CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En lugar de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, el Estado mexicano “genera las condiciones para que la verdad de las violaciones a los derechos humanos no salga a la luz”, y ello a través de la fabricación de “narrativas mediáticas que confunden o engañan” o mediante la “intimidación de las víctimas”, denuncia un informe elaborado por Artículo 19 en colaboración con otras seis organizaciones. Otra evidencia de esta voluntad de ocultamiento, según el reporte “Derecho a la verdad en México”, reside en el uso de la tortura –“generalizado” en México, según los organismos de derechos humanos-- con el que las autoridades obligan las personas a adecuar sus declaraciones a una realidad creada por las instituciones. Las organizaciones aprovecharon la publicación del informe para resaltar la necesidad de crear una Fiscalía General de la República (FGR) “eficaz, autónoma e independiente”, así como un Consejo Asesor de expertos en derechos humanos “nacionales e internacionales”, especializados en el combate a la impunidad, con el fin de que revisen las investigaciones de las autoridades sobre casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. A lo largo de sus seis capítulos, que relatan casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos perpetradas en la historia reciente de México –Ayotzinapa, las desapariciones en Nuevo León, la guerra sucia, el multihomicidio de la colonia Narvarte o los casos de tortura sexual ejercida por militares--, el documento replantea el debate sobre el derecho a la verdad. Afirma que este derecho trasciende el simple acceso a la información y sólo se puede concretar en un espacio: la justicia penal. Por otra parte, muestra que se ve afectado por la impunidad, pues “una noción de verdad por sí sola podría ser inconsecuente si no está aparejada con sanciones”. “Históricamente, la administración de justicia en el país ha sido hermética, incluso en casos de relevancia social, para las partes directamente implicadas en los delitos, pero también para la sociedad. La incapacidad de conocer y controlar socialmente las instituciones y sus procesos, entonces, ha entremezclado el ocultamiento o secretismo con el tema de verdad”, sostiene. Hace 20 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución en la que denunció “la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación” por parte de las autoridades mexicanas, prácticas que, según el informe, “no se han extinguido”. Un ejemplo de ello, que resalta el reporte, es la llamada “verdad histórica” que presentó el entonces procurador Jesús Murillo Karam ante la opinión pública para explicar la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, misma que fue desmentida una y otra vez por organizaciones nacionales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). “Si los agentes estatales, supuestamente encargados de proteger a todas las personas, violan los derechos humanos, la confianza depositada por las y los ciudadanos en el gobierno se fractura”, advierte.