CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como punto de partida para comenzar a revertir la grave situación de violencia, impunidad y opacidad en México, el próximo gobierno de México debe priorizar en su agenda la reforma integral del artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General de la República sea una institución eficaz, autónoma e independiente. Así lo señalaron diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en el marco de la presentación del informe "Derecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos", realizada este viernes en la Ciudad de México. Otro mecanismo contra la impunidad que realmente garantizaría el acceso a la justicia y la verdad en casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, subrayaron, es el establecimiento de un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad de acuerdo con la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La misión de ese Consejo sería proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción con miras a revertir la tasa de impunidad imperante en México, precisaron Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña–Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Además de esas organizaciones, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México demandaron que la Fiscalía General de la República cuente con una Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos, con una mesa dedicada a investigar los delitos del pasado que pertenecen al sistema penal anterior. El informe presentado este viernes, que retoma el trabajo de las organizaciones en casos como Ayotzinapa, las desapariciones en Nuevo León, la Guerra Sucia, las ejecuciones sumarias, el multihomicidio de la colonia Narvarte o casos de tortura sexual ejercida por militares, encontró que en México el derecho a la verdad se enfrenta a serias dificultades. También, que la verdad está en disputa, que el Estado tiene responsabilidad en garantizarla y que, por el contrario, ha dificultado deliberadamente el acceso a la misma. En un comunicado, las organizaciones que participaron en la elaboración del informe manifestaron que la adopción de los puntos señalados arriba debe ser un compromiso concreto de la próxima administración.