CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Venezuela de Nicolás Maduro, “quienes disienten con el gobierno sufren represalias”, sentenció hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al señalar que la injerencia del Poder Ejecutivo en los demás poderes creó un “importante debilitamiento de la institucionalidad democrática, así como el alarmante incremento de la represión, violencia e inseguridad ciudadana”. Desde hace dos años, Venezuela se hunde en una crisis política, que se sumó a una situación de violencia -la tasa de asesinatos es de 70 por cada 100 mil habitantes, según las cifras oficiales- y a una “grave crisis económica y social”, en la que ocho de cada 10 venezolanos enfrentaban escasez de alimentos en 2016, recordó el organismo en un informe. Para lidiar con estos problemas, Maduro acalló los partidos de oposición, militarizó la seguridad pública -igual que México-, reprimió las protestas y detuvo a los manifestantes, además de que amplió sus poderes de manera discrecional, según se desprende del amplio documento publicado hoy, el cual señala las múltiples violaciones a los derechos humanos observadas en Venezuela. De acuerdo con la CIDH, los derechos políticos resultan los más afectados. Como ejemplo, cita la suspensión del proceso de referéndum revocatorio al presidente de la República -una iniciativa a través de la cual los partidos de oposición buscaron derrocar a Maduro-, la prolongada suspensión de elecciones municipales o los “graves cuestionamientos” sobre fraude en las elecciones regionales celebradas en octubre pasado. Al recibir el borrador del informe, el gobierno venezolano repudió su “visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos” y vituperó contra la metodología utilizada para su elaboración, que “excluye casi en totalidad” la información oficial. “Ningún análisis objetivo y no selectivo lleva a concluir que la situación de derechos humanos de República Bolivariana de Venezuela merezca una atención distinta al resto de los Estados partes de la Organización de Estados Americanos”, abundó Caracas. Ello no convenció a la CIDH, que incluyó la situación en Venezuela en el Capítulo IVB de su Informe Anual para 2017, el cual se activa cuando existe una “violación grave” a la democracia representativa, una “alteración del orden constitucional”, un “ejercicio abusivo del poder”, la “suspensión ilegítima” de derechos o una “grave crisis institucional”, entre otros. Represión, tortura, censura… La CIDH denunció el “paulatino deterioro” en la institucionalidad democrática de Venezuela desde 2015, el cual “tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos” y en los “altos niveles de corrupción” que se alimentan de la impunidad. Los expertos señalaron de manera insistente las medidas que tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -sometido al Ejecutivo, según la CIDH- para desactivar la Asamblea Nacional (AN) cuando los partidos de oposición tomaron control de la mayoría de sus asientos, y que se fueron agravando a lo largo del año pasado. Después de quitar el fuero a los diputados y establecer que sus decisiones constituían una “traición a la patria”, el TSJ amplió sus poderes al gobierno de Maduro, el cual creó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que asumió de facto la labor legislativa. En verano pasado, se multiplicaron las manifestaciones para protestar contra estas medidas y contra la escasez de productos de primera necesidad en Venezuela, las cuales derivaron en violentos enfrentamientos. La CIDH denunció que la represión gubernamental afectó “gravemente” el derecho a la protesta civil: condenó el “uso excesivo de armas de fuego directamente contra manifestantes”, el “uso indiscriminado de bombas lacrimógenas”, así como el despliegue de militares en el control de las marchas. “Miles de personas fueron detenidas por manifestarse públicamente (…) sin orden judicial ni flagrancia, de camino, durante o luego de una manifestación, o incluso sin participar en ellas”, insistió el organismo, que denunció además “actos de tortura, otros malos tratos y violencia sexual” en los centros de detención. Aunado a ello, los expertos señalaron los ataques del gobierno contra la libertad de expresión, que se manifiesta según el informe en la “censura y el cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas, y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal”. En su informe, la CIDH denunció la injerencia del gobierno en prácticamente todas las esferas del Estado. No sólo observó la falta de independencia del Poder Judicial -debido, entre otros, al nombramiento discrecional de los jueces y a las presiones ejercidas sobre ello-: también se alarmó ante la intromisión del gobierno Bolivariano en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio Público (MP) o la Defensoría del Pueblo, entre otros.