CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, defensores de derechos humanos pidieron a los gobiernos de América Latina instrumentar medidas para evitar el desplazamiento interno. En nombre de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de la región, el ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez solicitó al organismo su acompañamiento para exigir que se reconozca la existencia de ese fenómeno y se legisle sobre el mismo; además, presentó un decálogo de propuestas para mejorar los niveles de protección de personas desplazadas. En el marco de la audiencia temática denominada “Desplazamiento interno y derechos humanos en América”, dentro del 167° Periodo de Sesiones de la CIDH, González Pérez destacó que la falta de reconocimiento de la existencia del desplazamiento forzado interno es un problema que aún persiste, lo que ocasiona déficit institucional y normativo para la protección y garantía de ese grupo de personas. Y aunque el reconocimiento es un avance, dijo, la falta de regulación impide determinar los actores e instituciones responsables para atender el problema. “La falta de regulación secundaria –explicó– genera vacíos normativos para la actuación de las autoridades y limita la exigibilidad de los derechos por parte de las víctimas, aumenta sus niveles de desprotección y vulnerabilidad”. Tras detallar que en México, Guatemala y Chile no hay reconocimiento oficial sobre el tema, González Pérez apuntó que Honduras cuenta con un proyecto de Ley, pero falta regulación para atenderlo, además de la necesidad de documentar los casos de desplazamiento, como ya se hace en Colombia, Honduras y Ecuador, para lo cual se requiere homologación de criterios para la documentación y el registro de víctimas de desplazamiento. “En tanto existan fuentes públicas de registro, la comprensión del grado de actuación que deben atender los gobiernos se verá traducida en un mayor nivel de focalización y especialización para la protección y garantía de ese grupo de personas”, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y planteó 10 propuestas para mejorar los niveles de protección de las personas desplazadas en los países del continente americano, entre ellas la aprobación de legislación de desplazamiento interno en aquellos Estados donde hay desplazados internos, así como la creación de un observatorio sobre desplazamiento forzado interno en que se documenten la evolución y manifestaciones del desplazamiento forzado en Latinoamérica. También la protección en los desplazamientos transfronterizos e intercambio periódico entre las INDH de sus experiencias exitosas de protección de personas y comunidades desplazadas. González Pérez habló en nombre de todas las INDH convocantes y se pronunció a favor de fomentar una cultura de convivencia transfronteriza que implique la trasferencia de conocimientos y experiencias de poblaciones desplazadas internas, con el fin de combatir la estigmatización de que es víctima ese grupo poblacional. Lo hizo ante la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta y Relatora para México de la CIDH; Luis Ernesto Vargas, Segundo Vicepresidente y Relator sobre los Derechos de Migrantes de la CIDH; Flavia Piovesan, encargada de la Unidad sobre los Derechos de las Personas Mayores de la CIDH, y Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Desplazadas Internas.