Margarita Zavala y el dinero público

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El financiamiento público al que Margarita Zavala renunció tras inscribir su candidatura independiente a la Presidencia de la República equivale a menos de un mes del gasto que el expresidente Felipe Calderón le genera al erario federal. De acuerdo a la normatividad electoral, a cada uno de los candidatos independientes a la primera magistratura del país le corresponderá un monto de 4 millones 773 mil 700 pesos, mientras que Calderón (incluso sin contabilizar el sueldo que ya donó a una organización de la sociedad civil) le cuesta 5 millones de pesos mensuales por el pago de los empleados y militares de los que dispone su familia, según señala Ernesto Villanueva en su libro Los parásitos del poder (Ediciones Proceso).

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su conjunto los candidatos independientes recibirán un financiamiento público de 42 millones 963 mil 332 pesos, monto equivalente al que recibiría un partido político de reciente creación. Esta cantidad se repartirá entre las tres elecciones que se celebrarán el 1 de julio (presidente, senadores y diputados); además, se divide entre el número de candidatos registrados, con lo cual, en el caso de la Presidencia de la República –que lo máximo que puede haber son tres–, el monto sería el ya señalado.

Por otra parte, el tope de gastos de campaña de la elección de presidente es de 429 millones 663 mil 325 pesos; es decir, es el monto máximo que cada contendiente puede erogar. Y, de acuerdo con las tesis relevantes y jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la limitación constitucional de que el dinero público debe prevalecer sobre el privado no aplica para las candidaturas independientes.

La Sala Superior del Tribunal aprobó por mayoría de votos jurisprudencia y la declaró formalmente obligatoria el 1 de junio de 2016, en el sentido de que el limitar el monto total del financiamiento privado a un máximo de 50% del tope de gastos de campaña, como está establecido en la legislación de Chihuahua, “resulta una medida proporcional y equitativa, en tanto que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, el cual suele ser significativamente inferior al que es otorgado a sus similares que compiten postulados por un partido político o coalición”.

Así, puede inferirse de los citados precedentes que los candidatos independientes a la Presidencia de la República en este proceso electoral podrán recaudar 214 millones 831 mil 662 pesos por concepto de donativos privados y podrán erogar en sus campañas 219 mil 605 millones 362 pesos, si al primer monto se le agrega el financiamiento que recibirán de la autoridad electoral.

Margarita Zavala está renunciando a un monto equivalente a 2.2% del total del dinero que puede gastar. Dado que el límite individual de aportaciones privadas que podrán recibir los candidatos es de 1.6 millones de pesos, está en posibilidades de compensar el dinero al que renunció con únicamente tres donantes particulares.

Vale la pena señalar que el PRI recibirá mil 689 millones de pesos de financiamiento público, de los cuales 547 millones 448 mil serán para gastos de campaña; el PAN , mil 281 millones, con 413.5 para gastos de campaña; el PRD, 773 millones, con 248 mil para sus campañas; Morena, 649.2 millones, con 207.5 para las campañas; el Verde, 578.2 millones, con 184.2 para campañas; Movimiento Ciudadano, 537 millones, con 170.7 para campañas; Nueva Alianza, 419 millones, con 132.2 para campañas; Encuentro Social, 398 millones, con 125.5 para campañas, y PT, 376 millones, con 118.4 para campañas.

En el caso mexicano los montos de financiamiento público para las campañas son exagerados, pero para los partidos políticos por lo alto de los montos, y para las candidaturas independientes, por lo bajo. Esta evidente desigualdad genera dos problemas muy serios e igualmente preocupantes: uno, rompe con el principio de equidad en la competencia establecido en la Constitución y avalado por una tesis del Tribunal Electoral en 2015; y dos, echa a los candidatos independientes en los brazos de los donantes particulares: justo lo que el financiamiento público pretende evitar precisamente para que no se gobierne en beneficio de unos cuantos millonarios que aportan los fondos más sustantivos.

Ciertamente, el asunto del dinero y la política es un tema por resolver en el mundo, no únicamente en México, pues hoy es impensable hacer campañas electorales exitosas sin invertir cuantiosas cantidades de recursos. Hay consenso en que las legislaciones deben evitar el desvío de dinero público para el financiamiento de las campañas, así como los recursos provenientes del crimen organizado y donativos privados en montos tales que comprometan el ejercicio de gobierno.

Hay disenso sobre la forma de hacerlo, pues muchos nos inclinamos porque se destinen recursos públicos en forma clara, transparente, equitativa y moderada; otros (también numerosos) se pronuncian por cancelar el financiamiento público y dejarlo todo a los donativos de particulares aunque con límites estrictos, y todavía hay otros (menos numerosos), quienes, alineados con la segunda fórmula, no están de acuerdo en que se establezcan límites a las cooperaciones individuales.

Varios de los ejemplos que refirió la candidata independiente como condenables tienen que ver justamente con el financiamiento privado a las campañas electorales, como el de los casinos y las “ligas”, pues en ambos casos se trataba de proveer fondos para las campañas a cambio de un trato privilegiado en caso de ganar la elección; otros, con la malversación de fondos públicos, para el enriquecimiento de políticos y empresarios, que no necesariamente pasan por el dinero a las campañas, como el de los fraudes, los departamentos en Estados Unidos, los moches, las naves industriales y las estafas maestras, entre otros.

Pero ninguno tiene que ver con el financiamiento público que otorgan las autoridades electorales, que es a lo que Zavala renunció. Evidentemente las condiciones de la competencia electoral en México, señaladas a lo largo del artículo, le brindaron una oportunidad inmejorable para dar un golpe mediático con un costo bajísimo, pero nada tiene que ver con una cuestión de principios, ni aporta nada para resolver el problema del dinero y la política.

Este análisis se publicó el 18 de marzo de 2018 en la edición 2159 de la revista Proceso.

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