Sarkozy, a juicio por el “caso de las escuchas”; lo acusan de corrupción y tráfico de influencias

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. Foto: AP Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Correccional juzgará al expresidente de Francia Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias en el llamado “caso de las escuchas”.

De acuerdo con información revelada por el diario ‘Le Monde’, junto con Sarkozy serán juzgados su abogado Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert.

En octubre pasado la Fiscalía Financiera solicitó enviar al exjefe de Estado ante el Tribunal Correccional, en el marco de una investigación que intenta esclarecer si Sarkozy logró información confidencial sobre otro dossier judicial en el que estaba implicado.

Según el rotativo, los magistrados marcaron el teléfono del exmandatario francés ante las sospechas de que pudo recibir financiamiento del régimen libio de Muamar El Gadafi (1969-2011) durante la campaña que en 2007 lo llevó al Elíseo, hechos por los que fue imputado el pasado miércoles 21.

En esas escuchas descubrieron conversaciones entre Sarkozy y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L’Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.

Algunas de esas pláticas fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.

En marzo de 2016, el Tribunal Supremo validó de forma definitiva casi la totalidad de las escuchas al expresidente sobre las que se sustenta su imputación, lo que dejó abierta la vía para el juicio anunciado este jueves

Además, Sarkozy tiene pendiente un juicio por el presunto financiamiento irregular de su campaña a las presidenciales de 2012. Se trata del llamado caso Bygmalion, una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42.8 millones de euros frente a los 22.5 millones autorizados.

Con información de El País

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