MONTERREY, NL (apro).- El abogado e investigador Diego Valadés Ríos cuestionó la constitucionalidad de la licencia que pidió el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, para inscribirse como aspirante independiente a la presidencia de México, al considerar que los seis meses que se separará del cargo es plazo insuficiente para considerarse elegible para el puesto que pretende. Por ello, dice, la única vía que tiene para registrarse como candidato oficial, es renunciar al puesto de manera definitiva, pues el proceso electoral continúa aún después del día de los comicios y, para entonces, ya habrá retomado su investidura de mandatario y, por lo tanto sería inelegible, en el supuesto que ganara. En un artículo que publica en Reforma, quien fuera Procurador General de la República explica que, para apuntarse como precandidato, y emprender la recolección de firmas que le pide la autoridad electoral, “El Bronco” pidió licencia de seis meses en el Congreso de Nuevo León, a partir del 31 de diciembre del 2017. De esta forma, de acuerdo al razonamiento de Valadés, Rodríguez debería regresar al puesto el 1 de julio, día de los comicios presidenciales y, en caso de que obtuviera la anuencia del Instituto Nacional Electoral para competir como candidato sin partido, ese día reasumiría sus funciones como mandatario, lo que le impediría, por Ley, participar en la jornada comicial. El catedrático explica que el Artículo 92 de la Constitución nuevoleonesa establece: “Nunca se concederá al Ejecutivo licencia con el carácter de indefinida ni tampoco por un tiempo mayor de seis meses. Si concluida la licencia no se presentare el gobernador, será llamado por la Legislatura o Diputación; y si no compareciere dentro de diez días, cesará en su cargo...”. “En tanto que la licencia es por un máximo de seis meses improrrogables, ¿tiene facultades el INE para registrar como candidato a un gobernador que el 1 de julio, día de los comicios, deberá reasumir el cargo conforme a la Constitución de su Estado? Según la jurisprudencia obligatoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el registro sería inconstitucional”. Sobre este punto, el investigador hace referencia a la Jurisprudencia 14/2009 del Tribunal, que determina que la separación del cargo comprende todo el proceso electoral, para evitar que los candidatos puedan disponer ilícitamente de recursos públicos durante el mismo proceso, como podría ocurrir en el supuesto de que el nuevoleonés regresara a la gubernatura al finalizar la elección. Aclara el doctor en Derecho por la Universidad Complutense que el Artículo 208 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso electoral comprende la jornada electoral, pero también, cómputos, resultados, dictamen y declaración de validez de la elección, etapas que se prolongan hasta después del 1 de julio. Precisa en el artículo: “En el caso de la elección presidencial el proceso concluye en septiembre, con la declaratoria de quien haya obtenido la mayoría de los sufragios”. Por ello, explica, ni él ni algún otro candidato está en posibilidad constitucional de reasumir una gubernatura estatal antes de septiembre, “por lo que el INE sólo podría registrar la candidatura de un gobernador si su separación legal del cargo tuviera vigencia hasta esa fecha, en acatamiento de la jurisprudencia del Tribunal”. Al abundar en el punto, comenta que el 1 de julio por la noche, cuando Rodríguez se convierta otra vez en gobernador de Nuevo León, apenas se conocerán los resultados preliminares de la jornada electoral. “Se violaría el principio de equidad electoral fijado por la Constitución, la ley y la jurisprudencia, en perjuicio de los demás candidatos presidenciales, si uno de ellos dispusiera de los recursos políticos que resultan del gobierno de un Estado para impulsar las acciones de sus representantes durante el cómputo nacional, y si en el contencioso electoral pudiera actuar desde una posición de poder”, expone. Finalmente, refiere que la única manera que “El Bronco” tiene para contender legítimamente en las elecciones de este año y aspirar a un triunfo legal, es si renuncia a la gubernatura de manera permanente. “Toda vez que la Constitución local no permite ampliar la licencia, el gobernador aspirante a la candidatura sólo puede formalizar su registro previa separación definitiva del cargo. De otra manera el registro inconstitucional de un candidato podría poner en riesgo la legitimidad de la elección presidencial”, concluye. Como aspirante independiente, figura incluida en la Ley a partir del 2014, Jaime Rodríguez ya consiguió la cantidad de respaldos mínimos que le demandaba el INE, en número y en dispersión por estados. Aún falta que la autoridad avale la legitimidad de las simpatías captadas y le otorgue la candidatura.