El Salario Rosa y la compra del voto

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La estrategia de compra de votos mediante el uso electoral de los programas sociales del gobierno federal ya está en marcha. A pesar de las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, el pasado lunes 5, de que su única participación en las elecciones será la emisión de su voto el 1 de julio, la realidad es que el gobierno federal –en algunos casos en colaboración con los gobiernos estatales del PRI– está dedicado a tratar de darle vida a su debilitado candidato presidencial.

La secuencia de hechos y declaraciones no dejan lugar a dudas: el 11 de febrero, en el cierre de su precampaña en Tlalnepantla, José Antonio Meade señaló que, inspirado en el triunfo priista de 2017 en el Estado de México, se aprestaba a ganar la elección presidencial; el 15 de febrero el gobernador de esa entidad, Alfredo del Mazo, entregó las primeras 3 mil tarjetas del programa denominado Salario Rosa y de inmediato empezó un intenso programa de promoción mediática del mismo, y el 1 de marzo el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, anunció que el gobierno federal no detendrá la entrega de los programas sociales, pues existe un blindaje robusto y sólido de éstos.

Durante su campaña electoral para la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo prometió un salario de mil 200 pesos mensuales a las madres de familia dedicadas a las labores del hogar; el 20 de mayo de 2017, el diario Reforma publicó un reportaje donde develaba que los promotores del voto priista entregaban tarjetas Salario Rosa a cambio de fotocopias de la credencial de elector y prometían que, si el candidato tricolor ganaba la elección, las receptoras recibirían su salario mensual.

El 14 de julio de ese año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó sancionar la entrega de dichas tarjetas como una forma de compra de votos; posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución.

Aun cuando no puede establecerse una relación causal entre la entrega de las tarjetas y el voto a favor del candidato de la coalición encabezada por el PRI, en un capítulo del libro El Infierno electoral: el fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018 la exintegrante del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México Ana Vanesa González Deister muestra que en los comicios del año pasado en los 31 municipios más pobres de dicha entidad la participación ciudadana fue de 66.2% (13 puntos porcentuales por encima del promedio de la entidad) y que la coalición PRI-PVEM ganó en 29 de ellos, mientras que el PRD lo hizo en dos.

En contrapartida, en los 10 municipios con menores niveles de pobreza extrema la participación ciudadana fue de 54% (prácticamente idéntico al promedio de 53.7%) y Morena ganó en nueve de ellos, en tanto que la coalición PRI-PVEM lo consiguió sólo en uno.

González Deister señala que, “a mayor pobreza extrema, el porcentaje de votación por el candidato del PRI-PVEM fue mayor y a menores índices de pobreza extrema el porcentaje de votación obtenido por el PRI-PVEM fue menor”. Exactamente lo contrario sucede en el caso de los votos que obtuvo Morena: a mayores niveles de pobreza extrema menor porcentaje de votación, y a menor porcentaje de pobreza extrema, mayor porcentaje de votación por Morena. La conclusión es contundente: el PRI se aprovechó de la población que vive en condiciones de pobreza extrema y que, por lo tanto, es más vulnerable para movilizar votantes y comprar su voto. Los datos muestran que “en los municipios más pobres las personas votan más y votan por el PRI”.

En función del resultado favorable de su perversa estrategia electoral, el gobierno del Estado de México, convenientemente, esperó el periodo de intercampañas para iniciar el Salario Rosa, acompañado de su tradicional parafernalia para posicionar el programa y el cumplimiento de la promesa de campaña en el imaginario popular.

La estrategia les dio resultados en el Estado de México (en Coahuila también se utilizaron los programas sociales para la compra del voto, pero no el del Salario Rosa). Las autoridades electorales ya validaron el reparto y uso de las tarjetas (en este caso sí se hizo en las dos entidades); entonces, lo que hay que comunicar es que ellos sí cumplen sus compromisos de campaña, a fin de recurrir a lo mismo en la campaña presidencial.

La vía de las tarjetas, como sucedió en la elección presidencial de 2012 con las de Soriana, es la más efectiva y eficiente para la compra del voto, pues asegura que la ciudadanía cumpla con su compromiso de votar por el partido que les entregó la tarjeta, ya que en realidad se paga hasta que se tiene la certeza de que sí lo hicieron. Esto es exactamente contrario a las vías tradicionales, en las que se entregaba dinero o productos antes de la emisión del voto y no se tenía la certeza de que los receptores cumplieran su parte.

A partir de estos precedentes puede preverse que en las próximas semanas todavía se intensificará más la promoción mediática del programa Salario Rosa; que en algún momento de las campañas el candidato de la coalición Todos por México retomará los principales elementos de la misma y que diversificarán la oferta de programas sociales para alcanzar a otros segmentos poblacionales específicos, pero en todos los casos por la vía de las tarjetas y condicionados a los resultados.

Meade no únicamente se inspirará en la campaña del Estado de México, como afirmó en su cierre de precampaña, sino que retomará sus estrategias para intentar salir del tercer lugar, en el que lo coloca la mayoría de las encuestas. Todo indica que él sí hará suyas las perversas prácticas priistas, aunque no logre que los priistas lo hagan suyo.

Este análisis se publicó el 11 de marzo de 2018 en la edición 2158 de la revista Proceso.

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