HERMOSILLO, Son. (apro).- Rafael Pavlovich Durazo se deslindó de su sobrina, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y negó cualquier conexión con el ataque a periodistas a inicios de semana. En una carta a la opinión pública precisó que su principal actividad es la agricultura y aclaró que no tiene "una relación cercana" con la gobernadora o una familiaridad "en línea directa". Añadió: "Tuve la oportunidad de verla por última vez en abril de 2016, donde le di las condolencias a la mandataria por el fallecimiento de su padre", Miguel Pavlovich. Sostuvo que al desempeñarse como agricultor no guarda ninguna relación con la estructura gubernamental del orden federal o estatal, y en sus labores profesionales no existe "protección a favor de mi persona, bienes o familia, puesto que no somos familiares en línea directa, ni mucho menos se tiene una comunicación o convivencia frecuente con la titular del Ejecutivo del estado de Sonora". El parentesco atribuido como "cercano", agregó, no es de la manera que se menciona por "diversos" medios de comunicación. Sobre el ataque a periodistas y los señalamientos sobre un despojo en territorio ejidal, se defendió: "A la fecha no existe ninguna denuncia o indagatoria en contra del suscrito por los actos que me sean atribuidos, ni mucho menos los miembros del ejido El Bajío, municipio de Caborca, que se refieren a robo, amenazas y privación ilegal de la libertad, me han señalado como responsable de algún acto ante autoridad estatal o federal". Concluyó: "Las actividades comerciales y empresariales que efectúo son dentro del marco legal producto de acuerdos, contratos y convenios que siempre se suscriben con las partes involucradas, por lo que no gozo de protección ni mucho menos interviene a mi favor la señora gobernadora del estado o cualquier otro servidor público por instrucción de esta”. En abril de 2016, el reportero Juan Alberto Cedillo documentó para Apro que ejidatarios de Caborca denunciaron que Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora, ordenó el arresto de cinco campesinos para poder apropiarse ilegalmente de terrenos ejidales de donde la minera estadunidense Penmont S de RL de CV extrae grandes cantidades de oro. “El pasado 12 de abril (de 2016) acudieron a las tierras propiedad del ejido El Bajío 24 patrullas de la Policía Estatal de Sonora y al menos tres de la Policía Municipal de Caborca, además de diversos civiles, para despojar de sus tierras a los campesinos que son los legítimos dueños de las mismas”, señaló en esa ocasión el abogado Jesús Thomas. Pero, además, el 4 de septiembre de 2017, representantes del ejido El Bajío denunciaron que hombres armados que trabajan para Rafael Pavlovich Durazo privaron de la libertad a José de Jesús Robledo Cruz, presidente del Comisariado ejidal, y a otros ocho campesinos. Y apenas el lunes 12 de marzo un grupo de cinco reporteros que realizaba una investigación en el mismo ejido fue retenido, encañonado y amenazado por un comando presuntamente al servicio del tío de la gobernadora. De acuerdo con los testimonios de las víctimas (identificadas por Apro), la tarde de ese lunes entrevistaban a ejidatarios de la zona que fueron amenazados tras ganarle un pleito legal a la minera estadunidense Penmont S de RL de CV, socia de la minera La Herradura, propiedad de Alberto Bailléres, cuando un grupo de encapuchados llegó a bordo de una camioneta Suburban negra y les apuntó con armas largas.