El gobierno le hace la campaña a Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Embarcado en el enfrentamiento con el panista Ricardo Anaya, al gobierno de Enrique Peña Nieto no le queda más que comprobar y desmantelar la estructura de lavado de dinero que presuntamente habría dejado millonarias ganancias al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

De lo contrario, le habrá hecho el trabajo sucio para enfilarlo a la Presidencia de la República y garantizar así la prolongación de la alternancia PRI-PAN, modelo de gobierno impuesto desde el 2000 al que contribuyó Diego Fernández de Cevallos, ahora asesor de @RicardoAnayaC

A menos de que el pleito sea para impulsar al candidato frentista y mandar a Andrés Manuel López Obrador a La Chingada, su rancho en Tabasco, el gobierno federal tiene la oportunidad de desmantelar, por fin, una estructura empresarial de lavado de dinero en México, y de proceder penalmente contra toda una organización, al estilo de lo que se ha hecho en Estados Unidos o Italia.

El gobierno de Peña Nieto no lo ha hecho con la delincuencia organizada ni con las empresas y despachos asesores que diseñan estrategias y esquemas para ocultar el origen del dinero producto de la delincuencia o de la corrupción.

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En esos casos, el dinero se triangula por diferentes países tal y como lo hizo la organización Amigos de Fox en el año 2000, y ahora las empresas que están detrás de la compra venta de la nave industrial en Querétaro que le redituó millones de pesos al candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, según las denuncias públicas en su contra.

Sólo con la idea de desmantelar una red de lavado de dinero se justificaría que el aparato gubernamental esté tras las operaciones comerciales de Anaya, quien ha pasado a la ofensiva por partida doble: advirtiendo a Peña Nieto y a sus colaboradores que, de ganar el 1 de julio, iría tras ellos para meterlos a la cárcel en casos de comprobarse que hayan cometido actos de corrupción.

Además, ha aprovechado para diferenciarse de López Obrador, quien ha adelantado amnistía para los delincuentes y el perdón a Carlos Salinas y al propio Peña Nieto.

Aún no se conocen encuestas que indiquen quién y cuánto ha ganado o perdido ante el electorado en este pulso, real o de artificio, entre el gobierno federal y el panista, pero es claro que @RicardoAnayaC pretende capitalizar la polémica de la mano de Diego Fernández, el viejo opositor de López Obrador.

El lunes 19, Anaya estará en el Woodrow Wilson Center, el centro de análisis en Washington que tiene un programa dedicado a México. Aprovechará, sin duda, la plataforma para hablar de persecución y de su propuesta de que una comisión especial internacional investigue la corrupción del gobierno de Peña, como ocurrió en Guatemala y que resultó en la prisión del expresidente Otto Pérez Molina.

Como hasta ahora el gobierno federal no ha mostrado ninguna evidencia en su contra, Anaya seguirá colocándose como víctima de una persecución política.

Incluso en el caso de que llegara a ser imputado, si se le acusa de beneficiarse con operaciones con recursos de procedencia ilícita o de desvío de recursos, Anaya seguiría en esa condición durante buena parte de la campaña electoral.

Rimbombante en sus declaraciones, Diego Fernández tiene razón cuando dijo que la única manera de sacar a Ricardo Anaya de la contienda electoral es matándolo. Y así podrá ser, por supuesto en sentido figurado, porque en política, de acuerdo con una vieja máxima priista, lo que no mata fortalece.

Comentarios: @jorgecarrascoa

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