CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de ser elegido como consejero del Comité Ciudadano Anticorrupción en Chihuahua, Joaquín Gilberto Treviño Dávila renunció a su cargo ante la polémica que desató su comentario sobre los homosexuales, a quienes llamó “maricones”. “(…) Y de obra pública no tienen nada porque los legisladores no se han preocupado en actualizar y modernizar ese sistema (…) porque usted abre la ley de adquisiciones y se encuentra con 80 artículos, ¿cómo le llaman los abogados?, clausurados, anulados, abrogados, derogados. ¿Pues para qué la tienen? ¡Ah!, pero están muy preocupados en emitir leyes para ver cómo le hacen para quitarle el nombre y el apellido al acta de nacimiento o cómo le hacen para casarse entre maricones o qué se yo. Son situaciones que no podemos permitir, hay cosas fundamentales aquí que hay que cambiar”, sostuvo en un video. El material audiovisual es parte de la grabación oficial de la entrevista que le realizó la Comisión Seleccionadora el pasado sábado 10 y que se hizo pública hasta que Treviño recibió el nombramiento de consejero. Las declaraciones de Treviño generaron doble indignación: por lo despectivo de la referencia y por el hecho de que se le seleccionara como consejero, pese a la expresión utilizada para referirse a los homosexuales. A nombre de todas las fracciones en el Congreso local, la diputada perredista Crystal Tovar solicitó que fuera destituido del cargo por sus comentarios homofóbicos y exigió al Ejecutivo una sanción. Tras su renuncia, Treviño Dávila ofreció una disculpa: “Si mi expresión resultó ofensiva, ofrezco mis más sinceras disculpas por tal acción involuntaria, la cual nunca fue con la intención de dañar a nadie”. En un pronunciamiento emitido ayer, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena subrayaron: “¿Quiénes somos los servidores públicos? La misma Constitución Local en su artículo 178 nos lo aclara: aquellas personas que son funcionarias y empleadas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado, de los Organismos Autónomos, de los municipios, entidades paraestatales y, en general, toda persona que desempeñe en las entidades mencionadas un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza (…). “Es por ello que al elegirlas se hace declarar una protesta de cumplir y hacer cumplir la Ley, porque es una gran responsabilidad dejar descansar la esperanza de un pueblo sobre los hombros de una sola persona. Este es fondo y el espíritu que mantiene trascendente al Estado. “No obstante, estamos ante la decadencia de este espíritu, como lo pudimos observar en el proceso que la comisión de selección llevó a cabo para definir al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. “La comisión elegida, bajo el supuesto de buena fe, de que al ser ciudadanos vendrían a subrayar la imparcialidad y respeto a las normas, que se cree nos limita el ser partidarios a una ideología, nos ha puesto en evidencia algo aún más profundo: la falta de legalidad y respeto a los derechos humanos está enraizado en la sociedad misma. “(…) Su función era solamente elegir, bajo la reflexión razonada y con la luz del orden constitucional, a la mejor persona posible para ocupar un puesto de vigilancia del cumplimiento de la Ley. “Y podemos evaluar directamente su elección. Han designado a una persona carente de sensibilidad, respeto y ética para con las personas. “(…) En menos de un minuto de entrevista, se puede observar que además de homofobia, el comisionado electo ignora por completo lo que sucede en su entorno y lo que la ley dicta”. Los diputados de las distintas fracciones hicieron un llamado a la comisión de selección “para que tome con la seriedad necesaria su papel y rectifiquen sus decisiones destituyendo a la persona en comento, así como al ciudadano que está queriendo asumir una responsabilidad para la cual no está preparado, para que dimita en su deseo por acceder al poder, y permita que alguien con verdadera probidad y prestigio pueda asumir dichas funciones”. También demandaron al Poder Ejecutivo del estado, a través de la Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que sancione esa conducta, toda vez que es violatoria de los artículos 4, 9 fracciones XVIII, XX, XXXI y XXXII de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado de Chihuahua. Además, que tome en consideración las denuncias que se presenten por el delito de discriminación contemplado en el artículo 197 del Código Penal.