MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CDHEY) informó que durante 2017 sancionó a 215 funcionarios públicos y denunció a 51 ante el MP por incurrir en presuntos hechos delictivos. En su informe anual ante el Congreso local, el secretario ejecutivo del organismo, Miguel Óscar Sabido, detalló que 215 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados con amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos, por violaciones a los derechos humanos. Sabido Santana, quien temporalmente está a cargo del despacho de la presidencia, precisó que del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado la CODHEY recibió un total de 4 mil 181 solicitudes de atención, es decir, un promedio de 11 asuntos por día. En atención a estos hechos, se integraron mil 390 expedientes de gestiones y se lograron 114 conciliaciones. Asimismo, se integraron 386 quejas, un promedio de 32 por mes y, debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, y que se denunciaron a través de medios de comunicación, se iniciaron de oficio 21 expedientes. Los hechos violatorios más recurrentes fueron la prestación indebida del servicio público, 266; detención arbitraria, 266; violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 246; amenazas, 90; robo, 72; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 68; retención ilegal, 67; allanamiento de morada, 66; violación a los derechos de los niños, 57; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad, 49. Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron las secretarías de Seguridad Pública con 212; de Educación, 29; ayuntamiento de Progreso, 27; la Fiscalía General Justicia del Estado, 22; ayuntamiento de Kanasín, 15; ayuntamiento de Izamal, 10; ayuntamiento de Mérida, ocho; Servicios de Salud de Yucatán, ocho; ayuntamiento de Seyé, seis y ayuntamiento de Tekax, seis. Dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 128 medidas cautelares a un total de 28 autoridades, de las cuales 110 fueron aceptadas, es decir, 86% de las medidas dictadas. Asimismo, se interpusieron ante el MP un total de 51 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que, además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos. Igual se concretaron 208 diligencias en relación con el incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente ante autoridades. Aparte, se emitieron 34 recomendaciones, de las cuales 33 específicas dirigidas a un total de 15 autoridades distintas y una general dirigida a los 106 municipios del estado. Las autoridades objeto de recomendaciones fueron SSP, ocho; FGE, cuatro; alcalde de Progreso, tres; cabildo de Tekax, dos; Cereso de Mérida, dos; munícipes de Oxkutzcab, Peto y Tzucacab con dos cada uno. Además, Secretaría de Salud, dos; Educación, una, y a los presidentes municipales de Acanceh, Dzidzantún, Kinchil, Temax y Tizimín, una a cada uno. Sobre la recomendación general, en la que exhortó a los ayuntamientos a realizar las modificaciones urbanas necesarias para garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad en edificios e instalaciones públicas, se dijo que al momento sólo 26 están en proceso de dar pruebas de cumplimiento. También informó que los cuatro penales obtuvieron una calificación aprobatoria de 6.94, con lo que Yucatán se ubica en el lugar número 10 de los 32 estados de la república. Las calificaciones por centro fueron: 8.12 del femenil; 6.81 el de Mérida; 6.73 de Ebtún, y 6.08 el de Tekax. Se realizaron 106 visitas de supervisión a las cárceles municipales, donde se observó que 70% no cumplen con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ni con los Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión. Es decir, “carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas, no se les practica ninguna valoración médica, presentan deficiencias en cuanto a higiene, ventilación e iluminación tanto artificial como natural, las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles municipales o carecen de personal médico”, entre otras. Las 10 cárceles que presentaron mayores deficiencias fueron las de los municipios de Tzucacab, Ticul, Abalá, Tecoh, Chacsinkín, Acanceh, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y Dzan. De igual manera, se reconoce las mejores en las de Suma de Hidalgo y Buctzotz. Asimismo, se realizaron 115 visitas de supervisión a centros de salud ubicados en los diversos municipios y comisarías del estado, siendo los 10 centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, los ubicados en los municipios y comisarías de Sanahcat; Tunkás, Yobaín, Hocabá, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá, Emiliano Zapata (comisaría de Valladolid) y Tzucacab.