CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos humanos, civiles y públicas, salieron este jueves a la calle para protestar contra la situación de violencia que viven las mujeres en México. A propósito de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la oficina de ONU-Mujeres alertó sobre la incompatibilidad entre los avances normativos a favor de las personas del sexo femenino en educación, política e igualdad de género, y la realidad en la que se encuentran mujeres y niñas en materia de desigualdad y violencia. “México ha tenido avances significativos para garantizar los derechos de las mujeres y niñas (…) sin embargo, los desafíos siguen existiendo y se manifiestan en múltiples desigualdades que viven a diario”, destacó en un comunicado. Añadió: “La participación económica de las mujeres en México es de 43%. El 56.6% de las mujeres trabajadoras lo hacen en la informalidad. El 14% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres, y en promedio siete mujeres son asesinadas cada día”, en tanto que 55% de las adolescentes de entre 15 y 17 años no estudian ni trabajan. Al sumarse al llamado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para reconocer este día la labor que realizan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, la oficina de ONU-Mujeres pidió “trabajar de forma acelerada y solidaria con México para generar condiciones necesarias para que todas las mujeres vivan seguras y libres de discriminación, y puedan acceder a oportunidades de educación, tecnología y empleos de calidad”. En materia de legislación, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió sobre la disparidad en los estados para armonizar las leyes a favor de una vida libre de violencia para las mujeres. Durante su participación en la “Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de Derechos Humanos. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, el ombudsman nacional advirtió que el proceso de armonización tiene un avance promedio de 79.27%, “siendo las entidades federativas con menor porcentaje de avance el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Yucatán, con 77.33%, mientras que los estados que presentarían los avances más significativos serían Chiapas, con 90% de armonización, seguido por Tlaxcala, con 86.6%”. Y mientras la legislación para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está en camino de implementarse en el país, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó sobre un ambiente generalizado de violencia feminicida. Tras expresar su respaldo al Paro Internacional de Mujeres impulsado por el Movimiento Ni una Menos, la organización civil señaló que en los primeros seis meses de 2017, el año más violento de este sexenio, fueron asesinadas 914 mujeres, de acuerdo con reportes de únicamente 17 estados. De esa cifra, sólo el 49% de los casos son investigados como feminicidio, añadió el OCNF, y describió que --según los expedientes-- los cuerpos de las mujeres “son encontrados en sus casas o expuestos en lugares públicos, barrancos, contenedores de basura, etcétera”, luego de haber sido “golpeadas, apuñaladas, calcinadas, estranguladas y/o asfixiadas, muchas veces después de haber sido víctimas de violación sexual”. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, Tania Reneaum, emplazó a las autoridades a “tomar acciones contundentes para que no se toleren ni las agresiones sexuales, ni el acoso, ni ninguna clase de discriminación” hacia las mujeres. Tras sumarse al reconocimiento de las activistas en las “luchas por la igualdad, la libertad de decidir y el derecho a una vida libre de violencia”, Reneaum advirtió que en la historia de México hay “una gran deuda de justicia en casos de violencia contra las mujeres por parte del Estado”. La defensora enlistó como casos paradigmáticos de esa deuda los feminicidios de Campo Algodonero, así como las agresiones sexuales, por parte de miembros del Ejército Mexicano, contra las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, todos ellos casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y que “son muestra de fallas del Estado para garantizar protección, seguridad y justicia”. Reneaum resaltó que “a esas mujeres, a las sobrevivientes de tortura sexual de Atenco y a los miles de mujeres cuyas historias desconocemos, el Estado les debe formas de justicia confiables”. En su oportunidad, organizaciones como Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y Commenta recordaron que mujeres en prisión y en situación de calle han sido sistemáticamente excluidas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Asilegal resaltó que las mujeres en reclusión “se enfrentan, día a día, a una serie de condiciones que violan sus derechos a la justicia y a la reinserción social”. Destacó que de las 10 mil 665 mujeres privadas de libertad, 47.6% se encuentran en prisión preventiva, es decir, en espera de sentencia, pero existen casos extremos en entidades donde la medida cautelar rebasa el 50%, como son los estados de Durango (80%), Oaxaca (72.9%), Chiapas (68.7%), Quintana Roo (66.2%) y Tabasco (63.1%), en tanto que en el Centro Federal de Readaptación Social femenil de Morelos, 72.34% de las internas están sin sentencia. Según Asilegal, de los 360 centros penitenciarios, sólo existen 18 para mujeres, en tanto que en diez está prohibido que las presas madres tengan a sus hijos en prisión; en aquellos donde sí está permitida la permanencia de menores con madres sujetas a procesos penales, “los menores carecen de servicios de salud, alimentación y educación adecuados a sus necesidades”. La organización Commenta advirtió que las mujeres que viven en las calles “no han logrado disfrutar de los buenos sabores que ha dejado la lucha feminista”, por el contrario –apuntó--, son permanentemente “violentadas, discriminadas, amenazadas e invisibilizadas por las políticas públicas, los tomadores de decisión y la sociedad en general”. Tras señalar que en la Ciudad de México se ha documentado la existencia de la población callejera desde hace siete décadas, dijo que se olvida que “su presencia es el reflejo de políticas públicas excluyentes, poca prioridad para combatir la pobreza y la injusta distribución de la pobreza”. Sobre estas mujeres, Commenta destacó que en todos los casos “la salida a las calles obedece a la violencia y abuso sexual al interior de las familias, de las cuales huyen en búsqueda de protección”. Sin embargo, en la calle “enfrentan violencias y discriminaciones múltiples, pero quedan atrapadas frente al rechazo familiar, la ausencia de programas especializados y las prácticas machistas que también se reproducen en los grupos callejeros”. Durante la jornada por el Día Internacional de la Mujer, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) lanzó la segunda parte de su campaña “Yo no Cierro los Ojos”, dirigida a concientizar sobre las actitudes machistas en el hogar, en los centros de trabajo o estudios, que fomentan la violencia de género.