CUERNAVACA, Mor. (apro).- A menos de cuatro meses de las elecciones del 1 de julio, los organismos electorales de Morelos padecen la escasez de recursos y, desde hace más de un año, mendigan por una “ampliación presupuestal” por la que, incluso, se han inconformado ante la justicia federal sin que hasta el momento hayan obtenido el presupuesto. Durante todo el 2017, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) demandó un incremento en sus recursos, sin tener éxito. En enero de ese año, solicitó y obtuvo 84 millones 861 mil pesos. De ese monto, 67 millones 501 mil pesos correspondieron a las prerrogativas de los partidos políticos del año corriente. El resto del recurso se destinaría a la operación regular del órgano público local electoral, además de iniciar el proceso electoral en septiembre, con todo lo que implica; es decir, la instalación de los 33 consejos municipales electorales y los 12 consejos distritales electorales, renta de bienes inmuebles, oficinas, mobiliario, contratación de personal y consejeros. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Morelos (TEPJM) obtuvo un presupuesto de 15 millones de pesos para las actividades que se desprenden del proceso electoral. No obstante, en mayo el magistrado presidente, Francisco Hurtado Delgado, solicitó formalmente una ampliación de 10 millones de pesos para poder concluir el año. En ese mismo contexto, la consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, solicitó también al Congreso y al Ejecutivo estatal una ampliación presupuestal para concluir las etapas de arranque del proceso electoral. El organismo solicitó 42 millones de pesos más, agregados a los 84 millones 861 asignados al iniciar el año. Sin embargo, no hubo respuesta. Por ello, tres meses antes de comenzar oficialmente el año electoral, en junio, la presidenta del Impepac inició un juicio electoral contra el gobernador, Graco Ramírez, debido a la negativa de otorgar la ampliación presupuestal. Pero no hubo ninguna respuesta del órgano de justicia federal electoral. El Tribunal Electoral hizo lo propio y presentó un recurso para obtener más presupuesto. En julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizó el recurso y pidió al Ejecutivo de Morelos revisar la solicitud de entrega de recursos. Como respuesta, el secretario de Hacienda estatal, Jorge Michel Luna, informó que se realizaría “un análisis de las posibilidades financieras” del estado para poder conceder una ampliación presupuestal a ambos organismos. El 8 de septiembre inició el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, en el que se elegirán al próximo gobernador, 33 presidentes municipales y sus respectivos cabildos, así como 12 diputados locales de mayoría relativa y ocho plurinominales. Ese día, los consejeros del Impepac y los magistrados del Tribunal ofrecieron una rueda de prensa conjunta para exhortar a un proceso electoral pacífico, pero también demandaron la entrega de los recursos necesarios para el proceso electoral, pues advirtieron que, en caso de no obtenerlos, no se garantiza una elección libre de deficiencias. Para octubre, la consejera presidenta declaró al Impepac en crisis económica. Con base en la ley correspondiente, tomó protesta a los consejeros electorales municipales y distritales, pero advirtió que no podrían comenzar a trabajar en tiempo y forma en noviembre, pues no habría recursos para las oficinas y mobiliario. Además, el magistrado presidente del Tribunal aseguró que no podrían contratar más personal necesario. Durante los primeros días de noviembre, el entonces secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, se reunió con León Trueba y acordaron que el gobierno estatal entregaría una ampliación por 27 millones de pesos, de los cuáles sólo se recibieron ese mes tres millones. El Tribunal no obtuvo nada. En los dos primeros meses de 2018, los dimes y diretes continúan entre el gobierno del estado y los titulares de los dos organismos, el organizador y el jurisdiccional. Solo el Impepac, demandó 176 millones de pesos para este año, como recursos extraordinarios, debido a la necesidad de impresión de las boletas electorales, contratación de una empresa para que se encargue del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), entre otras cosas. Para los primeros días de marzo, el gobierno del estado debía haber depositado los primeros 23 millones de pesos de la ampliación. Sin embargo, hasta este lunes 5 no ha ocurrido. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la transferencia de recursos no se ha realizado porque “el Impepac no ha presentado toda la documentación necesaria”. Mientras tanto, el Tribunal no ha obtenido respuesta a su solicitud de ampliación presupuestal. “Se venció el plazo que se acordó con los diputados del Congreso del Estado y la Secretaría de Hacienda para la entrega de recursos al Tribunal Electoral y no se tuvo ninguna respuesta”, informó el magistrado electoral Francisco Hurtado Delgado. El compromiso era entregar los recursos el pasado 22 de febrero. No obstante, en la sesión del Congreso local no se abordó el asunto, por lo que sigue en el suspenso. “La situación es difícil porque no se ha logrado avanzar en el tema de la contratación de personal que se necesita para hacer frente al proceso electoral”, concluyó el magistrado presidente.