TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Líderes indígenas de Aldama exigieron al gobierno estatal y federal la desarticulación del grupo armado que opera desde Chenalhó, y que al igual que a los de Chalchihuitán, ahora ellos están sufriendo las consecuencias de asesinatos, desplazamiento forzado masivo de cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos que han empezado a dejar sus chozas. En una conferencia de prensa, Marcos Ruiz Hernández, el comisariado de bienes comunales de Aldama, dio a conocer que esto inició desde los años setentas, cuando a indígenas tsotsiles de Santa Martha-Manuel Utrilla municipio de Chenalhó, les dotaron de tierras que ancestralmente habían pertenecido a comuneros tstosiles del vecino municipio de Aldama. Expuso que son alrededor de 60 hectáreas de tierras que los de Chenalhó reclaman como suyas sin embargo estas tierras ya eran propiedad de al menos 115 comuneros de Aldama que han defendido su derecho a la tierra y que la han trabajado. Expuso que tras un acuerdo con la mediación del gobierno estatal en el año 2009, se les pagó un millón 300 mil pesos a los de Chenalhó para que reconocieran la propiedad a los de Aldama, y que los liberaran de toda responsabilidad, porque los obligaban a hacer trabajo comunitario para los de Chenalhó cuando ellos no tenían porque hacerlo, pues ya no pertenecían a ese grupo. Indicaron que desde el 2014 se recrudecieron los ataques de los de Chenalhó, quienes les destruyeron cafetales, les talaron bosques, les robaron sus cosechas de maíz y les quemaron sus casas recientemente a unas siete familias que tuvieron que huir a las montañas para refugiarse y donde actualmente viven una crisis por hambre, sed, frío y las lluvias que han empezado a caer en la zona de los Altos de Chiapas. Adolfo López Gómez dijo que el gobierno estatal ha permanecido pasivo ante estas agresiones, lo que llegó al punto de que los de Chenalhó emboscaron el lunes pasado a tres de sus pobladores, dos de ellos menores de edad, uno de 17 y otro de 11 años, que iban a sembrar maíz junto a su padre. “La situación actual que estamos viviendo en nuestro pueblo de Aldama estamos siendo atacados en nuestras comunidades por grupos armados por parte de santa Martha, todas las noches están disparando con armas de fuego de alto calibre contra las comunidades que ya han sido desplazadas y las demás comunidades de Aldama que son vecinas de Santa Martha, también han atacado la cabecera municipal, a gente que va por los caminos y a sus parcelas; no nos permiten trabajar, donde nos ven rápido nos agreden por eso tenemos mucho miedo porque a cualquiera que vean le disparan”, dijo López Gómez. Expuso que por la violencia se han desplazado habitantes de unas cinco comunidades que son aproximadamente unas 700 personas: “la mayoría está en el monte, en los cafetales y en las cuevas para proteger sus vidas”. Indicó que “este grupo de Santa Martha recibe apoyo por los grupos armados de Chenalhó que atentaron contra Chalchihuitán. Ahora los mismos grupos son los que nos están agrediendo”. Exigieron que se respete el convenio que fue ratificado en el tribunal unitario agrario de fecha 1 de diciembre de 2009, donde Santa Martha reconoce que Aldama es el propietario de las 60 hectáreas en conflicto y que los 115 comuneros no tienen obligaciones para Santa Martha sino para Aldama. Cristóbal Santiz Jiménez, Mateo Jiménez López y Marcos Ruiz Hernández, líderes de los pobladores atacados ahora, exigieron la desarticulación de este grupo armado que opera en la región de Chenalhó. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dijo hoy que la impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. Y que por tanto, el Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia. “Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes”, dijo un vocero del Frayba en la conferencia de prensa donde estuvo presente su director Pedro Faro. Expuso que el territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. Que en esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. Y que el Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Indicó el Frayba en su postura oficial sobre esta problemática que es crítica la situación actual, ya que la ineptitud en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de una violencia desproporcionada. Y que lo anterior se reafirma con los hechos sucedidos ayer por la mañana, donde emboscaron y asesinaron a tres personas de la comunidad Cotsilnam, Aldama. Manuel Gómez Pérez de 35 años, y sus dos hijos menores de edad: Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años, a quienes sorprendieron en el camino del tramo a Tselejpotobtik; los disparos venían desde Santa Martha, desde el otro lado del río, aproximadamente entre 150 y 200 metros provenientes de cafetales y platanares. Las tres personas iban a sembrar maíz. Y que según información con la que cuenta el Frayba, el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal. Entre las comunidades afectadas hay familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo. Denunciaron que las agresiones continúan hasta la fecha; las últimas, han sido con dirección a poblados y en contra de personas que transitan los caminos y acuden a trabajar sus parcelas. Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser). Se teme continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como a la cabecera. Dijo el Frayba que como consecuencia de estas acciones violentas, durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las siete familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor. El Frayba dijo que ha informado constantemente al gobernador del Estado de Chiapas, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de la Tierra, a la Subsecretaria de Gobierno Región V, Altos tsotsil-tseltal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Fiscalía de Justicia Indígena, entre otras, de la situación de violencia por el conflicto territorial entre Aldama y Manuel Utrilla, Chenalhó, y alertó sobre la actuación del grupo civil armado. Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha realizado acciones contundentes para investigar, desarmar y sancionar a este grupo, con el pretexto de que “no puede realizar medidas de seguridad pública”, por lo que ha dejado en desprotección a las comunidades afectadas. El gobierno estatal de Chiapas argumenta incapacidad para desarmar a los grupos armados, evadiendo su responsabilidad. Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihután.