CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de las próximas elecciones en nuestro país, el clima de impunidad e inseguridad podría recrudecerse para los periodistas y defensores de las garantías individuales. Así lo señaló el coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), José Antonio Lara Duque, al dar la bienvenida al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Jan Jarab, quien secundó al activista: “Las elecciones de 2018 por su magnitud y por su cultura política generarán, sin duda, un aumento de conflictividad social, que a su vez podrían provocar un aumento de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos, por eso me sumo al llamado de los relatores de libertad de expresión, quienes advirtieron sobre la necesidad de una respuesta específica de estas circunstancias”, dijo el diplomático de la ONU. Y Lara Duque subrayó: “México vive una crisis de violencia inédita contra pueblos originarios, comunidades indígenas, periodistas y defensores de los derechos humanos, derivado de las políticas neoliberales impuestas en las últimas décadas”. El activista precisó que la mercantilización, el aniquilamiento de la cultura y memoria histórica, así como la precarización del empleo, la exclusión social-territorial, la falta de acceso a la justicia y a derechos básicos como vivienda digna, agua, electricidad y servicios médicos, han hundido al país en una espiral de violencia. En la plaza principal de San Salvador Atenco, Estado de México, Lara Duque sostuvo que los pobladores de las comunidades y pueblos del país, y particularmente del territorio mexiquense, viven bajo una violación permanente y sistemática de los derechos humanos. “No vamos a parar hasta que cesen las agresiones por parte del Estado y terminen los ataques sistemáticos y permanentes contra nuestros territorios, nuestros recursos y nuestra vida, del lucro y la barbarie que el capitalismo-neoliberal representa”, apuntó, de acuerdo con un comunicado difundido por el CDHZL. También acusó la intención del Estado de blindarse a través del despliegue de leyes represivas como la Ley Eruviel y la nueva Ley de Seguridad Interior, para legitimar el despliegue del uso de la fuerza física en casos de protestas y manifestaciones populares, “para herirnos o asesinarnos y, aun así, salir impune”. Recalcó: “Es urgente contar con un protocolo integral (administrativo, legislativo, judicial) de protección a personas defensoras (entendiendo a toda persona que actúe en la defensa de los derechos humanos en un sentido amplio y pacífico, sin necesidad de estar adscrito a una organización o asociación, o estudios profesionales previos) que tenga cómo evitar la posible agresión o criminalización del Estado”. Finalmente, hizo ver que la lucha por los derechos humanos es tarea de todos, y solo juntos y organizados “podremos ganar la batalla frente a tanta violencia, inseguridad e impunidad, el camino hacia ese horizonte de comunidad y prosperidad es, pues, algo que tendremos que seguir construyendo de la mano”.