PUEBLA, Pue. (apro).- La Sexta Visitaduría de la CNDH concluyó que el gobierno del exmandatario panista Rafael Moreno Valle no violentó los derechos humanos de los campesinos y activistas sociales que fueron encarcelados por oponerse al Gasoducto Morelos. El Frente de Pueblos Unidos Morelos, Puebla, Tlaxcala emitió un comunicado en el que señala que, con esta resolución, la Comisión deja a los cinco defensores que fueron implicados en diversos delitos por oponerse al gasoducto sin la posibilidad de pedir la reparación del daño civil y moral causado, así como la imposición de garantías de no repetición de dichas violaciones. “Bajo un panorama de hostigamiento y represión creciente, la decisión de la CNDH pone en mayor vulnerabilidad a los defensores contra el PIM, por lo que exigimos la reapertura de la queja y una pronta y expedita recomendación de la CNDH donde se reconozcan las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al Proyecto Integral Morelos”, reclama. La resolución 11802 fue notificada la semana pasada, y la misma establece que la Procuraduría de Puebla, ahora Fiscalía General, no cometió actos violatorios de derechos humanos en contra de Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores Solís, quienes fueron encarcelados en 2014. También se concluye que no hubo persecución en contra de Carmelo Rosas Vélez y Avelino Velázquez, quienes hasta la fecha siguen con expedientes abiertos en su contra. Los cinco imputados, cuatro de ellos campesinos habitantes de comunidades de la zona del volcán Popocatépetl que resultaron afectadas por el paso del Proyecto Integral Morelos, fueron acusados en un mismo expediente de robar dos celulares y por oposición a obra pública. El Frente indica que esta resolución de la CNDH resulta “contradictoria” a la recomendación 003/2018 que emitió hace apenas unos días en la cual se concluye que se violentó el derecho de consulta de los pueblos originarios afectados con el Proyecto Integral Morelos. Igual, señala que la determinación de la Sexta Visitaduría se contrapone a la recomendación 25/2016 que suscribió la misma CNDH en la que señala que tanto Enedina Rosas, como Abraham Cordero y Juan Carlos Solís fueron investigados, acusados y sometidos a proceso debido a su vinculación con la oposición al PIM. “Resulta preocupante que, por un lado, la CNDH reconozca la violación de los derechos humanos de los defensores comunitarios de manera general en la recomendación 25/2016, pero de manera particular niega estas violaciones en la queja CNDH/6/2014/2918/Q, negando el derecho a los defensores de derechos humanos a la reparación del daño civil y moral causado”, advierte el Frente. Luego agrega que al negar en lo particular que se violentaron los derechos de los activistas, se convierte en “letra muerta” la recomendación general 25/2016 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, así como la Recomendación 003/2018. El Frente de Pueblos menciona que, pese a que los tres opositores al gasoducto obtuvieron amparos y resoluciones judiciales en los que quedó asentado que no fue justificada su detención y persecución judicial, la CNDH determinó, que no existía violación a los derechos humanos, pues se emitieron carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y autos de formal prisión. Además, acusa el FPMPT, la CNDH tampoco analizó “como se condujeron los ministerios públicos dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado al imputar los cargos a los defensores”. Los tres defensores encarcelados por este caso fueron considerados por organizaciones civiles estatales y nacionales como “presos políticos” del pasado gobierno de Moreno Valle. Entre las irregularidades que el Frente menciona que no fueron valoradas por la CNDH, está el hecho de que el MP de Atlixco omitió hacer un examen de la legalidad del delito de obstrucción de obra pública al no contar en la carpeta de investigación con los permisos de la obra, los cuales debían incluir la autorización de la comisariada ejidal Enedina Rosas. Rosas y su hermano Carmelo, así como Avelino Velázquez, se negaron a firmar los permisos que requería la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el paso del gasoducto por sus comunidades. Luego de esto, se les acusó de haber robado dos celulares a empleados de la empresa italiana Bonatti, subcontratada para llevar a cabo la obra, así como de haberse opuesto a que iniciaran el gasoducto, pese a que quedó demostrado que no tenían permiso de las localidades afectadas. El FPMPT advierte que, en el caso de Flores Solís y de otros nueve opositores al Proyecto Integral Morelos, aún existe otro proceso penal abierto en el que la CFE los acusa de privación ilegal de la libertad, pandillerismo y contra funcionario público. Enseguida recuerda que decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales, colectivos, defensores de derechos humanos, radios comunitarias e individuos emitieron una acción urgente, en agosto de 2017, contra las violaciones de este último proceso y conminando a la CNDH a que resolviera con prontitud la queja que hoy concluye el que no existieron violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el Frente pide a la CNDH que reabra la queja y emita una nueva resolución en la que se reconozcan las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al PIM y se recomiende la reparación del daño causado y garantías de no repetición de actos de criminalización en su contra con motivo de su labor de defensa.