CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), contratados mediante el capítulo 3000, comenzaron a recibir “a cuentagotas” el pago de sus honorarios atrasados, dieron a conocer en un comunicado que además del retraso, su descontento es por ser considerado sólo como “prestadores de servicio” y no “trabajadores”, con lo cual quedan fuera del amparo de la Ley Federal de Trabajo. En una carta enviada a Apro este día, expresaron que curadores, investigadores, administradores, historiadores, museógrafos, educadores, artistas, restauradores, pedagogos, comunicólogos, diseñadores, periodistas, actores y gestores culturales, entre otros profesionistas del campo de la cultura, están sometidos a ese tipo de condiciones, cuando entre sus responsabilidades hay algunas tan importantes como la salvaguarda del patrimonio artístico de la nación. Por ello, lejos de abandonar la protesta, solicitaron un “diálogo franco” con las autoridades del INBA, principalmente su directora general, Lidia Camacho Camacho, (quien estuvo ausente en la reunión que tuvieron los trabajadores con otros funcionarios como Alfredo Vargas, Norma Kim Miranda, Guadalupe Velarde, Octavio Salazar y Héctor Domínguez), y la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. Según la carta, los funcionarios antes mencionados se comprometieron a responder por escrito y de manera oficial sus demandas el próximo miércoles 4 de abril a las 13:00 horas. También el INAH No bien comenzaron a entregar los sueldos retrasados a los trabajadores del capítulo 3000 del INBA, cuando empezaron a circular demandas semejantes por parte de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con el hashtag #YaPágameINAH. No se trata sólo de un acto de solidaridad con sus compañeros del INBA, los trabajadores del INAH están denunciando también la falta de pago y “las injusticias laborales que hemos aguantado en diversas instituciones, zonas arqueológicas y museos”, dicen en la cuenta recién creada, debido a la misma forma de contratación del capítulo 3000. En la cuenta, se publica una carta abierta al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general de la institución, fechada el 14 de marzo de este año, firmada por la Asamblea Sindical de la Subdirección de Investigación y Conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos. En ella expresan su rechazo a esa forma de contratación y a la implementación de licitaciones para contratar colaboradores para proyectos de investigación en condiciones porque “precarizan aún más las deplorables condiciones de trabajo, bajo las cuales han estado sometidos por varios años cientos de investigadores”. El problema del retraso de los pagos a los trabajadores de ambos institutos nacionales, e incluso del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y ahora Secretaría de Cultura, viene de tiempo atrás y ha sido denunciado constantemente en los medios. En el ejercicio presupuestal de 2017 los trabajadores que hasta 2016 cobraban a través del capítulo 1000 fueron contratados con cargo al capítulo 3000, esto es como “prestadores de servicios”, con lo cual perdieron prestaciones laborales como seguridad social, vacaciones, aguinaldos, entre otras. Aunado a ello se presentó el problema del retraso en el pago de honorarios, por lo cual trabajadores del INBA protestaron el pasado lunes frente al Palacio de Bellas Artes, y crearon el hashtag #YaPágameINBA, que circulaba sólo en las redes sociales, pero trascendió a los medios, cuando los propios investigadores y mandos medios de la institución comenzaron también a quejarse por el incumplimiento de pagos. Mediante un comunicado oficial, el INBA informó que ayer 28 de marzo concluyó con los pagos correspondientes. Sin embargo, sólo les han cubierto los meses de enero y febrero y queda pendiente el pago de marzo. Dictados de Hacienda Vía telefónica, el arquitecto del INAH, Manuel Figueroa Matus, explica que el capítulo 1000 y el traslado de los trabajadores de ambos institutos al capítulo 3000 se debe a disposiciones dictadas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el argumento de falta de recursos, que la Secretaría de Cultura ha seguido a pie juntillas. De hecho, denuncia que las autoridades de Hacienda y Cultura intentaron emplear a los colaboradores mediante el mecanismo de outsourcing (subcontratación con empresas externas), pero no lo lograron, entre otras cosas, porque esas agencias cobran un porcentaje. Figueroa Matus señaló que la austeridad dictada por la SHCP ha afectado también a los trabajadores de base a quienes se les retrasó el pago de marzo, que normalmente se cubre en una sola exhibición debido a las vacaciones. En el caso del capítulo 3000 la situación se recrudece porque desde hace décadas no se han basificado los trabajadores y la SC “carece de capacidad de gestión, se pliegan fácilmente a lo que Hacienda les dice, no tienen operadores, como sí los hubo hace años”. Igual que en el caso del INBA que varios de los trabajadores de dicho capítulo están a cargo de la conservación y cuidado del patrimonio artístico, el arquitecto advirtió que en el Instituto son varios arqueólogos y arquitectos responsables del patrimonio arqueológico e histórico que tienen cerca de 15 años trabajando en esas condiciones. Apenas hay algunas plazas, por ejemplo, en arquitectura hay 15 disponibles, pero por problemas con la Secretaría de la Función Pública no se han liberado y no se han podido sacar las convocatorias para que los interesados puedan concursar por ellas. En la carta a Prieto los investigadores deploran: “Resulta oprobioso que este tipo de prácticas se admitan dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues contraviene totalmente su naturaleza humanista. Es en este sentido, que aludimos de manera fraterna a su vocación de antropólogo, más que a la de funcionario público, para que se ponga freno definitivo a estas denigrantes condiciones laborales, y así evitemos seguir degradando los valores que el INAH enarbola”.