Televisora oficial de Sonora concentra 15% de lo desviado por Sedatu a universidades y televisoras

Las oficinas de Telemax en Hermosillo, Sonora. Foto: Google Maps Las oficinas de Telemax en Hermosillo, Sonora. Foto: Google Maps

HERMOSILLO, Son (apro).- Tras la revisión del ejercicio fiscal 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) canalizó 271 millones 891 mil pesos a la televisora oficial del gobierno de Sonora, Telemax.

Según el informe entregado por ese organismo el pasado martes 20, del total de mil 747 millones de pesos desviados por la dependencia federal a universidades y televisoras estatales, mecanismo conocido como Estafa Maestra, la empresa con razón social Televisora de Hermosillo SA de CV concentra 15.5%.

Telemax –de acuerdo con la auditoría 16-E-26002-12-1794 1794-DS-GF– violentó el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), al firmar dos convenios (uno general y otro comercial) con la Sedatu y no contar “con los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos”.

Esta incapacidad, destaca el dictamen, permite esquemas para simular los servicios y las adquisiciones.

Telemax, añade, subcontrató a nueve empresas que a su vez subarrendaron servicios a otras 22 que nunca tuvieron una relación directa con la televisora sonorense. “Es importante resaltar que todo el contacto con las empresas subcontratadas fue por correo electrónico y mensajería”, puntualiza.

La televisora estatal, insiste, “no contaba con la capacidad para desarrollar los proyectos solicitados por la Sedatu”, sin embargo, cerró ese par de convenios y luego redirigió el dinero a las nueve empresas subcontratadas.

Además, violentó el artículo 4 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, que limita a los proveedores a que los contratos con terceros tengan un límite máximo del 49% del monto total, no obstante, Telemax subarrendó el 98.5% (267.7 millones) de lo convenido con la dependencia federal.

No sólo eso, Telemax y su director general, Daniel Hidalgo, se prestaron al doble juego financiero de la Sedatu, pues el convenio sonorense, que consta de 17 órdenes de trabajo, es similar a uno que se firmó en Quintana Roo.

Es decir, únicamente en 2016 la secretaría encabezada por Rosario Robles pagó por el mismo trabajo 271.8 millones de pesos en Sonora y más de 171.7 millones de pesos al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, según la auditoría 1792-DE.

Daniel Hidalgo aseguró a personal de la ASF que en ese momento la empresa oficial a su cargo contaba con la capacidad técnica, material y humana para realizar los servicios solicitados por la secretaría al 100%. Sin embargo, la televisora incumplió con el convenio y subcontrató los servicios solicitados.

Por su parte, la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano se deslindó de toda responsabilidad fiscal de Telemax y la dependencia federal.
“Las observaciones se las hicieron a Sedatu y por supuesto la televisora tendrá que aclarar el tema correspondiente con apego a la legalidad”, justificó.

Ramón Moya, el recién nombrado titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en Sonora, sostuvo que Telemax no incurrió en irregularidades estatales en la Cuenta Pública 2016, porque los prestadores de servicio contratados tienen vigentes sus registros fiscales.

Pero, aun así, anunció que en marzo próximo se practicará una nueva auditoría fiscal a Telemax, dado que aún restan más de 40 millones de pesos por ser revisados, debido a que la Sedatu contrató a la teledifusora estatal en 2016, pero algunos de los servicios fueron pagaderos hasta 2017.

Empresas fantasma

La televisión oficial de Sonora firmó un contrato por 143 millones de pesos con Publicidad Natnit SA de CV, pero la empresa no se encuentra en el domicilio fiscal que exhibe en las facturas emitidas.

Esta compañía, la gran ganadora en la triangulación, contrató a seis empresas: Comercializadora Telaraña SA de CV, Compu Draz Comercializadora SA de CV, Maderas Finas del Golfo SA de CV, Servicios Imperiales Sial SC, Servicios Myla SA de CV y SOFT4U, S.C.

En la lista de negociaciones con Telemax también aparece Aghata Líderes Especializados SA de CV, que logró convenios comerciales por 105.8 millones de pesos, y el 19 de julio de 2017 se informó que tenía su domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sin embargo, se trata de una casa abandonada, sin la evidencia de activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios derivados del contrato que suscribió con la empresa oficial.

Siguiendo con el patrón de desvíos, Aghata Líderes Especializados subarrendó los servicios de nueve prestadores de servicios: Capacitaciones Golden Mark, Capacitadora Fema, Casa Comercializadora Menzen, Comercial Chiapas Es Sur, Comercializadora Manmatrec, Edificios Emporio Total, Laika Brank Comercial, Servicios Bezubi y Verina Edificaciones. Todas estas corporaciones son Sociedades Anónimas de Capital Variable (SA de CV).

El tercero en la lista es MB Excelencia Comunicación SC, que ganó contratos por 9.6 millones de pesos, aunque –según lo establece la diligencia del 4 de julio del año pasado– no estaba en condiciones para desarrollar los trabajos convenidos, por lo que subarrendó los servicios de Diper Designers LLC en Orlando, Florida, así como de Media Más SA, Glynn Mexicana SA de CV e Inovaprise SC, empresas a las que pagó 7.2 millones, 75.2% del total recibido de parte de Telemax.

El peritaje fiscal indica que Consulta y Estrategia Política SA de CV obtuvo 4 millones de pesos en esta repartición de recursos, y el 13 de julio pasado informó a la ASF que para la prestación de servicios de reclutamiento, selección y suministro de personal celebró un contrato con Heyman Asesores SA de CV, de lo que se desprende que el proveedor no contaba con la capacidad para el trabajo encomendado, y se inició un procedimiento para la imposición de multa porque no proporcionó la información en el tiempo establecido.

En el mismo esquema se encuentra Arquine SA de CV, beneficiada con 2.2 millones de pesos por parte de la Sedatu en la triangulación con Telemax, que “pagó recursos públicos a una persona moral que no le desarrolló trabajos o prestó servicios, y no se justifica el monto transferido”.
En iguales circunstancias se encuentra El Universal Compañía Periodística, S.A. de C.V. El llamado “Gran Diario de México” se coló con 1.1 millones de pesos, pero nunca se vio con directivos de Telemax y no está justificado su cobro.

Editorial Constituyente SA de CV tuvo también 1.1 millones en ganancias al desviar estos recursos a Expansión SA de CV. El pasado 6 de julio, personal de la ASF acudió a su domicilio impreso en las facturas, pero el número buscado no existía, además de que sólo se sabe de la negociación a través de internet.

Los últimos convenios se firmaron con SPIN Taller de Comunicación Política SC, que se llevó 406 mil pesos, y la Revista México Social SA de CV, que obtuvo 116 mil pesos.

SPIN Taller de Comunicación Política SC dio un informe parcial a los auditores el 21 de julio de 2017, por lo que se estableció que se dedica a “otros servicios profesionales, científicos y técnicos”. Sin embargo, exhibió facturas relacionadas con la propuesta de notas y posteos en redes sociales, así como logística de giras internacionales. En ese sentido, se determinó que Telemax realizó operaciones con una empresa que no corresponde a los trabajos solicitados.

Sobre la Revista México Social SA de CV, la ASF destacó que el 27 de junio de 2017 se acudió al domicilio que aparece en las facturas emitidas por el proveedor, pero no se localizó a la empresa y tampoco se pudo realizar la visita, “toda vez que el domicilio se encuentra ocupado por un médico”. Esta empresa, además, transfirió la totalidad de los recursos públicos al Instituto CEIDAS SC.

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