CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) ha comprobado lavado de dinero en el caso de la red de corrupción del exgobernador César Duarte Jáquez, admitió el gobernador Javier Corral Jurado, al anunciar que apoyará para combatir la resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) que exonera su antecesor. Corral señaló que Chihuahua es víctima, sujeto perjudicado por el saqueo al patrimonio de la entidad, por lo que apoyarán para que se castigue el lavado de dinero y otros delitos como peculado agravado. La decisión de no ejercer acción penal en el caso del presunto desvío de por lo menos 65 millones de pesos del erario de Chihuahua a través del banco Unión Progreso, confirma la vergonzosa actuación de la instancia federal, atajó. En entrevista con medios nacionales vía telefónica, el gobernador chihuahuense anunció que además de las acciones legales que tomarán y apoyarán, van a convocar a la ciudadanía a una asamblea informativa para dar detalles de la resolución y del estado que guarda la solicitud de extradición de César Duarte, pues presentarán esta misma semana dos órdenes de aprehensión más. En total sumarán 13 causas penales contra el exgobernador priista. Javier Corral reiteró que la resolución negativa de la PGR sorprendió e indignó a la ciudadanía, porque en Chihuahua se conoce la riqueza desmedida de Duarte, a quien le han asegurado hasta ahora 21 propiedades: 17 ranchos y 4 que corresponden a otros bienes. La denuncia presentada en septiembre de 2014, por el abogado y activista Jaime García Chávez, inició la discusión del enriquecimiento inexplicable del exgobernador y colocó con mucha claridad la fortuna que amasaba ya para ese entonces el gobernador, agregó Corral Jurado. El gobernador recordó que Duarte respondió públicamente a esa denuncia, cuando una reportera lo cuestionó en su despacho sobre la transferencia de fondos de su gobierno al banco Unión Progreso: “a lo macho que no la leí, a lo macho que no me enteré de lo que estaba firmando”. Dijo que se refería al contrato por el que él autorizaba a Banorte a transferir de una de sus cuentas personales 65 millones de pesos para ser depositados en el fideicomiso del Banco Unión Progreso de Chihuahua y con eso hacerse del 14 por ciento de las acciones de este banco. Esa acción, dijo, ya hablaba de la capacidad económica de Duarte y que tenía un conjunto de delitos alrededor como lavado de dinero, uso abusivo de facultades y funciones, uso indebido de competencia del estado, peculado y otros, que a lo largo de tres años y medio, la PGR mantuvo inactiva la investigación. “A lo que se dedicó el encargado de esta unidad, a quien le dicen 'Chicho', fue a tratar de justificarle al exgobernador posibilidades de ingreso, o fuentes de ingreso, para justificar que su patrimonio podía hacer ese depósito, una actuación indebida de la PGR (...) Sabíamos que no iban a investigar por el tiempo que tardaba, lo que nunca imaginé es que iban a llegar al cinismo de decretar el no ejercicio de la acción penal", añadió. Javier Corral anunció que convocará a la ciudadanía a una asamblea informativa para dar a conocer los detalles de estas acciones de la PGR, así como del procedimiento de extradición en el que está empeñada la firma del secretario de Gobernación, quien prometió un proceso con certeza jurídica, que no ha sucedido hasta ahora.