CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador Javier Corral presentó hoy ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada el 14 de diciembre por el Congreso de la Unión, tras considerar que se vulnera la esfera jurídica y competencial de los municipios de Chihuahua y la autonomía financiera y presupuestaria de la entidad. Corral acudió a la SCJN este lunes en compañía de Santiago Corcuera, abogado experto en derechos humanos y expresidente del Comité Sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y quien participó en la elaboración de la demanda. Además, acudió la politóloga Denise Dresser y Emilio Álvarez Icaza, expresidente ejecutivo de la CIDH, entre otros. A la fecha, la ley ha sido impugnada por al menos 15 actores, entre ellos la CNDH, la alcaldía de Cholula, Puebla; el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Congreso Nacional Ciudadano, el partido Movimiento Ciudadano, la comunidad de Oxchuc, Chiapas, así como por diputados y senadores de oposición. Corral es el único gobernador que se ha inconformado ante la Corte contra la LSI, pues considera que el ordenamiento violenta principios fundamentales de derechos humanos. Entre los agravios señalados destacan la invasión de la soberanía del estado de Chihuahua por las autoridades federales, vulneración de su autonomía presupuestaria y financiera; se vulnera la esfera jurídica y la competencia de los municipios del estado de Chihuahua, ya que se limitan las facultades en materia de seguridad pública, se trasgrede su autonomía y determinación constitucional y se estarían limitando derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. “Resulta particularmente preocupante para el estado de Chihuahua la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo federal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido la petición expresa de la entidad correspondiente”, acotó Corral. El mandatario panista enfatizó en el respeto que le tiene a las autoridades y a Fuerzas Armadas, pero dijo que debe acotarse su papel y permitir la profesionalización de las policías Federal y estatales en el combate al crimen organizado. Más aún, advirtió que “si ya las Fuerzas Armadas van a realizar la labor, pues toda la apuesta por un nuevo modelo óptimo de la función policial va a quedar atrás, se constituye, en términos reales, en un desincentivo a la profesionalización”.