieron, ni se aclara por qué fue localizado días después en el Estado de México con visibles afectaciones de salud. Sin embargo, Proceso reconstruyó la primera fase de los hechos mediante numerosos testimonios de la arbitraria detención y consultó a la defensa de la familia agraviada, quien afirma que desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera se trata de minimizar el caso al investigarlo como “extravío” y no como desaparición forzada. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los testigos recuerdan que el martes 23 de enero, pasadas las 16:00 horas, cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital y uno de la Policía Auxiliar participaron en la detención de Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de quinto semestre de la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel E. Schulz de la UNAM. Consultados por la reportera, algunas de las 20 personas que presenciaron los hechos pidieron el anonimato por temor a represalias y coinciden en que uno de los uniformados golpeó a Marco Antonio al menos dos veces, lo que contradice la versión de dos policías implicados, quienes en un video que circuló en las redes sociales aseguraron que no agredieron al estudiante y que respetaron sus derechos. Detallan que el joven ya estaba sometido y había permanecido en el suelo por más de 10 minutos cuando, después de insultarlo y retarlo a que los golpeara, uno de los agentes le propinó un cabezazo en la cara con el casco puesto. Y antes de que lo subieran a la patrulla escucharon a Marco gritar que le habían dado un puñetazo. Esa mañana Marco, de 17 años, visitó el Museo Soumaya, platicó con sus amigos, comió y tomó unas cuantas fotografías. Ésta es una de sus pasiones, ya que tiene temperamento artístico, pero también comparte la afición de su familia al deporte y practica atletismo y taekwondo. Vestía pantalón deportivo gris, tenis azul marino, le prestaron una sudadera negra porque hacía frío y encima se puso un suéter azul. Sólo llevaba dinero para su pasaje, su celular y audífonos. Desde el metro El Rosario se dirigió al encuentro con amigos. Se quedaron de ver cerca del Colegio de Bachilleres número 1. Al pasar por la calle Cultura Norte, ya en compañía de un amigo, llamó su atención un muro pintarrajeado con unas frases. No pudo resistirse a tomarle una foto. Como solía hacer, le pidió a un conocido que caminaba por ahí que posara frente al grafiti. Lo eligió por su atuendo, porque se veía cool en el primer plano. En ese momento Marco se puso el gorro de la sudadera negra y enfocó con su celular. Minutos más tarde llegaron dos policías de la SSP-CDMX en motocicleta. Los dos jóvenes se asustaron cuando uno de los uniformados les dirigió una expresión que no identificaron bien y corrieron hacia la estación del metrobús El Rosario. Los policías abordaron la moto y persiguieron a Marco, quien corrió sobre el carril confinado para el metrobús y al final de la estación brincó al andén para abordar ese transporte. Pero los policías lo alcanzaron y Marco gritó, “desesperado” y “enojado”, que no lo detuvieran, que no estaba haciendo nada malo. Tenía miedo. Los policías lo derribaron y lo acusaron de robo, aunque varios testigos señalaron que no había cometido ninguna falta y reconocieron al estudiante. Un tercer elemento de la Policía Auxiliar, encargado de la seguridad en la estación, impidió que los presentes se acercaran a ayudarlo. Trabajadores del Metrobús –identificados por sus uniformes– se acercaron pero no hicieron nada. En la estación terminal había aproximadamente 20 personas. Marco opuso cierta resistencia y los policías llamaron a refuerzos. Marco Antonio gritó que estaban violando sus derechos y pidió que alguien tomara fotos o video de los hechos. En ese momento se tomó una de las fotografías que más tarde se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación. Un policía lo insultó: “¡Eres una maldita hormiga!”. Al ver que lo iba a golpear, Marco le respondió: “¿Quieres que te pegue?”. El agente dijo que sí. El joven apenas pudo soltar una patada sin fuerza porque seguía en el piso, boca arriba, y el policía le asestó un cabezazo con el casco en la cara, que le dejó la nariz hinchada y roja. Los otros dos uniformados no lo impidieron ni dijeron nada. Uno de los testigos comenta que probablemente los agentes sabían que se trataba de un menor, porque alguien anunció que le notificaría a su madre y ellos le indicaron que lo hiciera. Después llegaron dos policías más en una patrulla. Ya eran cinco, incluido el de seguridad del metrobús. Marco seguía tratando de zafarse. Lo esposaron –uno de los agentes grabó el momento– y lo subieron a la patrulla. Los testigos no volvieron a saber de él hasta que los medios difundieron su desaparición y la búsqueda. El lunes 29 de enero, un día después de que Marco fuera internado en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro para evaluar su estado de salud, los medios de comunicación difundieron un video en el que los policías Marín González Martínez y Ricardo Trejo Flores dieron su versión y dicen que lo liberaron poco después de detenerlo: “Le abre la puerta a esta persona, desciende el masculino, le retira los candados de mano mi compañero y le dice que se puede retirar. Esta persona, por su propio pie, camina en dirección hacia donde nosotros entramos, de acuerdo como va la circulación. Le quiero mencionar que en ningún momento yo aprecié, desde que hice contacto por primera vez con los compañeros, que esta persona estuviera golpeada. No se le apreciaba ningún golpe que fuera visible, no tenía sangre y en ningún momento se maltrató, se respetaron sus garantías individuales, se le respetó en todo su momento sus derechos humanos”, dijo Trejo Flores. Sin embargo, un testigo indica que de hecho fue Trejo Flores, que aparece frente a la víctima en la fotografía, el que le dio el cabezazo. Añade que Marco no fue liberado frente a la iglesia ubicada en la calle Cultura Griega, como declararon los uniformados: “Si lo hubieran dejando ahí o cerca, me lo hubiera topado de frente o me lo hubiera encontrado”. Responsabilidad de las autoridades Los recursos legales que interpuso la defensa de la familia Sánchez Flores, a cargo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto de Justicia Procesal Penal (JPP) fueron cruciales para la localización del joven, que se logró cinco días después de su detención, en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. Lo encontraron al seguir una pista: se reveló que Marco había sido detenido por segunda ocasión en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, donde fue presentado ante un juez cívico y posteriormente liberado. A decir de Simón Hernández León, representante del JPP, después de que la familia acudió a la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) para denunciar la “desaparición forzada”, los abogados presentaron el recurso de amparo indirecto 102/2018-8 el viernes 26 de enero, por la misma causa y contra las autoridades que podrían haber participado en su detención y ocultamiento, incluidos los agentes de la SSP-CDMX, un comandante que aseguró que el menor había sido liberado el mismo día y empleados de la Agencia 40 del Ministerio Público. Según el recurso legal, que continúa su curso en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal, ese mismo viernes el Poder judicial Federal ordenó a una comisión de actuarios que buscaran directamente a Marco en 13 instancias. Éstas fueron: la SSP-CDMX, la Agencia 40 de la procuraduría capitalina (PGJ-CDMX), la misma procuraduría local, la Fiscalía Central de Investigación de la PGJ-CDMX, el Servicio Médico Forense local, la Procuraduría General de la República (PGR), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Fiscalía Central de Investigación, y el Centro de Investigación Federal. Asimismo se le buscó en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, el Hospital General de la Cruz Roja Mexicana en la capital, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la Secretaría de Marina. El Poder Judicial también resolvió que esas instancias remitieran toda la información de sus registros de detenidos, liberados, indiciados y presuntos culpables. Además se requirió al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que proporcionara la ubicación de Marco que tuviera registrada. Todo ello en un plazo de tres días, que se vencían el lunes 29, horas antes de que Marco fuera encontrado. Paralelamente se recurrió al Mecanismo de Naturaleza Urgente del Sistema de Naciones Unidas por desaparición forzada. Se llamó al grupo de trabajo sobre desa­parición forzada involuntaria y al comité contra la desaparición forzada del organismo para que auxiliaran en el caso. Se solicitó de manera urgente información al Estado y así se echó a andar el protocolo para ayudar a la localización de personas que se presumen víctimas de desaparición forzada. Marco fue entregado a sus padres la madrugada del 29 de enero, con lesiones físicas y aparentemente desorientado. Después de una primera inspección física fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Infantil y luego al Instituto Nacional de Pediatría (INP) para que le efectuaran exámenes orgánicos. Con eso concluyó la acción internacional, pero siguen vigentes el recurso de amparo, la queja en la CDHDF y la carpeta de investigación. El miércoles 31 se presentó un nuevo recurso de amparo para evitar filtraciones a los medios de comunicación, pues desde el domingo anterior se publicó la imagen de Marco (un menor de edad) con datos de la primera evaluación médica. Adicionalmente se espera la ampliación del amparo inicial, pues también se pedirá la actuación en contra de los agentes municipales de Tlalnepantla y el juez calificador, “porque (Marco Antonio) estuvo bajo la custodia de esas autoridades y de nuevo volvió a desaparecer. Entonces hay al menos dos corporaciones policiacas involucradas, hay una autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales que también lo tuvo, que nunca registró su ingreso, que no justificó por qué se fue de ahí y que no tuvo una intervención sabiendo que había una búsqueda pública de un adolescente que se encontraba desaparecido”, explica el litigante Hernández León. El gobierno capitalino “quiere minimizar” el caso El defensor de la familia afectada indica que ahora tratan de que las autoridades reconozcan que existen elementos suficientes para investigar la desaparición de Marco por el delito de desaparición forzada y no por extravío, como se abrió la carpeta de información, y actualmente continúa el curso legal en la Fiscalía Anti Secuestro local (FAS-CDMX). La principal diferencia, a decir del litigante, es que “extravío” no es un delito, por lo que no se le puede imputar a nadie. “La clasificación legal que le dieron fue de una persona extraviada. Así se inició y así está hasta la actualidad. Eso diluye tanto la responsabilidad de los servidores públicos como la posibilidad de una búsqueda efectiva. No es lo mismo asumir o tener indicios de una desaparición forzada con participación de agentes del Estado a tener una persona extraviada; tiene un componente muy distinto en cuanto a la búsqueda y localización.” Respecto a las violaciones de sus derechos que los policías cometieron en la detención del estudiante, Hernández León señala que entre las principales están: que fue arrestado, esposado y subido a una patrulla sin que nadie lo acusara de ningún delito; no lo presentaron ante la autoridades de control de esas detenciones; y el Ministerio Público tampoco actuó en consecuencia, pues se negaron a recibir la denuncia a pesar de que había indicios de que policías habían detenido a alguien. La Ley General en Materia de Desaparición establece que cuando se trata de niñas, niños y adolescentes la búsqueda tiene que ser inmediata. Añade: “Saber qué protocolos no se cumplieron es un tema interesante que debe generar algún nivel de responsabilidad administrativa, pero nos parece que no es el foco central del caso. Es decir, esto no es una irregularidad y una inobservancia al protocolo, en realidad estamos frente a la posible comisión de varios delitos, tanto la desaparición forzada como tortura, y por lo tanto violaciones graves a los derechos humanos desde el derecho internacional público”. En este sentido, el abogado manifestó su rechazo a la postura del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y del procurador de justicia local, Edmundo Garrido Osorio, que parecen “querer minimizar este asunto”. Desde el punto de vista del defensor, “se ha señalado que no se trata de una desa­parición, sino de un extravío, que no tiene lesiones graves. Esto es una condición que afecta la posibilidad de una investigación efectiva, imparcial, con la debida diligencia y que pueda tener un resultado satisfactorio. Nos parece que comprometen mucho la posibilidad de una investigación efectiva, porque están, de alguna manera, prejuzgando y ya están exculpando alguna posible responsabilidad de los agentes de seguridad y de otras autoridades. “En realidad –prosigue Hernández León–, es una temática que involucra a otras autoridades y tendría que investigarse como tal, bajo una hipótesis de posible desaparición forzada. Y una vez que concluya esa investigación, la autoridad podrá decir si realmente lo constituye o no, pero no lo puede prejuzgar y no puede condicionarlo a través de los pronunciamientos de las autoridades políticas, porque eso afecta la imparcialidad y la posibilidad de investigación de la fiscalía.” Por ese motivo el abogado no considera descabellado comparar la desaparición de Marco con el caso de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en 2014, pues tienen en común la evidente participación de dos corporaciones policiacas coordinadas. También considera la posibilidad de pedir que la PGR atraiga el caso. Este reportaje se publicó el 4 de febrero de 2018 en la edición 2153 de la revista Proceso.