WASHINGTON (proceso.com.mx).- A diferencia de muchas marchas anteriores en Washington, el sábado 24 de marzo, La Marcha Por Nuestras Vidas fue protagonizada por jóvenes, muchos de ellos sin edad para votar. No solo en el escenario levantado ante el Congreso, sino en la calle también, los que iban en primera fila eran jóvenes. Muchos de ellos llevaban pancartas en las que se leía un mensaje amenazante para el actual gobierno de Donald Trump: “En 2020 (fecha de las próximas elecciones presidenciales), ya tendré 18”. Pero antes de ello, en noviembre de este año, tendrán lugar las elecciones legislativas conocidas como “mid-term”. El día de la marcha, una adolescente de Newtown en el estado de Connecticut, donde en 2012, un hombre armado mató a 20 niños, llevaba, llorando, una cartel que decía “Me hace tanta ilusión votar”. Detrás de ella, cientos de miles de hombres, mujeres, familias con niños y hasta veteranos de guerra ocupaban la prestigiosa avenida Pennsylvania, que une el Capitolio con la Casa Blanca, en un tramo de cerca de 3 kilómetros, reavivando el debate entorno al control de armas en Estados Unidos. Escuelas armadas Después de la masacre en una escuela secundaria de Parkland- Florida, en la que murieron 17 personas el pasado 14 de febrero, el Presidente Trump hizo un llamado a que los profesores llevaran armas dentro de las mismas escuelas, para proteger a sus estudiantes de un posible ataque. La propuesta para permitir que maestros estén armados en Estados Unidos es una de las más polémicas. En una encuesta realizada en 2017 por el Centro de Investigación Pew, un centro independiente de investigación en Washington, un 69% de los republicanos encuestados demostraron estar a favor de que profesores porten armas en escuelas primarias y secundarias, frente a tan solo un 26% de los demócratas. De hecho, a pesar de una ley federal de 1990 sobre Escuelas Libres de Armas que lo prohíbe, el porte de armas por adultos en escuelas ya es una realidad en varios estados del país. A Cindy O´Neill, maestra en una escuela pública en una zona rural de Pennsylvania le aterroriza la idea de tener que llevar una arma. “La mitad de los padres en mi escuela quieren que yo lleve una arma. Yo no se llevar una arma ni quiero aprender. Es muy frecuente que los oficiales de policía se equivoquen a la hora de apuntar. Es ingenuo pensar que yo misma lo voy a hacer bien”. Esta profesional que participó en la manifestación en Washington sigue sin acostumbrarse a la falta de voluntad política por realizar cambios legislativos desde la tragedia de Newtown hace seis años que la afectó profundamente. El poder de la Asociación Nacional del Rifle Muchos activistas culpan a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) de fomentar miedos infundados entre sus seguidores, acusando a los gobiernos de turno de querer revocar su derecho a portar armas, plasmado en la segunda enmienda de la Constitución. “La narrativa de la ANR es que el gobierno quiere confiscar las armas de sus miembros, lo cual no es verdad”, dijo Howard Wooldridge, expolicía y antiguo miembro de la ANR. Cameron Kasky, uno de los jóvenes sobrevivientes de la masacre de Parkland y uno de los principales líderes del movimiento juvenil tampoco se muestra a favor de revocar el derecho a portar armas. En una entrevista en el programa Fox News el día después de la marcha dijo: “De ninguna manera queremos quitarles las armas a todo el mundo. Mi padre era un oficial de policía reservista. Tenemos armas en mi casa”. Aun así, posiblemente por miedo a una represalia, las donaciones a la ANR aumentaron tras la masacre de Parkland. Según datos de la Comisión Electoral Federal citados por SecretosAbiertos, (OpenSecrets.org), una organización independiente en Washington, en las dos semanas antes del tiroteo la ANR recibió USD$27.100. Dos semanas después del tiroteo las recaudaciones subieron a USD$70.870. Mientras tanto, la Asociación Nacional del Rifle es uno de los grandes financiadores de campañas electorales. Juntos los candidatos a las elecciones de 2016 recibieron entorno a $USD54 millones de parte de grupos de interés pro-arma como la misma ANR, según datos de SecretosAbiertos. De cara a las elecciones legislativas de 2018, el congresista republicano Paul Ryan actual portavoz de la Cámara de Representantes, encabeza la lista con USD$34.800 en financiación de grupos de interés pro-armas para este ciclo electoral. Opinión pública en evolución A pesar de algunas posiciones muy ensanchadas, tras décadas de violencia armada, y decenas de masacres en escuelas, frente a la movilización global que ha suscitado la masacre de Parkland, algunos ven ahora la posibilidad de un cambio. Según Eugenio Weigend, experto en seguridad del Centro por el Progreso Americano (CAP), un centro de pensamiento vinculado al partido demócrata, “el cambio se ha notado sobre todo a nivel de la opinión pública”. Un estudio realizado por la Universidad de Quinnipiac que se realizó una semana después de la masacre de Parkland sugiere que hoy en día hasta un 97% de los estadunidenses están a favor de revisar los antecedentes de todo comprador de arma. En el 2013 era un 89%. Por otra parte, un 67% quiere regular las armas de asalto, comparado con tan solo 56% hace 5 años. El cambio se ha sentido también a nivel de nuevas leyes estatales y a nivel del sector privado. Empresas como Walmart y Dick´s Sporting Goods se han deslindado de la Asociación Nacional del Rifle, poniendo restricciones a la venta de armas en sus tiendas. Y una semana tras la tragedia de Parkland, un portavoz de presidente Trump dijo que éste estaba a favor de mejorar el sistema de revisión de antecedentes. Violencia armada y salud mental Además, el Centro de Investigación Pew revela que la mayoría de votantes, tanto republicanos como demócratas, a la hora de vender una arma de fuego, ven necesaria la revisión de antecedentes para personas con problemas de salud mental. Pero los partidarios del control de armas citan a la Enmienda Dickey de 1996 como un obstáculo. Esta enmienda patrocinada por la Asociación Nacional del Rifle prohíbe, en la práctica, que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal para la protección de la salud pública, investigue las causas de la violencia armada. Pero la ley de presupuesto para el ejercicio 2018-2019 firmada por Trump el día antes de la marcha de este sábado, incluyó la frase aclaratoria de que “la CDC tiene la autoridad para investigar las causas de la violencia armada”. A pesar de ello, muchos señalan que aunque hubiera voluntad política, no existen los fondos necesarios para tal investigación. A la maestra Cindy O´Neill también le preocupa la salud mental de algunos de sus estudiantes en la escuela de Pennsylvania donde trabaja y las restricciones a que ella, como profesora, pueda solicitar la ayuda de un psicólogo para ayudarles. “Muchas veces los niños con problemas de salud mental pasan desapercibidos. No se puede hacer nada sin la aprobación del padre a menos que el estudiante cometa un acto violento dentro de la misma escuela. “Muchas veces los propios padres tienen problemas también”, agregó. Consecuencias para México Si la presión social logra generar un cambio de fuerzas en el Congreso, actualmente controlado por los Republicanos, las consecuencias de un cambio legislativo a nivel federal podrían sentirse en México. Según el doctor Eugenio Weigend, experto egresado del Tecnológico de Monterrey, “las regulaciones impulsadas por los estudiantes no solo podrían reducir la violencia en Estados Unidos, sino que también podrían reducir el tráfico ilegal de armas de EEUU hacía México”. Weigend advierte también que una reducción de armas en el mercado estadunidense podría significar un aumento en la venta de armas legales para gobiernos y ciudadanos de otros países, entre ellos México. “Si los estudiantes tienen éxito y se implementan sus recomendaciones (como remover las armas de asalto), esto podría afectar las ganancias de la industria de armas en EEUU […] En este aspecto México podría ser la salida perfecta”. En México ha habido intentos recientes de fomentar leyes más permisivas sobre el porte de armas. En el 2016, el senador panista Jorge Luis Preciado apoyó una propuesta de ley para el porte de armas en automóviles, negocios y casas particulares. Esperanza de cambio El cambio en la opinión pública era palpable en la Marcha por Nuestras Vivas en la capital estadunidense. Entre cientos de miles de manifestantes estaba Sarah Lerner, profesora de periodismo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde ocurrió la masacre del 14 de febrero. Lerner, quien tuvo como alumna a Emma González, la joven de ascendencia cubana que lidera el nuevo movimiento estudiantil por un control de armas dijo ese día: “Nosotros sabíamos que estos jóvenes eran elocuentes. Ahora lo sabe todo el mundo”. Como trasfondo a la marcha se escuchaban padres recordando a sus hijos de que las protestas de los jóvenes impulsaron el fin de la guerra de Vietnam. Aunque una mayoría de estadounidenses estén a favor de un mayor control de las armas, de momento no ha sido el factor determinante a la hora de votar. Si existe un verdadero cambio en la opinión pública, las elecciones legislativas de noviembre serán un buen barómetro.