Familiares de desaparecidos reclaman 20 mdp por reparación a la Procuraduría de NL

Familiares de desaparecidos en Nuevo León. Foto: Víctor Hugo Valdivia Familiares de desaparecidos en Nuevo León. Foto: Víctor Hugo Valdivia

MONTERREY, NL (apro).- Familiares de tres personas desaparecidas promovieron hoy un recurso para demandar de la Procuraduría estatal el pago de 20 millones de pesos, en conjunto, como reparación por el daño que la ausencia ha generado a parientes de las víctimas.

Los desaparecidos son Nicolás Flores Reséndez, César Guadalupe Carmona Alvarado y Roy Rivera Hidalgo, por cuyos casos ya se pronunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos /CEDH), a través de las recomendaciones 6/2017, 7/2017 y 15/2017, mismas que evidencian omisiones y procedimientos deficientes de la entidad investigadora estatal.

En rueda de prensa, Maricela Alvarado, Luisa Castellanos y Irma Hidalgo, esposas y madre de los desaparecidos, señalaron que, según las resoluciones de la CEDH, personal de la dependencia que actualmente dirige Bernardo González “vulneró los derechos de las víctimas y las personas ofendidas en relación con el acceso a la justicia”.

También encontró el órgano un retardo injustificado de la Procuraduría en la integración de las averiguaciones previas, y aunque en estos casos no se ha determinado que las desapariciones son imputables al estado, las omisiones y la actividad administrativa irregular por parte de la dependencia resultaron en un perjuicio para las víctimas, pues nunca inició correctamente el proceso de búsqueda, lo que ocasiona que aún no sean sido localizadas.

Para cuantificar la reparación del daño, una estimación que denominaron “lucro cesante”, el abogado que las asesora se basó en el derecho internacional, en la Ley General de Atención a Víctimas y en peritajes psicológicos de personas que han resultado seriamente lastimadas por la falta de sus seres queridos, explicó Hidalgo.

“El lucro cesante es todo lo que no han percibido los niños de dos familias de sus respectivos padres desaparecidos, a partir del siguiente día de la desaparición, hasta que se jubile. El cálculo es por todo lo que han dejado de percibir los niños, quienes son responsabilidad de las madres y las abuelas”, expuso la madre de Roy Rivera, creadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl), que respalda la demanda.

Igual aclaró que el recurso que presentaron contra la Procuraduría no es por las desapariciones, es por el daño moral y económico que se ha provocado a las familias, en sus proyectos de vida, por las omisiones en el deficiente trabajo ministerial.

Las mujeres señalaron que la Procuraduría tiene tres meses de plazo para responder y, con base en ello, determinarán cuál es el procedimiento a seguir.

Finalmente, mencionaron que otras familias de Fundenl ya preparan sus propios reclamos legales similares al gobierno estatal por otros casos de desaparecidos.

Este caso es el primero de su tipo que se presenta en el país, apuntó Irma Hidalgo.

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