CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador Javier Corral Jurado dio a conocer que interpondrán los recursos legales que correspondan para defender la competencia estatal y combatir la estrategia de impunidad del gobierno federal. El anuncio lo dio en video a través de sus redes sociales, luego de que el juez de Distrito, Gerardo Moreno determinó que la justicia federal debe atraer los procesos penales por peculado agravado contra el exsecretario general adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Enrique Antonio Tarín García. Corral dijo que la resolución de un juez federal que pretende quitarle a Chihuahua la competencia sobre esos casos de corrupción política, no es definitiva y advirtió que defenderá la competencia estatal porque la resolución es contraria a derecho, está forzada en sus argumentos y carece de fundamentación y motivación La Fiscalía General del Estado, dijo, interpondrá los recursos pues el juez federal pretende quitar la competencia del estado de Chihuahua, para conocer los casos del exsecretario general del PRI nacional y del exdirector de Adquisiciones en el gobierno de César Duarte, lo que es contrario a derecho, está forzado en sus argumentos y carece de fundamentación y motivación. “Esta resolución del juez es la continuación de una maniobra orquestada por las autoridades federales para desactivar las investigaciones que el Estado de Chihuahua ha emprendido y que han exhibido el modus operandi de la corrupción política y el pacto de impunidad que la protege”, denunció el mandatario. En el video el gobernador llamó al pueblo de Chihuahua a que no se deje "engatusar" por la campaña de desinformación que desde el gobierno federal opera en su contra. Insistió en que la resolución no es definitiva porque será un juez local, en este caso el juez de la causa, quien se pronuncie por aceptar o rechazar la competencia que indebidamente se adjudicó el juez federal Moreno García, "quien por cierto tiene su sede en la ciudad de México, y no en Chihuahua, donde se ejecutó el delito". Si el juez local no admite la resolución del juez federal, iniciaría un juicio para dirimir el conflicto por la competencia, que resolvería un Tribunal Colegiado de circuito del Poder Judicial de la federación. “Confiamos plenamente en la contundencia de los argumentos de los ministerios públicos del Estado de Chihuahua, a quienes vuelvo a felicitar por su trabajo leal y riguroso; y con ello puedo asegurar que Alejandro Gutiérrez seguirá enfrentando la justicia en Chihuahua y será reparado el daño que él y otros, incluidos el exgobernador Duarte, causaron al patrimonio del pueblo de Chihuahua. Que nadie tenga duda: haremos todo lo necesario para que así sea”, sentenció Corral. Asimismo, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ha mostrado "una inusitada actividad encaminada a arrebatar al estado de Chihuahua, aquellos asuntos judiciales y en investigación, que han evidenciado la existencia de corrupción sistemática en donde pudieran existir personas ligadas al más alto nivel del gobierno de la república". El mandatario panista hizo énfasis en su oposición a la pretensión de quitarle el carácter de ofendido del delito a los chihuahuenses para darle esa condición a la federación, que hasta la fecha no ha hecho nada, ni tiene interés en perseguir y combatir la corrupción en el país, menos con el caso de César Duarte, al que siguen protegiendo. “Quiero informarles que el gobierno de Chihuahua posee información fidedigna y privilegiada, de que, desde la Procuraduría General de la República se organizó previamente la estrategia, y en una reunión se instruyó a los ministerios públicos federales, para que se llevara a cabo la audiencia a como diera lugar para lograr ‘jalar el asunto", acusó. En esa reunión participaron altos funcionarios, incluido un subprocurador, según personal de la propia dependencia, agregó. Los ministerios públicos federales estuvieron actuando como coadyuvantes en la defensa de Alejandro Gutiérrez y Antonio Tarín, este último comparte la defensa con el prófugo de la justicia César Duarte Jáquez, denunció. “El concierto entre los abogados de la defensa y la propia Procuraduría General de la República, es evidente en la sincronía de los escritos y en las etapas procesales”, abundó. Dio a conocer que, de última hora, en el Poder Judicial decidieron hacer un cambio del juez que originalmente debería conocer del asunto, es decir Marco Antonio Fuerte Tapia. “En su lugar pusieron al juez Gerardo Moreno García, quien casualmente es el mismo que está tramitando el proceso en contra de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, a quien le ha venido descargando de acusaciones”. El juez Gerardo Moreno García, explicó Corral, dice que como los 246 millones de pesos que se triangularon a través de contratos simulados estaban destinados al rubro de educación, esto implica una afectación a la federación, invocando la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Educación. Sin embargo, aclaró, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió el 10 de noviembre pasado un dictamen en el que se pronuncia sobre esos contratos simulados, e indicó que están en el ámbito local, documento del que tuvo conocimiento el juez Moreno García. Javier Corral añadió que otros jueces de Distrito, del mismo Poder Judicial de la federación, han ratificado, en cuatro distintos juicios de amparo promovidos por la propia defensa, que los hechos imputados por la FGE a Alejandro Gutiérrez y a Antonio Tarín constituyen el delito de peculado del fuero común, y por lo tanto es de exclusiva competencia de las autoridades locales.