La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte deberá responder a las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo respecto de la Cuenta Pública 2016, en las que concluyó que la administración de Alfredo Castillo Cervantes no realizó una gestión eficiente y hay opacidad en el manejo de recursos públicos. Fondos mezclados con ingresos ajenos al erario, anomalías en la comprobación de gastos –sobre todo, para los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016– y contratación de personal que no está capacitado para el puesto que desempeña son algunas de las irregularidades detectadas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Recursos ociosos en cuentas bancarias –indicio de que el erario fue jineteado–, comprobación extemporánea de gastos, fondos que fueron manejados por organizaciones no facultadas para ello y opacidad en adjudicaciones son parte de las anomalías de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que fueron descubiertas en la revisión de la Cuenta Pública 2016. De acuerdo con lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la dependencia que encabeza Alfredo Castillo Cervantes es conducida por improvisados, administra mal el presupuesto y tiene severos problemas para comprobar gastos. El desorden administrativo también salpica a conocidos y a amistades de Castillo Cervantes, quienes fueron incluidos en la nómina de la Conade, pese a carecer del perfil que requieren los puestos que ocupan. La ASF encontró que la dependencia federal dio recursos a estados sancionados por no comprobar gastos y, además, en esas entidades inauguró instalaciones deportivas pese a que la Ley General de Cultura Física y Deporte prohíbe la entrega de dinero a ese tipo de gobiernos problemáticos o asociaciones deportivas que no hayan comprobado gastos. En su dictamen del 11 de enero último, la ASF expuso en términos generales las anomalías cometidas por la Conade en 2016: Los beneficiarios de los apoyos administraron recursos por 213 millones 921 mil 900 pesos en cuentas bancarias distintas a las notificadas por la Conade, mezclaron recursos federales con otros fondos, mantuvieron ociosos 266 millones 771 mil 100 pesos y comprobaron a destiempo 565 millones de pesos. Hasta el cierre de la auditoría, no pudieron comprobar el uso de 113 millones 895 mil pesos por concepto de convenios para la modernización o construcción de instalaciones deportivas. Tampoco fueron reportados los rendimientos que los fondos públicos generaron en cuentas bancarias que corresponden a 13 convenios y dos adendas (modificaciones de contrato). De igual manera, las autoridades deportivas no entregaron la documentación administrativa sobre el personal de la Conade que asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016; sólo presentaron informes de actividades, pero también estos registros tienen anomalías. El personal de estructura que fue contratado en ese año, además de carecer del perfil que requiere su puesto, incumplió con los requisitos establecidos. Tras la revisión de 20 convenios y tres adendas del programa S269 “Cultura Física y Deporte”, la ASF registró que la Conade autorizó en 2016 la transferencia de 696 millones 71 mil pesos a los institutos del deporte de los gobiernos de Morelos, Sinaloa, Baja California, Querétaro, Guanajuato y Guerrero, para actividades relacionadas con los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica (primaria y secundaria). Parte de ese monto también se destinó a los gobiernos de Colima, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Querétaro con motivo de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, Paralimpiada Nacional y Mexgames; otra parte del dinero fue a dar al Instituto Poblano del Deporte y al Instituto del Deporte de Yucatán para infraestructura deportiva. Sin embargo, al comparar la información contenida en los estados de cuenta bancarios de los beneficiarios del programa S269 y los oficios que la Conade entregó al respecto, la auditoría reveló que los beneficiarios de siete convenios y de un adendum recibieron 213 millones 921 mil 900 pesos que ese mismo día y a lo largo de casi cuatro meses y medio traspasaron a otras cuentas, movimientos que tampoco fueron reportados a la autoridad fiscalizadora. Asimismo se descubrió que los beneficiarios de 13 convenios y dos adendas recibieron 425 millones 271 mil 200 pesos que depositaron en cuentas bancarias que después recibieron 3 mil 887 millones 824 mil pesos ajenos al erario. Es decir, para la ASF el dinero federal destinado al deporte fue mezclado con otros ingresos, maniobra que refleja falta de control de los recursos y opacidad en el ejercicio del gasto. Además, la autoridad revisora se dio cuenta de que el dinero de esos convenios permaneció “ocioso” en las cuentas bancarias y generó rendimientos financieros que tampoco fueron reportados por la Conade, aunque estaba obligada a hacerlo. De acuerdo con el informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 16-1-11L61-02-0170, sobre la Cuenta Pública 2016, la gestión de Castillo Cervantes también presentó irregularidades en el uso de 17 millones de pesos que anunció para apoyar los gastos de los atletas que iban a participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero que el Comité Olímpico Mexicano, en franca confrontación con Castillo, rechazó ejercer. Los cuates de Castillo Las observaciones de la ASF también cuestionan las contrataciones de personal en la Conade. En el capítulo 8, sobre los “Perfiles de puestos”, fueron revisados 24 expedientes y se halló que en 11 casos no se cumplió con la escolaridad ni el conocimiento debidos, tampoco con la experiencia laboral ni capacidades técnicas que requiere el puesto que ocupan. La auditoría también da cuenta que en 17 casos se incumplió con los años de experiencia laboral solicitada; en 15 más, las capacidades técnicas descritas en la currícula eran incompatibles con los perfiles del puesto y en dos no había ninguna referencia sobre el tema. “En 13 casos, los perfiles de puesto solicitan un determinado nivel de conocimiento de inglés, pero la currícula no lo indicó”, también se expone. Sin la mínima experiencia en la gestión deportiva, pero bajo la tutela del presidente Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo llegó a la Dirección General de la Conade en abril de 2015 –en sustitución del exclavadista y medallista olímpico Jesús Mena–, después de su paso como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, entidad que sufrió la crisis armada de las denominadas “autodefensas”. En junio de 2015, este semanario (Proceso 2017) documentó que tan pronto como asumió su cargo como el mandamás del deporte nacional, Castillo anunció una limpia en las federaciones deportivas. Amagó con encarcelar a dirigentes corruptos o con reducir el presupuesto que estaban acostumbrados a tener. Por el contrario, anunció aumentos salariales en la dependencia que recién encabezaba, sólo que el principal beneficiado fue un grupo de 100 personas cercano a él. Ejemplo de lo anterior fue Idulio Islas, quien, aún estando activo como taekwondoín y sin preparación académica de por medio, fue designado a diversas tareas administrativas y de gestión en la estructura de la dependencia. Se suponía que debía buscar talentos en todo el país. Otro caso: a finales de 2016 Proceso (en su número 2091) exhibió que el extenista Bruno Rodríguez Billerbeck y su madre, Hilde Marie Billerbeck, obtuvieron de Castillo abultadísimas becas como “entrenadores”, aunque no tuvieran la experiencia que requiere el cargo. Ambos casos se agravaron cuando este semanario reveló que ni siquiera había constancia de que el exatleta y su madre realizaron las tareas que les encomendaron. Cuando Bruno asumió la Dirección de Alto Rendimiento de la Conade también se desempeñaba como entrenador de tenis, actividad por la que obtenía 81 mil pesos mensuales. Su mamá cobraba 52 mil pesos como entrenadora de deportes de conjunto y de raqueta. Lo paradójico del caso de Hilde Marie es que su única experiencia en el deporte blanco la obtuvo como jugadora y como entrenadora de su hijo. En su momento, el director de Calidad para el Deporte de la Conade, Valentín Yanes, reconoció que Marie no sabe nada de deportes de conjunto ni de raqueta y aclaró que en realidad no se desempeñó como entrenadora, sino como “metodóloga” (Proceso 2091). Del improvisado Bruno, Yanes se expresó: “No tiene la experiencia ni la formación, pero la va a ir adquiriendo. Tiene la ventaja porque yo lo puedo ayudar...”. El caso de Bruno y su madre no es el único en el que allegados a Castillo obtuvieron cargos para los que no estaban capacitados. El excomisionado de Michoacán también llevó a la Conade a gente que laboró en corporaciones de seguridad pública. “En los 27 meses que ha sido director de la Conade, Castillo Cervantes contrató como ‘especialistas del deporte para la atención de deportistas’ a policías judiciales, criminólogos, fiscales y hasta a la pareja sentimental de Alfredo Peral, su secretario particular”, consignó este semanario en julio pasado (Proceso 2126). Ese tipo de casos se vieron reflejados en las recomendaciones que la ASF hizo a la comisión nacional del deporte con motivo de la Cuenta Pública 2016 y fue clara al señalar que, en general, la administración de Castillo no realizó una gestión eficiente ni transparente en el manejo de los recursos. Ahora, el Órgano Interno de Control deberá investigar las recomendaciones de la ASF y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente contra los servidores públicos que no verificaron que los candidatos a ocupar los puestos vacantes cumplieran con los requisitos establecidos en el perfil de sus puestos. Anomalías con los olímpicos En cuanto a la “comprobación de apoyos para los Juegos Olímpicos de Río 2016”, Castillo también tiene irregularidades. El titular de la Conade fue cuestionado por negarse a entregar recursos a federaciones cuyos presidentes estaban bajo sospecha de irregularidades o de corrupción, entre ellas, la de boxeo con Ricardo Contreras al frente; la de tiro con arco, de Effy Sánchez, y atletismo, de Antonio Lozano (único directivo que pisó la cárcel por la falta de transparencia y comprobación de gastos). Además, está la confrontación de Alfredo Castillo con el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra. En junio de 2016, la Conade notificó al COM que disponía de un presupuesto de 17 millones de pesos para cubrir los gastos de los deportistas que asistirían a Río, pero el 10 de junio de ese año el comité respondió que consideró pertinente aceptar el ofrecimiento económico. Sin embargo, solicitó que dicha bolsa fuera ejercida directamente por la dependencia que encabeza Castillo. La ASF revisó los tres convenios de formalización y colaboración por 13 millones 911 mil pesos que la Conade firmó el 8 de julio de 2016. El primero de ellos fue con la Federación Ecuestre Mexicana, por 5 millones 200 mil pesos; el segundo, con la Federación Mexicana de Triatlón, por 6 millones 721 mil pesos, y el tercero, con la Federación Mexicana de Vela, por 1 millón 989 mil pesos. Entre las anomalías detectadas por la ASF, destaca que la federación de vela ejerció 1 millón 989 mil 200 pesos en uniformes y equipo deportivo, cuando en realidad sólo acudieron a Río de Janeiro tres de sus deportistas: Demita Vega, David Mier y Terán y Yanic Gentry. Otra de las irregularidades: en los convenios se estableció que las federaciones son las responsables de la contratación, pago, recepción y comprobación de los recursos otorgados por la Conade. El problema radica en que las federaciones ecuestre y de tria­tlón informaron a la ASF que de manera “no oficial” la Conade les solicitó apoyo para el manejo financiero del recurso destinado a los Juegos Olímpicos y que el proceso de adjudicación fue realizado directamente por personal del organismo, por el que ambas carecen de requisiciones, cotizaciones y autorizaciones de los gastos efectuados. Otro asunto a investigar es el de la Federación Ecuestre Mexicana que destinó 152 mil 100 pesos en la compra de boletos de entradas para nueve oficiales técnicos de los cuales cinco carecían de acreditación oficial. Respecto del personal de la Conade que asistió a los Juegos Olímpicos, la auditoría encontró que recibieron uniformes de gala dos personas que no asistieron al evento. La dependencia gastó 3.9 millones de pesos en la compra de 270 trajes de gala para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río. En promedio, se pagaron 14 mil 444 pesos por cada vestimenta de las marcas Hugo Boss y Pineda Covalin. Sorpresivamente, la novia de Alfredo Castillo, Jacqueline Tostado, apareció en el desfile de la ceremonia inaugural con acreditación oficial y con la vestimenta de gala destinada para uso exclusivo de los atletas. Tras el escándalo, el funcionario ofreció disculpas públicas por haber llevado a su pareja sentimental a los Juegos Olímpicos y reconoció: “Es una enorme imprudencia que lamento mucho. Es una situación que me ha generado altos costos, públicamente ofrezco una disculpa”. Castillo aclaró que el viaje de su novia lo pagó de su propia bolsa y pese a que aseguró que su renuncia estaba sobre la mesa, el presidente Peña Nieto no se la aceptó. Al final, la delegación mexicana sólo ganó tres medallas de plata y dos de bronce en Río 2016, terminando en el lugar 61 del medallero. Este reportaje se publicó el 4 de marzo de 2018 en la edición 2157 de la revista Proceso.