XALAPA, Ver. (apro).- Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino de Veracruz, pidió la revisión de medidas cautelares a las que está sujeto para que pueda salir del distrito judicial de Xalapa y, con ello, atenderse de “problemas del corazón” en la Ciudad de México y rescatar su notaría pública en el municipio de Minatitlán, la cual está cerrada desde hace un año y enfrenta demandas laborales. En tanto, en la audiencia de este viernes, relacionada con el proceso penal 38/2017 que se le sigue al exmandatario interino por los probables delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento, el fiscal general del Estado (FGE), Julio Rodríguez Fernández, solicitó a la jueza Alma Leyda Sosa Jiménez la ampliación de un año -a partir del 10 de abril- para que al imputado se le impida salir del país, que acuda cada viernes a firmar en los libros judiciales y que siga firme una fianza depositada de cinco millones de pesos. Sosa Jiménez desechó la temporalidad pedida por la FGE, pero señaló que el pasaporte de Ríos Alvarado, la fianza de cinco millones y su rúbrica cada viernes continuarán hasta concluir el proceso penal. Acompañado de seis abogados y su hija, Flavino Ríos dijo en la audiencia que solo le falta un “dato de prueba” para demostrar su inocencia: la sábana de llamadas y el geolocalizador de su teléfono celular solicitado a Dipsa-Movil (Telcel). Con esos elementos, dijo, se demuestra que la última vez que habló con el exgobernador Javier Duarte (PRI) fue en los primeros minutos del 13 de octubre de 2016, un día después de que éste anunció que se retiraba del cargo en el noticiero de Televisa con Carlos Loret de Mola. Además, dijo, prueban que, mientras el hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México se fugaba, él estaba en Minatitlán, al sur veracruzano, dando entrevistas para la radio y atendiendo asuntos como gobernador interino. “Soy inocente y la Fiscalía lo sabe. Por eso siempre aceptó entrevistas con ustedes, aun conociendo mi situación jurídica. Siento que esto (el desahogo procesal) va muy lento. Yo soy el principal interesado en que ya comience el juicio”, dijo Flavino Ríos, quien en marzo del 2017 estuvo preso en el penal de Pacho Viejo y luego le decretaron prisión domiciliaría por problemas de salud. La defensa de Ríos Alvarado pidió a la juez el retiro de las medidas cautelares, debido a que le han causado agravios económicos, pues durante los últimos 11 meses ha tenido cerrada su notaría pública, además de que los cinco millones de pesos que tiene de fianza depositada, mermaron los ingresos de su familia. En el principio de contradicción, el fiscal Julio Rodríguez Fernández amagó con que, si el exgobernador interino y su defensa continuaban exigiendo el retiro de medidas cautelares, la Fiscalía podría solicitar el retorno de la prisión preventiva. Ante ello, defensa y fiscales se constriñeron al resolutivo de la jueza. “Hay un daño moral, un daño económico a mi persona y eso nadie me lo va a devolver”, expuso Flavino Ríos a la prensa afuera del penal de Pacho Viejo, tras concluir la audiencia. El exfuncionario pretextó un agravio a sus derechos humanos y a un trabajo muy lento de la Fiscalía, lo cual lo tiene con una Notaría Pública cerrada, de donde -insistió- se originan sus ingresos y problemas laborales. Y es que, según contó, a los trabajadores de dicha oficina les dejó de pagar desde octubre “y eso, solo la mitad de su salario”. Por esa razón, éstos lo demandaron. “Tengo problemas del corazón, me está creciendo (sic), mi cardiólogo lo sabe. Tengo hipertensión, no puedo subir de peso, es la edad, he tenido dos preinfartos… Necesito atenderme en el Centro de Cardiología (en la capital del país) o en Monterrey, no me van a dejar salir a Houston”, dijo. Según el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la FGE, Flavino Ríos ayudó a Duarte de Ochoa a huir el 15 de octubre de 2016, ante la orden de aprehensión que le liberó la Procuraduría General de la República (PGR). Para entonces, el exmandatario interino aseguró que no fue así, pues el dio “todas las facilidades” a la autoridad local y federal para investigar los desvíos de recursos y las irregularidades en la gestión de Duarte de Ochoa.