CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi siete meses del accidente en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde se abrió un socavón en el que perdieron la vida dos personas, la organización Impunidad Cero lamentó que no haya funcionarios públicos sancionados. “Sin embargo, sí hay responsables, sí hay un marco legal para imponer penas, y sí hay elementos suficientes para imponer sanciones administrativas”, destaca Darío Ángeles en su investigación “Impunidad, sanciones administrativas y el Socavón del Paso Exprés”, presentada este miércoles. De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, en ese estudio el investigador hace un análisis de quiénes son los responsables de que se abriera un socavón de cuatro metros de ancho en el libramiento a Cuernavaca, pero la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha llamado a cuentas a nadie. De igual manera, destaca que los funcionarios implicados deben ser sancionados de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP). Y precisa que las sanciones a las que están sujetos los responsables son: destitución, amonestación, suspensión o inhabilitación temporal. Además, apunta, es posible imponer sanciones administrativas a las empresas encargadas de las obras, de acuerdo con la LFRASP (artículo 2) y con base en criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Cuando una conducta indebida no tiene consecuencias legales para los servidores públicos involucrados, como en el caso del socavón del Paso Exprés, no sólo existe impunidad, sino que el sistema mantiene en las plazas a personas y profesionistas que pueden no ser los indicados”, recalca. Y remata: “La sociedad debe exigir a las autoridades que actúen correctamente, conforme a la normativa existente”. En septiembre pasado, dos meses después de ocurrido el accidente (12 de julio de 2017), la SFP informó que investigaría posibles conductas indebidas de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y emitir sanciones en caso de comprobarse irregularidades. Sin embargo, casi siete meses después de la muerte de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, cuyo automóvil cayó en el socavón, no hay sanción para funcionarios, no obstante que un grupo independiente de peritos determinó que el agujero en la carretera se abrió a raíz de diversas fallas y omisiones en el diseño, supervisión y ejecución de la obra.