Una ejecución en el entorno corrupto de César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La ejecución del empresario Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez con más de 10 disparos en septiembre de 2014 dejó dudas que no fueron resueltas por la administración de César Duarte Jáquez ni por la de Javier Corral Jurado.

Anchondo fue favorecido por el gobierno duartista como proveedor, como beneficiario de la construcción del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam) para policías estatales en más de 35 mil hectáreas, que no se utilizó, y es señalado por productores del acuífero El Sauz-Encinillas como prestanombres de propietarios de predios que utilizan agua de pozos sobreexplotados.

También dueño de gasolineras, Anchondo fue asesinado la noche del 22 de septiembre de 2014 en la ciudad de Chihuahua, después de la visita del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien inauguró el Cedefam con Duarte.

El empresario viajaba en su camioneta pickup GMC Denali color guinda, cuando un comando armado lo emboscó en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda y La Junta, para acribillarlo con fusiles AK-47 y calibre 9 milímetros.

Más de dos años y medio después, su hijo Martín Anchondo Ronquillo, de 29 años, se encontraba en su casa del fraccionamiento Puente de Piedra, donde tuvo una discusión fuerte con su escolta Edgar Omar Carreón Macinas, quien lo mató y se suicidó al verse rodeado de soldados y policías.

Los agentes ministeriales catearon la vivienda de Anchondo Ronquillo, donde hallaron drogas y armas de fuego. Los primeros reportes policiacos indicaron que se trataba de una casa de seguridad.

Además, tras la ejecución de Anchondo Ordóñez en 2014, el entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Enrique González Nicolás, declaró que la línea de investigación más fuerte era el involucramiento del empresario en el robo de hidrocarburos.

Las investigaciones iniciales de la FGE indicaron que compraba gasolina a una red de delincuentes dedicados a abrir tomas clandestinas de gasolina y les debía 5 millones de pesos.

En ese entonces no se aclaró que Anchondo Ordóñez era uno de los principales proveedores del gobierno estatal en varios giros ni se difundieron resultados concretos de la indagación.

Durante varios meses la reportera solicitó al área de comunicación social de la FGE información sobre el avance de la averiguación correspondiente, pero no hubo resultados.

No obstante, este semanario averiguó que en 2012 Anchondo Ordóñez fue dado de baja como proveedor de maquinaria pesada seminueva del ayuntamiento de Cuauhtémoc, por incumplimiento de contrato (MCU-CAAS-03/2011), pero continuó surtiendo al gobierno de Duarte.

En agosto de 2014, el entonces gobernador priista pidió al Congreso del estado que autorizara la desafectación del régimen de dominio público de un inmueble ubicado en la reserva Robinson de la capital del estado.

En la superficie de 35 mil hectáreas se encontraba un balneario, llamado Robinson, que fue transformado en el Cedefam. Al personal de la FGE se le descontaba una cantidad mensual por el derecho de usarlo, pero nunca funcionó. Esto ocasionó inconformidad e incluso manifestaciones al final del sexenio de Duarte.

La actual fiscalía tampoco dio a conocer el estado en el que recibió el inmueble.

Los diputados de la legislatura pasada cedieron a Anchondo Ordóñez la propiedad del gobierno estatal, que está dividida en dos polígonos, según el decreto 518/2014 IV P.E, publicado en el Periódico Oficial del Estado. El predio está inscrito con el número 106, folio 106 del libro 3309 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Morelos, en Chihuahua.

Duarte pidió que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cuyo titular era el también priista Guillermo Márquez Lizalde, se realizara “la traslación de dominio y titularidad del derecho de propiedad respectivos a la enajenación a título oneroso del señor Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez”.

El Ejecutivo envió al Congreso, el 13 de mayo de 2014, el oficio con el decreto mediante el cual se establece que el 24 de febrero de 2000 el gobierno estatal adquirió una reserva territorial en el ejido Robinson del municipio de Chihuahua.

“En esa reserva se han otorgado terrenos a diferentes sectores de la sociedad, con usos habitacionales, comercial, áreas de equipamiento y servicios para la cual se contó en su momento, con las autoridades (…) en razón de que existen compromisos de gobierno del estado para seguir dotando de espacios en dicha reserva territorial, el caso concreto con el señor Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez, es el motivo por el que solicitamos al Congreso su autorización para enajenar el título oneroso a dicho predio, una superficie de 35, 506.20 metros cuadrados”, dice a la letra el documento aprobado por los diputados locales en agosto siguiente.

El 8 de marzo de 2000 la adquisición de dicha superficie fue avalada por las siguientes secretarías: Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Salud, Agraria, y de Turismo, así como por el Banco de México y el Tribunal Superior Agrario.

“La Secretaría Agraria exporta una superficie de 829-10-26-50 hectáreas de agostadero común y de temporal de uso individual de terreno del ejido Robinson”, especifica el decreto de Duarte.

Antes de eso, en 1999, el gobierno del estado pidió a la Secretaría Agraria la expropiación del terreno para promover el desarrollo y equipamiento urbano, para lo cual indemnizó a 60 propietarios con más de 41 millones de pesos.

El empresario también era dueño de yonkes o deshuesaderos junto con su hermano César Anchondo Ordóñez; además de proveedor gubernamental de material de construcción, edificación de obras en general, terracería, pavimentación, venta y renta de maquinaria pesada, entre otros rubros.

En 2014 obtuvo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas los contratos 115, 123, 131, 151, 153, 154, 155, 163, 166, 167, 168, 169, 107, 171, 172, 175, 180, 460, 461, 470, y otros 20.

Con la Secretaría de Hacienda quedaron registrados los contratos C-15-13730, C-14-13730, A-29-137730 y B-29-13730.

Prestanombres

Durante el sexenio pasado, en la región de El Sauz, municipio de Chihuahua, se otorgaron varios permisos para explotar pozos para el riego de nogales y alfalfa, cultivos que según los productores locales absorben más agua que otros.

Los ejidatarios denuncian que Anchondo, como otras personas, adquirió terrenos a bajo precio para cultivar en esa zona tradicionalmente nogalera. Afirman que el empresario sembró alrededor de 3 mil árboles que se mantenían –como los cultivos de miles de propietarios así favorecidos por las autoridades estatales– del acuífero El Sauz-Encinillas, del que depende 50% del abasto de la capital.

El 3 de mayo de 2013 la agencia Apro dio a conocer que la disputa por el agua tenía confrontados a ganaderos y agricultores en varios poblados de la región por la sobreexplotación de pozos y el cambio irregular de uso de suelo de ganadero a agrícola.

En el sexenio de Duarte se interpuso una demanda porque las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Junta Central del Agua y Saneamiento (JCAS) privilegiaron el riego agrícola ilegal a costa del uso doméstico y, según los denunciantes, beneficiaron entre otros particulares al agricultor Sergio Aguilar Weber.

Meses después, los promoventes también señalaron a Anchondo Ordóñez como prestanombres de funcionarios beneficiados con esos permisos.

En 2013 los productores le advirtieron al delegado de la Conagua, Alexandro Lebarón González, que esa situación podría tornarse violenta, pues tan sólo ese año había 31 denuncias por los pozos construidos ilegalmente en la comunidad de San Agustín, de la misma región.

Los inconformes señalaron también que hombres armados vigilaban los pozos de los particulares e impedían que los productores se acercaran a sus predios.

Al enterarse de la situación, el entonces presidente de la JCAS, Raúl Jabalera Leal –uno de los principales colaboradores de César Duarte– confirmó que trabajadores de su dependencia tenían que ir escoltados cuando iban a esa zona para hacer alguna diligencia.

Indicó asimismo que la JCAS tenía un convenio con la FGE para rastrear acueductos en El Sauz, así como en San Rafael, municipio de Urique, y en San Juanito, Bocoyna.

Jabalera Leal agregó que en esos recorridos también participaba personal militar, de la Conagua y de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque descartó que ellos fueran quienes amenazaban a los productores.

Según éstos, el acuífero en la propiedad de Aguilar Weber está conformado por 12 pozos en una superficie de 200 hectáreas, y la JCAS redujo en 50% el suministro de agua a la capital a fin de conectar a la red seis de los pozos ubicados en el ejido de Sacramento e incluir los de Aguilar Weber, pero los productores lo impidieron porque ponía en riesgo a las familias que viven alrededor y dependen del uso agrícola y doméstico del agua.

Recalcan que este recurso natural fue sobreexplotado con la complicidad de autoridades estatales y federales a partir de 1994, cuando se violó la veda establecida en 1978, y la extracción continúa.

El predio de Aguilar Weber está a la altura del kilómetro 40 de la carretera a Ciudad Juárez y a cuatro kilómetros de la carretera. Los productores que se encuentran más cerca de la carpeta asfáltica no se explican por qué no se les ha dado permiso para explotar pozos.

Según los productores, los nogales, alfalfa y la avena requieren mayor cantidad de agua para su riego, y es lo que sembraron los particulares que se convirtieron en ejidatarios o productores de la zona el sexenio pasado, cuando otras superficies cercanas carecen de líquido suficiente.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2013 había en esa región entre 600 mil y 700 mil nogales, y su número se ha incrementado desde entonces.

Este texto se publicó el 11 de febrero de 2018 en la edición 2154 de la revista Proceso.

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