CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó de 2015 a 2017 el asesinato de ocho mil 190 mujeres en todo el país, sólo mil 640 casos fueron investigados como feminicidio -es decir, 20%-, denunció María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Por ello, organizaciones peticionarias de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en diversos estados del país denunciaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha tenido “graves” retrocesos para garantizar los derechos de las mujeres en México. De acuerdo con las peticionarias, al obstaculizar la implementación de las alertas de violencia de género, dicha Comisión da un revés a los derechos de las mujeres. “Existe una omisión por parte de las autoridades federales para realizar acciones urgentes y efectivas para erradicar la violencia feminicida que prevalece en diversas entidades”, señalaron en conferencia de prensa. Además, explicaron que, a casi tres meses de la llegada de la nueva comisionada, Angela Quiroga, organizaciones de diversos estados del país ven con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación de la nueva administración, lo que pone en riesgo los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres. El Observatorio -conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país-, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos”; Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C. documentaron acciones, omisiones e irregularidades de la Conavim en los procedimientos de AVG. Algunos de ellos son retardos injustificados en la notificación de los informes sobre las AVG, lo que se contradice con la imperiosa necesidad con la que se deben atender, ante la gravedad y urgencia de problemáticas como el feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres. Dicha situación, dijeron, ha ocurrido ante las solicitudes de las Declaratorias en la Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Además, se detuvieron las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas de las AVG declaradas en estados como: Nuevo León, Estado de México y Chiapas. Lo que impide realizar una evaluación y saber si es necesario emitir nuevas medidas. Según las denunciantes, todas las peticionarias fueron limitadas en su participación en el procedimiento de AVG, pues no se les concede ni voz, ni voto y, además, les condicionan su participación al arbitrio de la Conavim. También se quejaron de que la Comisión hace caso omiso a los indicadores de resultado y de impacto para medir el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las AVG y el cese de la violencia feminicida, a pesar de que fueron elaborados con Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Incluso, afirmaron que se ha detenido la publicación de la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) con la cual se busca fortalecer el mecanismo de la AVG, mismo que es un resultado de los Amparos realizados por las OSC en los procedimientos del Estado de México, Nuevo León y Chiapas. Aunado a todos estos “graves” retrocesos, las denunciantes señalaron que, en los últimos dos meses, la Conavim se ha reunido con representantes de los gobiernos federal y estatales -sin que participe el Grupo de Trabajo y mucho menos las organizaciones peticionarias de las AVG-, para acordar las situaciones relacionadas con las alertas. Dichas reuniones, agregaron, se realizan fuera del marco legal, ya que no están dentro del procedimiento del propio mecanismo y son contrarias al propio objetivo de la AVG ya que, emitir los informes de recomendaciones, declarar los alertas o levantarlas, no depende de la voluntad de los estados, sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia. Las peticionarias de la AVG exigieron que la Secretaría de Gobernación emprenda “de inmediato” acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en México. Al mismo tiempo, demandaron el cese de la simulación y atención urgente a los pendientes y vacíos en las solicitudes, así como el seguimiento a las alertas realizadas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México. Y reiteraron que, de enero de 2014 a diciembre de 2017, el OCNF registró ocho mil 904 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales sólo dos mil 188 casos han sido investigados como feminicidios, por lo que estarán atentas a las acciones y omisiones que a partir de esta fecha realice el organismo federal. “Hasta hoy, su actuar pone en duda un compromiso auténtico con las mujeres en México”, concluyeron.