Álvaro Uribe, expresidente y actual senador de Colombia tiene muy buena suerte… o muy buenas relaciones. Aún cuando en su contra se acumulan decenas de acusaciones penales --como presunto responsable por omisión de matanzas, nexos con grupos paramilitares y manipulación de testigos--, la justicia no lo ha tocado. Y más: ante cada imputación, su figura e influencia crecen, a tal grado que se dio el lujo de definir al candidato presidencial de la derecha. BOGOTÁ (Proceso).- Cuando en Colombia se habla del expresidente y senador Álvaro Uribe, lo primero que se reconoce es su enorme poder político. Y lo segundo, su capacidad para permanecer inmune ante decenas de acusaciones penales en la Corte Suprema de Justicia y en la Comisión de Acusaciones del Congreso. Apenas el domingo 11 Uribe fue reelegido senador con cerca de 900 mil votos, una cifra nunca antes vista para un candidato en comicios legislativos en este país. Además logró que el aspirante de su partido, el hasta hace poco desconocido congresista Iván Duque, ganara con 4 millones de votos la consulta de la derecha para elegir a su candidato presidencial. La influencia del exmandatario entre el electorado más conservador del país es tanta, que antes de que el Centro Democrático, su partido, designara a su candidato presidencial, algunas encuestas medían la intención del voto “del que diga Uribe”, y ese futuro ungido sin nombre aparecía siempre entre los de mayor respaldo en los estudios de opinión. Uribe dejó la presidencia de Colombia en 2010, luego de que la Corte Constitucional le cerró las puertas a una segunda reelección, pero su férrea oposición a los acuerdos de paz con las FARC y su sintonía con un segmento importante de la sociedad colombiana que repudia a la exguerrilla, al tiempo que minimiza las atrocidades que cometieron otros actores de la guerra, lo han mantenido vigente en el panorama político. Y más que eso, lo han colocado como un referente ineludible en el debate de los grandes temas nacionales. Esto ocurre pese a que es el expresidente colombiano que más procesos penales acumula en su contra y el que más excolaboradores y familiares tiene en la cárcel, bajo investigación o huyendo de la justicia por delitos graves que, según testigos vinculados a varios de esos casos, el exmandatario conoció. Frente a cada señalamiento contra él o personas de su entorno, Uribe responde, invariablemente, que se trata de una “persecución política”, “canalladas” o “infundios contra personas honorables”. Lo paradójico es que, entre más acusaciones acumula, más parece fortalecer su capacidad para impedir que el amplio expediente judicial que lo persigue dañe su imagen ante su fiel electorado. “Responsabilidad penal” A principios del mes pasado, el Tribunal Superior de Medellín pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue a Uribe por su “probable responsabilidad penal” en dos hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997): las masacres del Aro y La Granja, y en un tercero, que se produjo dos meses después de que dejara el cargo: el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Y hace tres semanas, la propia Corte Suprema anunció que el expresidente será investigado por su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos para afectar al senador izquierdista Iván Cepeda, uno de sus principales adversarios políticos. Uribe, además, fue mencionado en enero pasado como el posible violador de la periodista Claudia Morales –quien denunció el hecho sin decir el nombre de su atacante–, y en febrero el columnista Daniel Coronell divulgó unos correos electrónicos en los que el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, Don Berna, preso en Estados Unidos, acusa al expresidente de mandar asesinar a Pedro Juan Moreno, quien fue su secretario de Gobierno en la gobernación de Antioquia y del que después se distanció. Los señalamientos de este calibre contra Uribe no son nuevos. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha acumulado a lo largo de varios años 28 procesos en su contra. La mayoría son por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha que cometieron mil 166 matanzas y unos 16 mil asesinatos de civiles en dos décadas. Y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (diputados), que es la instancia encargada de investigar a los expresidentes en Colombia, ha recibido más de 400 denuncias contra Uribe por delitos que van desde homicidio y financiamiento ilegal de campañas políticas, hasta auspicio de grupos paramilitares. Al menos 70 de esas acusaciones están activas, pero esa comisión –que finalmente es política y no judicial– es tan inoperante que en sus 45 años de historia sólo ha presentado cargos contra un expresidente (Gustavo Rojas Pinilla) y un exmagistrado (Jorge Pretelt). Los colombianos le dicen la “comisión de absoluciones”. Buenos muchachos Los críticos de Uribe lo consideran un político “ávido de poder”, incapaz de pasar la página del conflicto armado interno. Fue el más férreo opositor a los diálogos de paz con las FARC y hoy considera que el acuerdo logrado con esa exguerrilla debe modificarse para encarcelar a los antiguos jefes insurgentes e impedir que participen en política. Como presidente, sin embargo, negoció un acuerdo de paz con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia y pactó con los jefes de esa organización –que eran además los grandes capos del narcotráfico a principios de la década pasada– un sistema de justicia transicional con penas máximas de ocho años de cárcel, sin importar la gravedad de los delitos. Uribe llegó a la Presidencia de Colombia con la promesa de acabar con las FARC y a lo largo de sus dos mandatos (2002-2005 y 2005-2010) logró no sólo detener el crecimiento de esa guerrilla, que ya amenazaba grandes centros urbanos, sino reducir notablemente su poderío. De 24 mil hombres en armas, las FARC pasaron a 8 mil en esos años, y tuvieron que replegarse a remotas zonas rurales. En 2010, en medio de un amplio apoyo a su gobierno, Uribe buscaba una segunda reelección, pero la Corte Constitucional le cerró las puertas. Entonces respaldó la candidatura presidencial de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que se convirtió en su sucesor en el cargo pero a quien dos años después habría de acusar de “traición”, por iniciar un diálogo de paz con las FARC. Es común que en Colombia se asocie el rechazo que siente Uribe por esa exguerrilla con un hecho ocurrido hace 35 años: el 14 de junio de 1983, el padre del expresidente, Alberto Uribe Sierra, fue asesinado por guerrilleros de las FARC en su finca, Guacharacas, durante un intento de secuestro. “La tragedia de Guacharacas –escribió Uribe en su libro No hay causa perdida– marcó en mi vida personal y profesional un punto de quiebre cuya influencia tal vez sea inconmensurable. Pero no en la forma en que muchas personas afirman.” Según el expresidente, en ocasiones se le ha descrito como un Bruno Díaz –el millonario de Ciudad Gótica que en la historieta de Bob Kane y Bill Finger se convierte en Batman y combate el crimen para vengar el asesinato de sus padres a manos de delincuentes– y hasta se le ha señalado como alguien “dispuesto a hacer pactos con el diablo y a tolerar todo tipo de abusos con el fin de llevar a cabo mi ‘misión’, sin importar el precio”. Esa interpretación, de acuerdo con Uribe, “si bien es falsa, no es del todo irracional” porque parte de la historia de violencia que ha vivido Colombia está anclada al deseo de venganza. Pero más allá de las motivaciones del exgobernante, están sus actuaciones en la vida pública. Además de enfrentar con mano dura a las FARC, políticamente lo ha definido su virulento antagonismo con sus contradictores políticos, con defensores de los derechos humanos y magistrados que se han atrevido a investigarlo. Durante su mandato, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –organismo de inteligencia que dependía de él– se convirtió en un reducto al servicio de los jefes paramilitares y en un aparato de espionaje político. Los exdirectores del ya desaparecido DAS, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, que él designó, fueron condenados a 32 años y a 14 años de prisión, respectivamente, por espionaje ilegal, concierto para delinquir y peculado. Noguera, a quien Uribe consideraba un “buen muchacho”, también fue encontrado culpable de homicidio. A lomo de tigre El abogado y politólogo Iván Orozco considera que Uribe es un líder carismático que responde a un fenómeno que ha estado muy presente en la historia de América Latina: el caudillismo. “Y un rasgo muy típico de caudillos como forma de personalización del poder –explica Orozco– es que privilegian sus decisiones personales sobre el respeto a la legalidad y al pluralismo democrático. Uribe se asume como un salvador de la patria y considera que la patria se salva a cualquier precio. Esto es algo que también creen sus seguidores. Por eso las acusaciones no le hacen mella.” Un segmento de colombianos, agrega el académico, le tiene un “agradecimiento enorme” al expresidente por haber frenado a las FARC cuando esa guerrilla parecía imbatible y cometía delitos atroces, como secuestros y homicidios selectivos de civiles. El doctor en ciencias políticas de la universidad alemana de Maguncia sostiene que eso explica en parte el apoyo tan grande que tiene “a pesar de que su relación con la legalidad, con el estado de derecho y con el aparato de justicia sea tan problemática”. Otra característica que hasta ahora ha jugado a su favor es que nunca se amedrenta frente a la adversidad. “Mientras más lo acusen, mientras más lo acorralen –dice Orozco–, más crece como luchador. Es obsesivo en la confrontación de obstáculos y las acusaciones nunca tienen un efecto moderador en él, al contrario, siempre se la juega del todo por sacar adelante su proyecto de reivindicación frente a la historia.” Orozco considera acertada la percepción popular de que se trata de un político “que cabalga a lomo de tigre, de tal manera que cada vez que aparece una decisión judicial que lo pone en problemas se amarra al lomo del tigre para arreciar el galope”. Es, además, dice el académico, un especialista en infundir miedo a través de su cuenta de Twitter, en la que tiene 5.1 millones de seguidores. Según Uribe, el acuerdo de paz con las FARC fue un pacto del presidente Santos con esa exguerrilla para instaurar en el país el “castrochavismo”. Esa afirmación sin sustento, que el líder del Centro Democrático repite sistemáticamente, aterroriza a millones de colombianos que observan cómo la vecina Venezuela se desmorona en una crisis política y social. Cada tuit de Uribe, cada llamado suyo a evitar que Colombia “se convierta en una segunda Venezuela”, es replicado por medios masivos en los que se convierte en una verdad revelada, o como dice el politólogo Juan Gabriel Gómez Albarello, en una “posverdad”. Uribe, asegura el profesor de la Universidad Nacional en Bogotá, es el principal exponente colombiano de la posverdad, como se denomina al fenómeno de los mensajes políticos que distorsionan deliberadamente la realidad para manipular a la opinión pública. “Para sus seguidores –afirma Gómez Albarello– Uribe es la única fuente de credibilidad. No importa que lo acusen de fabricar testigos, o de tener vínculos con paramilitares, o de espiar a sus opositores, o de ser el personaje poderoso que violó a la periodista Claudia Morales.” El penalista Fabio Humar cree en cambio que Uribe sí puede ser “víctima de una persecución política porque él cometió el error de satanizar a la izquierda colombiana (al considerarla aliada de las FARC) y porque en América Latina hay una tendencia a que los expresidentes vayan presos, como se ve en Brasil (con Lula da Silva), en Argentina (con Cristina Kirchner) y en Guatemala (con Álvaro Colom)”. De acuerdo con el litigante, en los ochenta y noventa, empresarios agrícolas y ganaderos “se vieron obligados a llegar a acuerdos con los paramilitares por la incapacidad probada del Estado de defenderlos de la guerrilla, pero no todos incurrieron en delitos ni fueron cómplices de las atrocidades que esos grupos cometieron”. Pero en el caso de Uribe, asegura, lo que hay “es una intención muy clara de afectar su nombre por parte de sectores con los que se enemistó durante sus ocho años de gobierno”. Considera que “esto es algo que le puede pasar a cualquier expresidente y que seguramente le pasará a Santos”, a quien políticos conservadores ya denunciaron por “traición a la patria” ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por “pactar con el enemigo (las FARC)”. Un enemigo de peso El exmagistrado Rubén Darío Pinilla considera que a la justicia colombiana le ha faltado “voluntad, determinación y valor” para investigar al expresidente y senador. “Quiérase o no –afirma Pinilla– investigar y juzgar al senador Uribe implica riesgos. Yo mismo he recibido amenazas de muerte por fallos que no han gustado a sus seguidores y he vivido una campaña muy clara de gente incitando a atentar contra mi integridad física.” El abogado, quien fue juez de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín hasta el año pasado, llevó varios casos de paramilitarismo y en uno de ellos, la masacre de El Aro, encontró “evidencia muy grave” de que el exmandatario estuvo involucrado con grupos paramilitares “al menos desde 1996, hasta su Presidencia”, que comenzó en 2002. En 2013, el entonces magistrado Pinilla pidió a la Comisión de Acusaciones del Congreso investigar a Uribe por su presunta responsabilidad, “al menos por omisión”, en la masacre de El Aro, que ocurrió entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, cuando el hoy senador era gobernador de Antioquia y en tal calidad fue informado de lo que ocurría en ese caserío. “Ni Uribe ni nadie de la gobernación o del Ejército hicieron nada por detener esa masacre –señala–, a pesar de la alerta de autoridades locales.” Y sostiene que en el proceso por esa matanza hay testimonios de jefes paramilitares en el sentido de que financiaron la campaña presidencial de Uribe, de que se habían reunido con él y de que apoyaron la Operación Orión (contra las milicias urbanas de la guerrilla en Medellín, desarrollada al principio de su mandato presidencial). Además, Pinilla recuerda que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, ahora preso en Estados Unidos, declaró a la Sala de Justicia y Paz que el programa de gobierno que presentó Uribe durante su campaña presidencial en 2002 “era la institucionalización del programa de los paramilitares”. En septiembre de 2013, cuando Pinilla envió copias de la causa penal a la Comisión de Acusaciones para que Uribe fuera investigado “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares” como gobernador de Antioquia y como presidente, el exmandatario y sus seguidores la emprendieron contra él. Además de las amenazas de muerte, recibió toda clase de insultos en las redes sociales. Incluso el mes pasado, cuando el Tribunal Superior de Medellín y la Corte Suprema de Justicia anunciaron por separado nuevas investigaciones por paramilitarismo y manipulación de testigos contra el expresidente, éste la emprendió contra Pinilla, pese a que desde el año pasado se retiró del Poder Judicial. En su cuenta de Twitter, Uribe acusó a Pinilla, con quien coincidió en la Universidad de Antioquia cuando ambos estudiaban derecho, de haber sido miembro de la guerrilla del M-19, lo que el exmagistrado desmintió. “Hay una constante en el expresidente –dice Pinilla–, que cada vez que le surge un proceso me ataca a mí o al magistrado que lo investiga, y dice que es una persecución política. Es una estrategia de él para distraer la atención.” El exmagistrado considera que el hecho de que muchos colombianos piensen que si Uribe va a la cárcel en el país se forma una guerra civil “intimida a la justicia”. Sin embargo, “creo que progresivamente, con el tiempo, el país se va a ir dando cuenta de que esto no puede permanecer así”, afirma. Este reportaje se publicó el 18 de marzo de 2018 en la edición 2159 de la revista Proceso.