CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los datos publicados en el portal “Fuerza México” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno federal sobre el uso de los recursos públicos para la reconstrucción por los sismos del pasado septiembre “no son consistentes, no se vinculan o están incompletos y esto impide una adecuada rendición de cuentas”, así como una evaluación de las acciones en beneficio de los millones de damnificados. Así lo determina el primer “Informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados para la reconstrucción a seis meses de los sismos”, a seis meses del sismo del 19 de septiembre que dejó miles de pérdidas humanas y materiales en diez estados del país y destapó la falta de coordinación del gobierno federal para atender este tipo de emergencias. Elaborado por las asociaciones civiles Fundar, Transparencia Mexicana, Alternativas y Capacidades, MEXFAM y MEXIRO, entre otras, el informe técnico es el resultado de un un “nodo de trabajo” realizado para #Epidentro, una plataforma de coordinación cívica, académica y empresarial surgida en septiembre de 2017. La primera parte del documento, cuya copia tiene Apro, asegura que, aunque la plataforma “Fuerza México” del portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, encabezada por José Antonio González Anaya, ha publicado información gubernamental de las dependencias involucradas en las acciones de reconstrucción, “no se puede dar seguimiento físico y financiero a las mismas”. La razón: “Los datos publicados por las distintas dependencias no son consistentes, no se vinculan, están incompletos, y esto impide una adecuada rendición de cuentas que permita evaluar si las necesidades de las personas están siendo realmente atendidas”. [caption id="attachment_508790" align="alignnone" width="1200"] Damnificados protestan en la CDMX. Foto: Octavio Gómez[/caption] En el segundo apartado, el documento afirma que “no se encuentra publicada y documentada la información de los recursos públicos transferidos, deducidos y reintegrados para la reconstrucción” a la Secretaría de Hacienda en el mencionado portal. Y pone como ejemplo de falta de información sobre las deducciones anunciadas por partidos políticos como parte de su financiamiento o la transferencia que hizo el Poder Judicial -como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). De acuerdo con el informe, “se debe dar a conocer en dónde se están asignando y ejerciendo estos recursos, particularmente dentro del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC)”. Además, insta a que si los partidos políticos están usando algún mecanismo adicional para atender actividades relacionadas con la reconstrucción, deben “transparentar y rendir cuentas sobre ello”. En el tercer y último apartado, el informe técnico se encarga de los recursos nacionales e internacionales donados después del sismo. Aclara que éstos fueron canalizados a donatarias, fideicomisos autorizados e iniciativas ciudadanas, no al gobierno. Por ello, y para darle seguimiento, afirma que “el sector privado y las donatarias autorizadas deben dar información completa, accesible, oportuna y verificable a fin de darle certeza a la ciudadanía de que los recursos donados y recaudados están siendo utilizados para la reconstrucción y para los damnificados”. Tras el análisis de la información existente, #Epicentro considera que “a seis meses de los sismos, el Estado mexicano no puede desaprovechar los aprendizajes que esta experiencia le ha puesto enfrente para repensar el diseño de las políticas públicas en materia de prevención y atención a desastres, reformular su coordinación interinstitucional, y mejorar la implementación de sus procesos ante la emergencia y la reconstrucción, todo desde un enfoque de transparencia y derechos humanos”. Inconsistencias Entre las 30 inconsistencias o datos incompletos que encontraron las asociaciones civiles que elaboraron el Informe está el que los montos totales y las cifras desagregadas que se publicaron en el portal “Fuerza México” se reportan como “recursos autorizados para la reconstrucción” pero no se señala si ya están siendo ejercidos. Además, existe falta de vinculación entre los datos, están incompletos y tienen propósitos o alcances distintos; las bases de datos tienen diferentes fechas de actualización –octubre y diciembre de 2017 y finales de febrero de 2018-; además, no comparten un formato unificado de reporte y no coinciden entre sí, lo cual podría tener implicaciones de incumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los desarrolladores hallaron irregularidades como que 51% de los registros de escuelas afectadas en los 10 estados no tienen detalle de los daños y 42% no tienen respaldo fotográfico; además de que de los dictámenes técnicos de daños, 44% de las direcciones URL reportadas llevan a una página de error. En cuanto a la infraestructura del sector Salud afectada en seis estados, 40% no señalan instancia responsable de las obras, y de estos, cinco no indican el costo total de las mismas. [caption id="attachment_508156" align="alignnone" width="1200"] Recuerdan a víctimas del 19-S en el Multifamiliar Tlalpan. Foto: Germán Canseco[/caption] De los registros sobre Patrimonio cultural e histórico dañado que presenta la base de datos, ninguno tiene dictamen de daños publicado, 24% carecen de fecha de inicio de las obras, 19% no indican su costo y 23% no señala la instancia responsable de la obra. Respecto a los préstamos del Infonavit para la reconstrucción de viviendas no se explicita el formato de este tipo de préstamo. Y sobre el Fonden para el sector educativo no se especifican costos por obra; por ello, no se pueden hacer vínculos con las bases de datos. Algo similar ocurre con los recursos totales para Monumentos Arqueológicos, Artísticos y Culturales pues no hay consistencia entre el monto asignado y la base de datos sobre Patrimonio cultural e histórico dañado, pues la mayoría de los registros no contienen dictamen técnico, registro fotográfico, ni responsables de las obras. Lo mismo ocurre con el 18% autorizado para Vivienda, pues no es clara la vinculación con los datos de Bansefi, Sedatu o Infonavit. Según el Informe, no hay claridad en los criterios que guían la eliminación y publicación de bases de datos sobre Apoyos a Viviendas. Mientras que, para los recursos autorizados para sectores Hidráulico y Carretero no se han publicado las bases de datos que den cuenta de los diagnósticos de daños que sustenten la cantidad asignada. El informe destaca datos que bajo simple lógica, parecieran contradictorios: “Los sectores Militar y Naval suman 6% de los recursos para reconstrucción, 61 veces más que lo asignado para el sector Urbano, 24 veces más que para el sector Infraestructura indígena; tres veces más que para el sector Salud, y el doble que para el sector Carretero rural”. Y como no se conocen los diagnósticos definitivos, se ignoran los criterios de asignación. Más: Al sector Naval en Ciudad de México le autorizaron casi 319 millones de pesos, en tanto que a Veracruz (un puerto) sólo 174 mil pesos. A Oaxaca y Chiapas juntas, ambas con puertos, se les autorizaron casi 17 millones menos que a Ciudad de México. Partidos no informan El Informe técnico de #Epicentro recuerda que pasados los sismos de septiembre de 2017, los partidos políticos renunciaron a 380 millones de pesos de financiamiento público para destinarlos a la reconstrucción. El PAN y MC transfirieron los recursos al Fonden, mientras que PES, PRI y PVEM lo dieron al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC). No obstante, el portal “Fuerza México no cuenta con esta información y no presenta información sobre el FONREC”. En cuanto al Panal, PRD y PT “no han hecho aportaciones a estos fondos”, dice el informe. Y sobre el fideicomiso “Por los demás”, creado por Morena, según el informe, “sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no están claramente definidos ya que no se encuentra publicada evidencia documental sobre los ingresos o egresos del mismo, ni de los criterios o diagnósticos para la selección y entrega de apoyos a las y los beneficiarios”. El documento también recuerda que entidades como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hicieron pública la transferencia a la SHCP por dos mil 183 millones de pesos al FONDEN. No obstante, esa transferencia no está mencionada en el portal “Fuerza México”. Donaciones bajo lupa El informe de #Epicentro se ocupa también de los recursos donados en y hacia México que, según lo reportado por la SHCP fueron: tres mil 117 millones de pesos; 17 millones 600 mil dólares; 13 mil libras y 500 mil pesos filipinos. No obstante, sólo dos de los 54 donantes presentaron un soporte documental que justifiquen el destino de los recursos a una cuenta o fideicomiso concentrador, a organizaciones ejecutoras, o poblaciones o beneficiarios. Además, 32% de los donativos no han especificado a dónde irá el apoyo. Y aunque el SAT anunció en diciembre de 2017 que se recibieron más de dos  mil millones de pesos en donativos y otros recursos “no es posible determinar si se destinaron para emergencia o para reconstrucción” pues el organismo no pide la distinción a las donatarias y fideicomisos autorizados. Según el SAT 51% de los recursos recaudados (más de mil millones de pesos) se concentraron en cinco  donatarias y/o fideicomisos de un total de 591: Fundación Carlos Slim A.C., Cruz Roja Mexicana I.A.P., Fundación BBVA Bancomer, Fomento Social Banamex A.C. y Fideicomiso Fuerza México. Sólo la Cruz Roja, la Fundación Carlos Slim y la Fundación BBVA Bancomer han reportado al SAT el ejercicio de esos recursos. Tras el análisis de los datos que contiene el portal “Fuerza México”, las organizaciones que elaboraron el informe concluyen que dicho sitio “debe completar y publicar, por lo menos: los censos de daños (viviendas, hogares, infraestructura, escuelas, centros de salud, patrimonio cultural e histórico, etc.); los diagnósticos preliminares y definitivos por sector, así como los planes de reconstrucción consolidados por entidad federativa; los padrones y las bases de datos con información completa y desagregada, y los informes del avance físico y financiero de las obras”. Además, debe tener las deducciones y transferencias de otros actores públicos que las han reintegrado al FONDEN y al FONREC.; en tanto que si hay actores públicos que creen mecanismos alternos a lo planteado por la SHCP, deben hacerlos públicos. El Informe también hace recomendaciones a los donantes y entidades recaudadoras, así como a las donatarias y fideicomisos para que presenten en sus sitios de internet toda la información referente a los recursos que manejan para la reconstrucción para cumplir con la rendición de cuentas.