BOGOTÁ (apro).- La preocupación de Colombia por la creciente presencia de los cárteles mexicanos de la droga en su territorio y la importancia que le concede a ese tema son tan altas, que esta semana enviará a México una delegación encabezada por el vicepresidente Óscar Naranjo para tratar ese asunto. Y es que Naranjo no sólo es vicepresidente de Colombia, sino un general retirado de la Policía Nacional, exdirector de esa institución y, según ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, el principal experto en seguridad del país. En la Vicepresidencia, Naranjo tiene a su cargo aspectos fundamentales de la implementación de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, como el de la protección de unos 7 mil excombatientes y de decenas de líderes sociales amenazados en las regiones por bandas delictivas cuyo origen, en la mayoría de los casos, es narcoparamilitar. Como vicepresidente, el general también tiene la responsabilidad de articular la política antidrogas del gobierno de Santos, y eso incluye la formulación de estrategias para enfrentar las estrechas alianzas entre los cárteles mexicanos del narcotráfico y las bandas criminales que controlan la producción y el tráfico de cocaína en la Colombia más inhóspita. De hecho, esas mismas bandas son las que suelen estar detrás de los asesinatos de excombatientes de las FARC. Con la salida de esta exguerrilla del conflicto armado y del negocio de la coca, diversas organizaciones criminales buscan ocupar esos vacíos, y esa recomposición produce violencia. De hecho, entre los líderes sociales asesinados hay varios que se dedicaban a promover la erradicación voluntaria de los cultivos de hoja de coca, uno de los puntos del acuerdo de paz con las FARC. El año pasado fueron asesinados 126 dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC y familiares de ellos en el país, y entre enero y febrero de este año otros 22. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el martes pasado a Colombia “tomar medidas urgentes” para proteger a los activistas humanitarios y líderes sociales en riesgo. El vicepresidente Naranjo ha dicho que esto es “una prioridad” para el gobierno colombiano. El asesinato de dirigentes sociales y los vínculos de bandas colombianas y cárteles mexicanos no son temas disociados. Las autoridades colombianas han encontrado que grupos delictivos de origen narcoparamilitar, como el Clan del Golfo, o conformados por disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz, son los que más violencia están generando en los departamentos (estados) de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. En Nariño, Antioquia y Valle del Cauca hay bandas criminales que tienen financiamiento de los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y de Jalisco Nueva Generación y que, según investigaciones de la Fiscalía, pueden estar involucradas en asesinatos de dirigentes sociales y activistas humanitarios. De acuerdo con Naranjo, la presencia en Colombia de organizaciones mexicanas del narcotráfico se ha hecho más evidente en los últimos meses, lo que ha llevado al gobierno de Santos a plantearle a México una mayor coordinación policiaca frente a este fenómeno. La visita del vicepresidente esta semana a México, al frente de una delegación oficial de la que también hará parte la canciller María Ángela Holguín, está orientada, precisamente, a establecer estrategias conjuntas que permitan atacar estas relaciones criminales que, si bien no son nuevas, sí se han incrementado en los dos últimos años. En el suroccidental puerto de Tumaco, que es el municipio colombiano con mayor cantidad de plantaciones de hoja de coca sembradas, es clara la alianza entre organizaciones del narcotráfico como la que encabeza el exguerrillero de las FARC Walter Patricio Arízala, alias Guacho, y el Cártel de Sinaloa. Para las autoridades colombianas resulta claro que los talegos con dólares y armas que llegan a Tumaco desde México son los que alimentan en parte la guerra que libran diferentes grupos delictivos por el control de ese puerto del Pacífico colombiano y, eventualmente, están detrás del asesinato de líderes sociales que se oponen a la ocupación de sus territorios por parte de las bandas criminales emergentes. El año pasado, en Tumaco ocurrieron 222 homicidios, un 46 por ciento más que en 2016. Y en los primeros seis días de este año se registraron 14 muertes violentas, la mayoría por la guerra entre grupos delictivos que en algunos casos la Fiscalía vincula con cárteles mexicanos de las drogas. El vicepresidente Óscar Naranjo, quien cumplirá su visita de trabajo a México entre el martes y el jueves de esta semana, hablará de estos temas con el presidente Enrique Peña Nieto, del que fue asesor de seguridad entre 2012 y 2013, y con otro viejo conocido, el canciller Luis Videgaray.